Agencia de Prensa IPC

•  Delegado de Unicef expresó sus reparos a iniciativa de aumentar penas a jóvenes
•  A nivel nacional también se escuchan voces rechazando esta propuesta gubernamental
  

Aumentar las penas privativas de la libertad para los adolescentes que cometan delitos de alto impacto como el homicidio y el terrorismo, tal como lo propone el Gobierno nacional a través del proyecto de Ley 164, no sólo significa un retroceso en las políticas públicas dirigidas a atender la población infantil y juvenil sino que además, no resuelve el problema de la criminalidad en el país.   

•  De acuerdo con analistas, persisten nexos entre la ilegalidad y las Fuerzas Militares
•  Nuevos fenómenos criminales requieren nuevos enfoques en la política criminal

[caption id="attachment_651" align="alignright"]En Medellín, diversas ONG y Personería han manifestado su preocupación por el número de quejas contra miembros de la Policía Metropolitana. Foto:Infobae.com[/caption]Si no se adelantan ingentes esfuerzos de depuración al interior de las Fuerza Pública y si no se adoptan nuevos enfoques en la política criminal, la lucha frontal que acaba de emprender el Gobierno Nacional contra las denominadas bandas criminales (Bacrim) será más larga, tortuosa y dolorosa de lo que se espera.

• Preocupación en la subregión por aumento de casos de sicariato, vendetas y fleteo
• Bandas criminales de Medellín estarían detrás del negocio de la droga en el Oriente

La disputa que sostienen actualmente combos y bandas delincuenciales por el control de rentas legales e ilegales en varias comunas de Medellín se estaría trasladando a los municipios del Oriente antioqueño.

• Habitantes del sector denuncian confinamiento y despojo de viviendas
• Detrás de esta ola de violencia estaría alias El Rolo, uno de los prófugos del Pedregal 

[caption id="attachment_299" align="alignright" width="450"]El deterioro del orden público en la comuna 8 se viene registrando desde finales del año pasado, sostienen moradores.[/caption]Pese a que ha presenciado guerras y violencias muy similares a las que sufre ahora, Gloria* nunca había tenido que abandonar Villa Liliam, el barrio en el que ha vivido por más de cuarenta años. Pero la fuerte confrontación entre bandas y combos delincuenciales que se libra actualmente en la comuna 8, centro-oriente de Medellín, acabaron por completo con su resistencia.

El interés por temáticas relacionadas con los derechos humanos parece abrirse camino entre los habitantes de Medellín. Prueba de ello es el incremento de proyectos priorizados por las comunidades través del programa Presupuesto Participativo.  

Visibilizar el drama que ha significado para miles de campesinos colombianos el despojo de tierras por parte de los grupos armados ilegales y adelantar un fuerte trabajo de deliberación e incidencia en políticas públicas que permitan restituir de manera efectiva bienes y predios a las víctimas de este flagelo son, entre otros, los objetivos que se plantea la recién creada Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras.

Presentar un balance sobre la situación de la seguridad personal en los barrios de Medellín, es el objetivo del encuentro que el Observatorio de Seguridad Humana realizará este jueves 2 de diciembre en el auditorio de la Casa Barrientos, desde las 8:00 de la mañana. La actividad también hace parte de la programación de la semana de derechos humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC) 2010, cuyo lema para este año es Restitución de tierras y seguridad ciudadana: un paso hacia la paz.

[caption id="attachment_629" align="alignright"]Por espacio de ocho días, el IPC espera alentar debates que hoy cobran importancia en el ámbito nacional.[/caption]Ahondar las discusiones sobre el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, aportar a la construcción de una Ley de Reparación a las víctimas del conflicto armado, agitar la posibilidad de hallar una salida negociada al mismo y proponer alternativas civilistas para enfrentar el reto que plantea la seguridad urbana son, en síntesis, los propósitos que persigue el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en su semana de derechos humanos 2010.

Si hay sector en Medellín que haya padecido como ningún otro los efectos de la guerra que sostienen combos y bandas por el control de rentas ilegales y legales es el educativo. Deserción escolar, vinculación de estudiantes a actividades ilícitas, amenazas a alumnos, docentes y directivos son, entre otros, los problemas que hoy tiene que enfrentar la educación en la ciudad.