Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

Cortesia Paro Minero en Facebook

“Nosotros vinimos a algo civilizado, de resistencia y aguante”. Con esta afirmación el secretario de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, Óscar Jiménez, descalificó los desmanes originados por un grupo de jóvenes, ajenos al movimiento minero, en el municipio de Caucasia.

Los disturbios mantuvieron bloqueada la troncal a la Costa Atlántica en tres puntos diferentes: en el puente Carlos Lleras, a la entrada de Caucasia; en el sector de Puerto Bélgica y en la vía hacía Montería. Los manifestantes quemaron llantas y un automóvil para impedir el paso de vehículos.  

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos humanos del IPC

El 10 de julio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que hubo excesos de la Fuerza Pública en las protestas campesinas del Catatumbo (Norte de Santander) y pidió a la Fiscalía que investigar las cuatro muertes ocurridas durante el desarrollo del conflicto, al igual que solicitó se determinen "los responsables" de causar heridas a 42 policías; pues la Fuerza Pública ha "sido víctimas del uso indiscriminado de armas de fuego, explosivos y otras armas letales".

Medellín, julio 18 de 2013

Foto Conalminercol

13 adultos judicializados y 3 menores de edad conducidos, es el balance que entrega hasta ahora la Gobernación de Antioquia luego del primer día de paro nacional minero. Caucasia, Buriticá y Amagá son las poblaciones donde se han presentado capturas. Por ahora se ha rehabilitado el tránsito por las vías del departamento.

De acuerdo con el reporte presentado por el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, 9 personas fueron detenidas en Caucasia, 6 en Buriticá y 1 en Amagá. “Estas personas van a ser judicializadas por violación del código penal, bloqueo de vías, utilización de menores, utilización de sustancias peligrosas y por atentar contra la fuerza pública”, reveló el funcionario.

José Girón Sierra

Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

La Alcaldía de Medellín por intermedio de la Consejería para la Vida, la Reconciliación y la Convivencia llevó a cabo, el día 17 del presente mes, el conversatorio-taller: Múltiples lecturas-Unas hipótesis de resolución. Estado del Arte en seguridad y convivencia en la ciudad, al cual fueron invitados como ponentes León Valencia, Jorge Giraldo, Claudia López, Jorge Castaño, Ana M. Jaramillo, Ana Daza y Jorge I. Castaño.

Este conversatorio-taller se lleva a cabo en un contexto en el cual la seguridad urbana, y por ende las conflictividades urbanas, ocupa un lugar destacado no sólo como tema central de los medios si no también en el quehacer de casi la totalidad de los alcaldes de las principales ciudades del país. Para la ciudad de Medellín, la seguridad y la convivencia no ha dejado de ser un tema medular, mucho más cuando a la luz de los hechos pareciera que se viviera un momento de agotamiento de viejas y nuevas estrategias encaminadas a romper los ciclos de violencia que ha vivido la ciudad.

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos humanos

Con la consigna de defender a la artesanal, pequeña y mediana minería nacional, 28 asociaciones de mineros de todo el país envían una carta a los colombianos solicitando que “respalden y se unan de manera pacífica y democrática al Paro minero y Jornada por la Defensa de la minería nacional artesanal, pequeña y mediana” que empezó este  17 de julio de 2013.

Foto: Ricardo Monsalve @monsalvegaviria

Con concentraciones en 18 departamentos del país, inició el paro nacional convocado por pequeños y medianos mineros de Colombia para rechazar las políticas del Gobierno contra la minería informal. En Antioquia las principales congregaciones se presentan en Amagá y La Pintada, Suroeste del departamento; en Segovia, Nordeste; y en Tarazá y Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño.

En esta última región, hacia el medio día de hoy, ocurrieron enfrentamientos en el sector de Cacerí, sobre la vía a la Costa Atlántica, cuando un grupo de manifestantes que participaban de una marcha se encontró con uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Organizaciones de derechos humanos y paz piden renovación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

No existe ninguna razón para temer la presencia de la ONU en Colombia

Bogotá, 16 de julio de 2013

Las plataformas de derechos humanos y paz conformadas por cerca de 900 organizaciones, hacemos pública nuestra profunda preocupación por las sorprendentes declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos sobre “si realmente vale la pena” mantener la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con la elección de dos representantes a la mesa departamental de víctimas y cinco delegados al Comité Territorial de Justicia Transicional -tres principales y dos suplentes-,empezó a consolidarse en Medellín la labor de la Mesa de Participación Municipal de Víctimas, conformada mediante votación el pasado miércoles 10 de julio[i].

Como representantes a la mesa departamental fueron electas Carmen Aleida Correa y Yolanda Perea Mosquera. Mientras que Luz Mery Velásquez y Teresita Gaviria resultaron elegidas para el Comité Territorial de Justicia Transicional en calidad de titulares; junto a Hilda Domicó Bailarín quien entra al comité por derecho propio ya que representa a la población indígena. Los suplentes serán Manuel Palacios y Luz Danelia Guarín.

De esta manera, luego de un año de deliberar en un espacio transitorio, las víctimas de la capital antioqueña tienen un espacio sólido de participación y comienzan a delegar sus representantes a los escenarios departamentales y nacionales, como se definió en el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas -Resolución Nº 388 del 10 de Mayo de 2013-.

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos IPC

Primera entrega

Después de más de un mes de movilización  y protesta, que evidencia la profundidad del conflicto en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, la pregunta que queda es ¿Por qué en vez de avanzar en la negociación con el movimiento campesino el conflicto se profundiza?, ¿Cuál es el objeto de disputa en el Catatumbo? ¿Por qué si hay una ley promulgada desde 1994, que crea las zonas de reserva campesina, el Gobierno no acepta la propuesta de constituir la región del Catatumbo en una zona de reserva campesina? Si se esta negociando la paz en La Habana, ¿por qué no se encuentra disposición del Gobierno para negociar con el movimiento campesino?