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[caption id="attachment_386" align="alignright" width="450"]Los derechos de los niños indígenas y afrocolombianos son los más vulnerados por cuenta del conflicto armado, según Naciones Unidas.[/caption]No obstante los ingentes esfuerzos adelantados por el Estado colombiano en los últimos años tendientes a garantizarles a los niños, niñas y adolescentes del país el disfrute pleno de sus derechos, aún se siguen presentando casos preocupantes de vulneraciones a esta población, debido en gran parte a la persistencia del conflicto armado y al recrudecimiento de la violencia urbana.

[caption id="attachment_384" align="alignright"]La apelación comenzará a decidirse el próximo 4 de diciembre, desde la 1:30 de la tarde, en el Tribunal Superior de Antioquia.[/caption]El 4 de diciembre será una fecha decisiva para los esposos López Gaviria. Ese día, el Tribunal Superior de Antioquia deberá resolver la apelación interpuesta por esta pareja al fallo proferido por el Juzgado 10 Penal del Circuito en donde condena a 23 años de prisión a sus hijos Carlos Andrés y Juan Camilo por el asesinato de Luciano Gil Botero, hermano del ex presidente del Concejo de Estado, Enrique de Jesús Gil Botero.

[caption id="attachment_380" align="alignright" width="450"]Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia es uno de los países más afectados por el flagelo de la trata de personas.[/caption]Diana siempre se ha considerado una buena creyente de Dios. Por eso no deja de agradecerle al “Todopoderoso” el haberla rescatado de las garras de los “tratantes”, palabra con la que las autoridades designan a quienes integran las redes de trata de personas, las mismas que por poco le ocasionan la muerte en un país ajeno.

Según estadísticas oficiales, en el año 2003 se presentaron en Medellín 2.012 homicidios, para una tasa de 98.2 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Fue la última ocasión que la capital antioqueña registró niveles alarmantes de criminalidad, los mismos que hoy, seis años después, amenazan con repetirse de no presentarse una reducción sustancial en la dinámica de muertes violentas registrada hasta ahora.

[caption id="attachment_373" align="alignright" width="450"]La II Semana por la Memoria se extenderá hasta el próximo 11 d noviembre y ese día se conmemorará la masacre de Segovia.[/caption]“Los perpetradores han acabado con algunos de nuestros sueños, pero no con la capacidad de seguir soñando”, afirma Fredy Morales, un joven del Oriente antioqueño afectado por la guerra que hoy trata de superar insertándose en procesos de reconstrucción de memoria histórica que impulsa el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).

Diversas organizaciones no gubernamentales de Medellín manifestaron su rechazo por el traslado del defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz, Winston Gallego Pamplona, quien se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Bellavista desde el pasado 10 de junio y fue trasladado al Penal de  Máxima Seguridad de La Dorada.

[caption id="attachment_370" align="alignright" width="450"]Jornadas de reflexión, eventos simbólicos, muestras audiovisuales, entre otros, componen la nutrida agenda de la II Semana por la Memoria.[/caption]Hacer visibles los procesos de construcción de memoria histórica que vienen realizando diversas comunidades afectadas por el conflicto armado en Antioquia y resaltar la importancia de este ejercicio como garantía de no repetición y búsqueda de la verdad son, en términos generales, los principales objetivos de la II Semana por la Memoria: Antioquia, que se llevará a cabo en Medellín entre el 7 y el 11 de noviembre.

[caption id="attachment_365" align="alignright" width="193"]Milko Durán ajusta ya tres meses de detención arbitraria en Honduras. Foto: diario La Tribuna.[/caption]Solo, apoyado por organizaciones de derechos humanos y sometido a un proceso penal al parecer ilegal, el ciudadano colombo-venezolano Milko Durán Céspedes vive una de sus peores pesadillas: la justicia de Honduras no le deja salir del país porque lo acusa del delito de manifestación ilícita, que se castiga con una pena que va de 2 a 4 años de cárcel.

[caption id="attachment_362" align="alignright" width="450"]Las dificultades para documentar casos de este flagelo constituye uno de los principales impedimentos para adelantar procesos serios, incluso en el orden internacional. Foto: Revista Cambio.[/caption]Por lo menos en el corto y mediano plazo, no será factible que la Corte Penal Internacional (CPI) adelante procesos penales en Colombia contra miembros de grupos armados ilegales responsables del crimen de reclutamiento forzado de menores de edad.