Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

Las sentencias fueron publicadas por la Unidad de Tierras y el Consejo Superior de la Judicatura con corte al 30 de abril de 2015.

Este panfleto ciruculo en Anorí en la noche del jueves 4 de junio.

Un panfleto a través del cual se amenaza con matar a prostitutas, ladrones y drogadictos, circuló en la noche de este jueves 4 de junio en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

El documento, firmado por un grupo que se autodenomina “La mano que limpia”, sentencia que quienes transiten por las calles del pueblo a partir de las diez de la noche “se tendrán que someter a las consecuencias de la limpieza.”

“Nosotros necesitamos nuevos gobernantes que tengan una nueva ideología que vaya acompañada de la paz, de la justicia, de la verdad y de la misericordia, porque este país está manejado en una forma de desigualdad.”

  Laureano Gómez, campesino reclamante de tierras en Urabá, 

miembro de la Asociación Tierra y Paz

Escuche aquí el testimonio de Laureano

Para mí es un privilegio estar al frente de este auditorio, en especial de estos jóvenes estudiantes que, de mi parte, auguro que sean los que hagan parte de los futuros gobernantes de Colombia.

En la mesa central de izquierda a derecha: Alejandra Cardona, Laureano Gómez, Marieta Quintero, Ariel Gómez y Milton Santacruz

El 29 de mayo de 2015 la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) realizaron en Medellín la cátedra abierta “La educación ante los desafíos de la paz en Colombia”.

Al evento asistieron estudiantes de primaria y secundaria, universitarios, profesores de colegios y docentes de universidades, miembros de organizaciones sociales y un grupo de monjas de una institución educativa.

Foto: Fundación Convivencia

“Lo más importante es que la paz no se convierta en una asignatura porque sería igual que química o que física.” Eso piensa la educadora Marieta Quintero, coordinadora del Colectivo Nacional de Educación para la Paz y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La profesora piensa que educar para la paz implica transformar las prácticas autoritarias en las instituciones educativas y buscar otras formas de impartir conocimiento. El reto es establecer saberes y prácticas que sean incluyentes y democráticas. Es enseñar a convivir con el otro.

Con la elección de 26 delegados se conformó la nueva Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia para el periodo 2015 - 2017. En los comicios, realizados el viernes 22 de mayo en Medellín, participaron más de 700 delegados de las mesas municipales de víctimas.

Foto: cortesía Policía Nacional

Acusado de ser uno de los mayores opositores al programa de restitución de tierras en Antioquia, fue capturado en Medellín el ganadero Álvaro Mesa Cadavid, hermano del actual diputado de la Asamblea de Antioquia por el partido Liberal, Rodrigo Mesa Cadavid, conocido por expresarse de manera indigna contra el departamento del Chocó durante una sesión de la Duma departamental.

De acuerdo con el comunicado de la Policía, “durante un mes los investigadores recopilaron testimonios y documentos, que sindican al empresario de desconocer nueve fallos judiciales, que le ordenaron devolver entre 200 y 500 hectáreas [de tierras] obtenidas por grupos paramilitares que desplazaron a los dueños.”

El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas reiteró su preocupación por la recurrencia del uso de la tortura y los malos tratos en Colombia, y por la falta de investigaciones sobre estos delitos.

Así se dio a conocer en desarrollo del 5° examen periódico a Colombia, durante el cual dicho comité presentó sus observaciones finales sobre la forma como el país latinoamericano ha venido implementando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Foto: Rubén Darío Herrera. Desde el 30 de noviembre de 2014 en el municipio de Pueblorrico se construyeron unos mandatos populares que fueron acogidos por el Concejo y la Alcaldía Municipal. En dichos mandatos, firmados por 1.500 personas, se incluyó la convocatoria a una consulta popular y se declaró como empresas NO GRATAS a varias compañías minero-energéticas.