Agencia de Prensa IPC

[caption id="attachment_557" align="alignright" width="450"]El proyecto de Ley de Víctimas comenzará su trámite por el Congreso desde este martes 23 de noviembre. Para su aprobación requiere superar seis dabates.[/caption]Tanto el proyecto de Ley de Víctimas como su capítulo de Restitución de Tierras, que ya comenzó su trámite en la Comisión Primera de la Cámara, presentan serias falencias que, de ser aprobados tal y como están, harían que la reparación sea un inviable económico, político y social para el país y la restitución de bienes despojados por grupos armados ilegales un “canto a la bandera”.

El Municipio de Medellín tendrá que solucionar, en un plazo no mayor a nueve meses, todas las fallas estructurales que presentan las viviendas del barrio Nuevo Amanecer, en el corregimiento Altavista, so pena de enfrentarse a un proceso legal que le acarrearía serias consecuencias jurídicas y económicas.

[caption id="attachment_343" align="alignright" width="450"]La escena se está volviendo cotidiana: familias que tienen que salir, a veces en cuesitón de horas, de sus barrios debido a amenazas. [/caption]De acuerdo con la Personería de Medellín, en lo que va corrido del año unas 4.469 personas han tenido que abandonar sus barrios de manera forzosa, lo que representa un aumento del 72% con respecto a lo registrado en todo el año 2009, cuando unas 2.657 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado intraurbano.

[caption id="attachment_617" align="alignright" width="450"]Aprovechándose de las condiciones de pobreza, los integerantes de las bandas criminales vienen reclutando menores de edad con ofrecimientos económicos.[/caption]En Cáceres, un municipio bañado por las aguas del Río Cauca y puerta de entrada al Bajo Cauca antioqueño, sus pobladores aún recuerdan el momento en que llegó la banda criminal conocida como Los Rastrojos. Desde su llegada, por allá a mediados de 2009, inmediatamente se hicieron sentir.

[caption id="attachment_614" align="alignright" width="450"]El comercio, actividades formales e informales se han visto fuertemente golpeadas por la violencia queazota al Bajo Cauca antioqueño.[/caption]“Paralizado: esa es la palabra, este pueblo está paralizado por la violencia”, dice Juan*, dirigente barrial del municipio de Caucasia, epicentro de una cruenta guerra que libran las bandas criminales en el Bajo Cauca antioqueño. Sus palabras son cortas, precisas, reticentes, máxime si se le pregunta por la situación que vive la localidad por cuenta de la violencia.

Ni la voluntad del Gobierno nacional de sacar adelante los procesos de restitución de tierras, ni los enérgicos pronunciamientos por parte del Ministerio de Agricultura; ni siquiera las denuncias formuladas por la Vicepresidencia de la República contra testaferros y terratenientes han frenado los ataques de los violentos contra los campesinos reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño.

[caption id="attachment_302" align="alignright" width="450"]El concepto de seguridad humana lo acuñó por primera vez el Pnud, en 1994, tras plantear cambios en el paradigma de la seguridad. [/caption]En Medellín, donde la violencia pareciera enquistarse en lo más profundo de la sociedad, se requiere construir nuevas políticas públicas de seguridad de la mano con las comunidades: que sus necesidades sean escuchadas, sus planteamientos acogidos y las acciones redunden no sólo en la prevención de los factores de violencia sino en un mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas.

[caption id="attachment_608" align="alignright" width="450"]Transportadores, estudiantes, docentes y directivos docentes, líderes comunitarios y religiosos, figuran como los grupos poblacionales más expuestos al riesgo.[/caption]Pese al descenso de los homicidios que ha experimentado la ciudad de Medellín en las últimas semanas, los riesgos para las comunidades barriales no disminuyen. Así lo advierte el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo que a través de su Informe de Riesgo No 016-10 señala que cerca de 298.436 personas que viven en 54 barrios de 11 comunas de la ciudad, se encuentran en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones.

En 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) planteó en su Informe de Desarrollo Humano que el concepto de seguridad imperante hasta ese momento, centrado en el peligro nuclear y en la amenaza a los estados, debía avanzar hacia un modelo que tuviera como centro las necesidades del individuo, no sólo en materia de protección frente a la violencia física, sino también en factores relacionados con la vida digna.

[caption id="attachment_604" align="alignright" width="450"]En lo que va corrido del año, la Personería de Medellín ha realizado más de 140 asesorias relacionadas con la reclamación de derechos de los desconectados. [/caption]En Medellín, sede de la más sólida empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios del país, cerca de 300 mil personas no disfrutan de energía eléctrica o de agua potable, incluso de ambos, por una razón fundamental: incapacidad de pago. La situación ya genera preocupación toda vez que la desconexión no cede en los sectores populares, los más afectados por esta situación y comienza a extenderse a las clases media y media-alta.