Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
L’or convoité et Bajo Cauca
.jpg)
Photo Carlos Álvarez
Traduction Maria del Socorro Alzate S.
Depuis les années quatre-vingt, la région du Bajo Cauca a été l'épicentre de la production d'or dans le département d'Antioquia. Ces dernières années, la région est devenue le scénario de manifestations minières contre le gouvernement national qui vise à mettre fin à l'exploitation minière illégale ce qui porte atteinte à l'exploitation minière informelle. L'intervention des groupes armés, les extorsions millionnaires, les dommages environnementaux et les persécutions de l’État, sont quelques-unes des questions qui suscitent le débat.
L'Agence de presse IPC s'est rendue dans la région pour faire un rapport spécial sur l'exploitation minière. Ce premier chapitre décrit comment des groupes illégaux essayent de profiter de l'or tant convoitée.
- Les noms de différentes sources mentionnés ont été omis pour des raisons de sécurité.
Entonces el dicho es que hay armas y hay un negocio...
Antes de comenzar su relato, este morador de la comuna 13 empezó por plantear que ese es el sector más militarizado de Medellín y, sin embargo, el conflicto sigue siendo fuerte, lo cual refleja que la solución no es un asunto puramente militar.
En esa comuna hay alrededor de 20 espacios acondicionados para la policía o el ejército, indicó este ciudadano. “Entre ellos la Casa de Justicia de la comuna 13, la Casa Orión, la base de policía de El Corazón y tres CAI: en La Loma, San Michel y el Salado parte alta. El resto son viviendas acondicionadas para que habite el ejército o la policía.”
Imputan cargos a “Carlos Pesebre”
Concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos y extorsión, son los delitos que le imputó la Fiscalía a Freyner Alfonso García Ramírez, alias "Carlos Pesebre", presunto jefe de la banda Robledo, en el noroccidente de Medellín, detenido el pasado 19 de marzo.
Por los mismos delitos deberán responder los otros tres capturados, supuestos integrantes de la organización criminal, Javier Ventura Marín Álvarez, alias “Tatú”; Andrés Felipe Álvarez López, alias “Andresito”; y Luis Aníbal García Gómez, alias “Maicol”, quien además tiene cargos por homicidio.
La aprehensión de “Carlos Pesebre” y de quienes serían sus principales lugartenientes ocurrió en la finca hotel Río Manso del municipio de Urrao, occidente antioqueño. La detención se realizó en medio de un allanamiento en el que las autoridades buscaban armas y equipos con información de la organización criminal.
En riesgo más 18 mil niños y 15 mil mujeres de...
Unos 18 mil 500 niños y jóvenes de cuatro comunas y dos corregimientos de Medellín estarían en riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados ilegales de Los Urabeños y La Oficina, según advirtió la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas.
De acuerdo con la investigación del ministerio público, los niños y jóvenes en riesgo de ser reclutados tendrían edades entre los 10 y los 19 años y serían habitantes de las comunas 8, 10, 13 y 16, y de los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista.
El informe, que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos ilegales y también de la fuerza pública, trajo además a colación el balance de la Personería de Medellín según el cual durante el 2012 ocurrieron 117 homicidios de menores de 18 años, de los cuales ocho víctimas fueron niñas y 109 niños y adolescentes.
Así mismo, la Defensoría indicó que “existe un alto nivel de riesgo para aproximadamente 15.000 mujeres de las comunas: 10 (La Candelaria), comuna 13 (San Javier) y comuna 16 (Belén) debido a que en estas zonas se han registrado los más altos índices de homicidios contra mujeres y feminicidios en el 2012”.
CIDH en Medellín, una ocasión para conocer y transformar
El inicio en Medellín de las sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una oportunidad para que la gente del común, las organizaciones comunitarias y las asociaciones de víctimas, conozcan la manera en que ese tribunal vela por el cumplimiento de los derechos humanos.
La explicación fue dada por la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda, quien manifestó que “la Corte sigue siendo muy importante para el continente en la medida que está encargada de velar porque los Estados cumplan la carta de derechos y los principios, valores y normas establecidos en ella.”
Para el caso de las sesiones en Medellín, expresó la jurista, podrían hacerse dos lecturas: la primera relacionada con la importancia de que la Corte venga a Colombia y las personas conozcan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La segunda, ligada al carácter de la capital antioqueña como centro de eventos internacionales.
Cuando un joven muerto es sólo un número más en Medellín
Editorial por Ángela María Urrego Tovar
Docente e investigadora del equipo de educación del Instituto Popular de Capacitación
El pasado 11 de marzo las noticias registraban que en el área metropolitana se había presentado uno de los fines de semana más violentos de los últimos tiempos. Al respecto el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general José Ángel Mendoza, planteaba que algunos de los hechos estaban “vinculados con actividades criminales que tienen que ver con extorsión, hurtos, concierto para delinquir, porte de armas y con entradas a centros penitenciarios"[1], afirmación que pareciera justificar la alarmante cifra de 31 homicidios.
Pero ese no es el caso del estudiante de 16 años, Sergio Esteban Arcos Solarte, alumno del grado 11° de la I.E. Eduardo Santos en la comuna 13, quien fue atacado en la noche del sábado 9 de marzo mientras hacía ejercicio frente a su residencia. Su muerte no tuvo mucho despliegue en los medios, tal vez porque su deceso ocurrió dos días después (11 de marzo) y por tanto no entró a engrosar la lista de las 31 muertes violentas ocurridas ese fatídico fin de semana.
A lo sumo esta muerte sólo se contará como un deceso más en las cifras que recogen las autoridades para sacar los diferentes informes presentados por la policía y la Personería, en los que se miden tendencias y se hacen gráficos para ilustrar los comparativos de las tasas de homicidios, que a la larga parecen ser el aspecto central para determinar los niveles de seguridad de nuestra ciudad.
CIDH sesiona en Medellín
Este lunes 18 de marzo comienzan en Medellín las sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se extenderán hasta el 22 de marzo. Durante esa semana la Corte realizará tres audiencias públicas sobre casos de Ecuador, Bolivia y Chile, y un seminario público sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 47 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte se realizará en el Pabellón Verde del Centro de Convenciones y Exposiciones de Plaza Mayor y se transmitirá en vivo a través de la página Web: http://www.corteidh.or.cr Esta es la primera vez que la CIDH, con sede en Costa Rica, sesiona en Medellín y la tercera ocasión que lo hace en Colombia.
La primera audiencia, el 18 de marzo, será sobre el Caso Camba Campos, ocurrido en Ecuador y relacionado con el presunto cese arbitrario de ocho vocales del Tribunal Constitucional de ese país, mediante Resolución del Congreso Nacional del 25 de noviembre de 2004.
Esta situación se “habría constituido -en- un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, presuntamente no previsto ni en la Constitución ni en la ley, y habría afectado gravemente el principio de independencia judicial.”[i]
Dos oportunidades tras el paro cafetero
Foto Reuters
Dos elementos caracterizaron fuertemente el paro de los cafeteros colombianos. El primero, la nutrida participación de unos 140 mil caficultores, dando cuenta de la profunda crisis del sector otrora motor de la economía del país. El segundo, la convergencia de diferentes actores sociales y políticos, que infortunadamente generó algunas críticas por presuntas intervenciones pancistas como la del uribismo. La coyuntura puede ser una posibilidad para denunciar el oportunismo político y para replantear el modelo agrícola del país.
De esa forma lo expresó el sociólogo Ómar Urán Arenas, socio del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien apuntó que “desde hace mucho no se veía una acción social de esa magnitud en Colombia”, con un alto nivel de coordinación y unidad en la movilización.
La protesta, convocada por el Movimiento Nacional por la Dignidad Cafetera, duró 12 días y se desarrolló en varios departamentos como Risaralda, Caldas, Antioquia, Cauca, Huila, Caquetá y Nariño. En la mayoría de zonas la movilización se destacó por su carácter pacífico y por la participación de pequeños, medianos y grandes productores de café; en una manifestación que congregó distintas clases sociales.
Desafortunadamente, en el caso del suroeste antioqueño, existieron algunas intervenciones políticas que sorprendieron, entre otros, al diputado de la Asamblea de Antioquia, Édison Muñoz Ciro, durante la sesión descentralizada de la Duma en el corregimiento Bolombolo del municipio de Venecia; allí se congregaron unos ocho mil caficultores del suroeste y el occidente del departamento.
Piden mayor atención y representación jurídica para las víctimas en Medellín
Con el propósito de apoyar a las víctimas en sus procesos de reparación y reclamación de predios y, en general, en la defensa de sus derechos; algunos concejales y organizaciones sociales de Medellín coincidieron en la necesidad de crear un modelo de atención integral y representación jurídica para las víctimas del conflicto armado en la ciudad.
Así se planteó en el debate sobre los avances en la implementación de la ley de víctimas –Ley 1448 de 2011- en la capital antioqueña. En la discusión se evidenciaron varios obstáculos, como retrasos en la valoración de formularios para el Registro Único de Víctimas por parte de la UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas); desconocimiento de las personas sobre las rutas de atención; exceso de trámites; revictimización; falta de garantías para los reclamantes; desarticulación institucional; y saturación del ministerio público.
Unidad de Restitución de Tierras se inventa un nuevo trámite
Carta enviada al presidente Juan Manuel Santos por las organizaciones Tierra y Vida, Redepaz, Nuevo Arco Iris, Instituto Popular de Capacitación (IPC) y Forjando Futuros, las cuales denuncian la creación de nuevos trámites -por parte de la Unidad de Restitución de Tierras- que entorpecen el proceso de reclamación y restitución de predios.
Medellín, marzo 07 de 2013
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Bogotá D.C.
Asunto: Unidad de Restitución de Tierras se inventa un nuevo trámite
Señor Presidente, reciba nuestro más cordial saludo y el reconocimiento al compromiso que su gobierno ha asumido con las víctimas del país. Conocemos de su voluntad para que los despojados y desplazados puedan recuperar las fincas, parcelas y tierras que perdieron.
Genera profunda preocupación la creación de nuevos trámites y requisitos para la restitución de las tierras. Según la Unidad Especial de Restitución de Tierras, se debe pedir autorización por escrito a los testaferros y usurpadores de los terrenos para hacer los levantamientos topográficos, necesarios como material probatorio en el proceso de reclamación. Este tipo de procedimiento atenta contra la inversión de la carga de la prueba, establecida como principio y garantía de la Ley.
Los excesivos requisitos, trámites, procedimientos y los altos estándares probatorios exigidos hacen inocua e ineficaz la aplicación de la Ley e inviable la devolución de las tierras a los despojados.