Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

Luego de su instalación formal, las recién constituidas mesas de derechos humanos de Cáceres y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, priorizaron las problemáticas de DDHH y Derecho Internacional Humanitario que guiarán su labor durante este segundo semestre de 2014.

El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; la violencia de género; las vulneraciones al derecho a la salud; y la convivencia escolar; fueron temas comunes que resultaron priorizados en ambos espacios.

El propósito es promover y articular acciones institucionales y de la sociedad civil, en torno a las problemáticas priorizadas buscando visibilizar las vulneraciones de DDHH y DIH, reducir las afectaciones a la comunidad, restablecer los derechos de las personas afectadas y promover el respeto y defensa de los derechos humanos.

En Tarazá la mesa decidió darle prelación a las problemáticas de infancia y adolescencia: con énfasis en la convivencia escolar y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; la crisis del sistema carcelario; la violencia de género; las vulneraciones al derecho a la salud; y la trata de personas.

Desde el domingo 3 y hasta el martes 5 de agosto, se desarrolla en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el Foro Nacional de Víctimas solicitado por la mesa de negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. El propósito es recoger las propuestas de las víctimas sobre cómo debe ser la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para lograr la construcción de una paz estable y duradera.

Son 1.637 personas de todas las regiones de Colombia, que representan los diferentes hechos victimizantes del conflicto armado, las que están participando en este encuentro con el cual se cierra un ciclo que incluyó tres foros regionales de víctimas en Barrancabermeja, Villavicencio y Barranquilla.

Los derechos a la vida, la seguridad, la salud, concentraron la atención de los líderes y lideresas de organizaciones sociales y defensoras de DDHH de Caucasia. El ejercicio fue parte de  la Escuela de Derechos Humanos para el Diálogo Diverso, realizada este fin de semana en esa población del Bajo Cauca Antioqueño.

Mónica Rojas, educadora del IPC, explicó que en los grupos de trabajo en Tarazá y Caucasia, se identificó que “el derecho la vida es uno de los más vulnerados en cada municipio. Esto se debe principalmente al conflicto armado. Pero la gente también habló de otros derechos como el empleo, ligado a la falta de condiciones para vivir.”

Entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2014, en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, se realizará el foro "La voz de las víctimas desde la región.”

Allí se recogerán propuestas de víctimas, organizaciones de derechos humanos e instituciones para ser entregadas a la mesa de negociación entre el gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC, en La Habana (Cuba).

Taller con organizaciones en Caucasia, febrero de 2014.

Fortalecer la formación en derechos humanos de los actores sociales e institucionales de Caucasia, Cáceres y Tarazá es el objetivo de la Escuela de Derechos Humanos para el Diálogo Diverso, que iniciará el 24 de julio en esos tres municipios del Bajo Cauca Antioqueño.

Este espacio formativo capacitará a 75 personas, entre líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias, quienes como actores sociales participan en procesos organizativos para la defensa y promoción de los derechos humanos[1].

Resumen ejecutivo del estudio de caso: Desplazados de San Gabriel: “desprotegidos en La Loma y también afuera”[1], realizado por el Instituto Popular de Capacitación –IPC y la Corporación Jurídica Libertad

Ver estudio completo

1.      Situación de las familias desplazadas de San Gabriel:

A un año y dos meses en desarraigo, 20 familias desplazadas del sector San Gabriel, vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal de Medellín, se sienten desprotegidas por el Estado porque no reciben una solución y porque, luego del boom mediático y de las medidas de choque para contener los desplazamientos, ni la Alcaldía, ni la Personería, ni la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se dignan a atenderlos.

En la mañana de hoy se llevará a cabo el sepelio de Robinson Álvarez Quemba, funcionario de la Unidad Nacional para la Restitución de Tierras, quien fue atacado a bala el pasado martes 8 de julio en momentos en que adelantaba la medición de un predio ubicado en la vereda Guacas del municipio de San Roque, Nordeste de Antioquia.

El nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), al cual pertenece el IPC, expresó su preocupación y solidaridad con la Corporación para la Paz y el Desarrollo –Corpades, por las recientes amenazas contra varios de sus líderes.

A través de un comunicado, la plataforma de derechos humanos recordó que esta no es la primera vez que Corpades sufre agresiones en su contra, por lo que actualmente posee medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En desarrollo del Segundo Foro Regional de Víctimas, a realizarse entre los días 10 y 11 de julio en el municipio de Barrancabermeja (Santander), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE y la alianza por las víctimas Colombia sin Heridas presentaron una declaración conjunta al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a las guerrillas de las FARC y el ELN, en el marco de las negociaciones de paz.

El 2013 fue uno de los años más activos en cuanto a movilizaciones sociales en Colombia: 1.027 protestas según registros del Cinep[1]. A su vez fue uno de los periodos con mayor represión por parte de la Fuerza Pública, que habría originado más 600 vulneraciones de Derechos Humanos, solo en los paros cafetero, agrario y minero.

Así fue denunciado durante la audiencia “Criminalización de la protesta y límites de la Fuerza Pública”, realizada en Medellín por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos –CCEEU.

El registro de vulneraciones documentadas por el MOVICE y la CCEEU, indica que durante las protestas sociales de 2013, hubo 262 detenciones arbitrarias; 485 casos de personas lesionadas; 21 casos de personas heridas, varias por armas de fuego; 12 muertos por arma de fuego y 4 desaparecidos.