Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

Para las dos de la tarde de hoy está programada en Medellín la Marcha Carnaval por la Vida Digna, convocada por los organizadores del Foro Social Urbano Alternativo y Popular, que se realiza desde el sábado 5 de abril en la Universidad de Antioquia, paralelo al Foro Urbano Mundial.

Para Campo Elías Galindo, miembro de la mesa organizadora del foro, “metafóricamente el foro urbano alternativo sale de carnaval, en una marcha donde se espera exhibir la alegría de la juventud, con grupos musicales, mimos y otras expresiones artísticas. La idea es mostrar la diversidad que tiene Medellín, como una ciudad compleja, con muchas voces y expresiones artísticas y culturales.” Escuche la entrevista a Campo Elías Galindo

La marcha saldrá desde el sector Puerto Nuevo, en el barrio Tricentenario, norte de Medellín, y culminará con una concentración en el Parque de Berrío. Esta movilización hace parte de las actividades del foro alternativo, al cual asisten unas 3.00 personas de diferentes regiones de Colombia, entre estudiantes, campesinos, jóvenes y líderes comunitarios, sociales y políticos.

Como lo había anunciado la defensa del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murrillo Bejarano, alias “Berna”, las dificultades técnicas del nuevo sitio de diligencias en Estados Unidos hicieron inviable el desarrollo del tercer día de audiencias presididas por la Sala de Justicia y Paz desde Medellín (Colombia). La situación puso en evidencia la falta de garantías para desarrollar estos procesos.

La diligencia estaba programada para este miércoles 2 de abril. A la sala de Justicia y Paz, en Medellín, llegaron las víctimas y sus representantes, la Fiscalía, la Defensoría y los magistrados. Sin embargo hacia las 9:55 de la mañana el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, anunció la suspensión de la audiencia explicando que no se pudo establecer contacto virtual con la sala de diligencias en Miami, Estados Unidos, desde donde participarían Murillo Bejarano y su abogada. 

Una polémica causó la recusación de la Fiscalía que planteó un presunto impedimento de la sala mayoritaria de Justicia y Paz, durante la audiencia al extraditado ex comandante paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Berna”. Algunos representantes de las víctimas rechazaron el planteamiento del ente acusador e incluso uno de los abogados recusó a la Fiscalía para que nombre otro fiscal.

Dos situaciones puntuales preocuparon a la Sala de Justicia y Paz durante la audiencia al extraditado ex comandante paramilitar, Diego Fernando Murrillo Bejarano, alias “Berna”, este 31 de marzo. La primera, solo el 40% de las víctimas están debidamente representadas. La segunda, no hay suficientes garantías en Estados Unidos para que los postulados participen en los procesos de la justicia colombiana.

En el municipio de Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, fue presentado el proyecto “Derechos sin estigmas: tolerancia y cultura de derechos humanos en Caucasia, Cáceres y Tarazá”, financiado por el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y operado por el Instituto Popular de Capacitación –IPC.

El espacio de socialización fue el Comité de Derechos Humanos de Caucasia, que convoca a organizaciones de la sociedad civil, instituciones del municipio, el Ministerio Público y organismos de cooperación internacional. La presentación se realizó el 20 de marzo de 2014 en la Casa de Justicia de Caucasia, donde sesiona el Comité de Derechos Humanos.

Campesinos en Hacienda La Seis, donde fue capturado el empresario ganadero Vicente Cantero.

La ineficaz respuesta del Estado, a un centenar de solicitudes de reclamación de predios despojados en Urabá (Antioquia), llevó a 75 familias a retornar de manera pacífica y sin acompañamiento institucional, a las propiedades que están reclamando desde hace varios años en las veredas Cuchillo Negro, La Eugenia, Guacamaya y Villa Rosa, ubicadas en el corregimiento Macondo del municipio de Turbo.

La acción de hecho se dio ante la dilación de los procesos de restitución, la ausencia de decisiones de la justicia y las difíciles condiciones económicas que soportan las 100 familias reclamantes, que según Carlos Páez, director de la Asociación Tierra y Vida, “están aguantando hambre y en un estado de pobreza extrema en los pueblos y corregimientos donde viven.”

El líder de víctimas relató que “desde el año pasado las familias están preguntando ¿qué pueden hacer?, porque van 10 años de la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005- y dos años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011– esperando a que les devuelvan sus predios y aún no hay resultados.”