Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

Con la presentación de dos propuestas: una escuela de formación y una estrategia de comunicación popular, las cuatro comunas del Nororiente de Medellín: El Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, comenzaron a apostarle al desarrollo zonal. El objetivo es lograr mayor incidencia en políticas públicas, macro proyectos de ciudad y construcción del territorio.

Elkin Pérez Zapata, coordinador general de los planes de desarrollo de la zona Nororiental, manifestó que “hay tres temas fundamentales en los cuales se va a hacer mucha fuerza: el Sistema Municipal de Planeación, el proyecto bandera de ciudad Cinturón Verde y la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial.”

El líder social indicó que las dos propuestas son planteadas por la Alianza para el Desarrollo de la Nororiental, de la cual hacen parte el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la fundación Sumapaz, la Corporación Cultural Nuestra Gente y la Corporación Convivamos; instituciones que coordinan el diseño del plan de desarrollo zonal.

Una escuela en torno al desarrollo, el territorio y la participación ciudadana; que promueva el diálogo entre lo comunitario, lo zonal y lo local; y que les permita a las comunidades incidir en las macro propuestas de ciudad; será la Escuela de Formación de la Zona Nororiental de Medellín que se presentará este miércoles 6 de marzo.

El lanzamiento se realizará en el salón Tayrona del Hotel Nutibara, entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche. Durante el evento también se lanzará la campaña de comunicación de la Zona Nororiental “Por el derecho a la comunicación popular y el desarrollo” 

Foto cortesía NTN24/AFP

Editorial por: José Girón Sierra, socio del Instituto Popular de Capacitación

Tanto la academia como diversos analistas políticos se han planteado, con argumentos sólidos, la tesis de que en los intentos de negociación con la insurgencia, ocurridos hasta el momento, ha primado más que el desbroce de caminos para superar el conflicto armado, la intencionalidad manifiesta de servirse de estos procesos para desarrollar ajustes a las relaciones de poder en la guerra. En ello, gobiernos e insurgencia se la han jugado encontrando en la negociación la oportunidad para inclinar la balanza cada cual a su favor.

Frente al actual proceso que se desarrolla en la Habana, cabría entonces preguntarse si, tanto gobierno como insurgencia, están alineados para dar un paso hacia la paz y superar el conflicto armado o están, una vez más, en un ejercicio centrado en la lógica de la guerra.

Editorial por José Girón Sierra

Socio del Insituto Popular de Capacitación

Tres hechos marcan el momento por el cual atraviesa la seguridad en Medellín: un importante informe de la Personería sobre la situación de los DDHH en la ciudad durante el año 2012, la renuncia del Secretario de Seguridad, Eduardo Rojas, y la baja de 18 puntos en la popularidad del alcalde, Aníbal Gaviria.

No puede ocultarse que cuando nos ocupamos de la seguridad en Medellín estamos frente a un problema de marca mayor, el cual debería encontrarse en el centro de las preocupaciones de los gobernantes de la ciudad y, por lo tanto, en el núcleo duro de cualquier plan de desarrollo. Así creímos entenderlo cuando se nos propuso el eslogan de “Medellín un hogar para la vida”. Como veníamos de una administración, como pocas, conocedora de la conflictividad urbana y que al final reconoció que una de sus mayores falencias había sido precisamente la seguridad en la ciudad, pensamos entones que nos encontrábamos en el momento para que se diera un vuelco en esta materia.

Insuficientes han resultado hasta ahora las estrategias de seguridad implementadas por la Alcaldía de Medellín. Eso concluyó el personero municipal, Rodrigo Ardila, al presentar el informe sobre la situación de derechos humanos en 2012. El balance evidenció graves violaciones a los DDHH y al Derecho Internacional Humanitario.

Si bien, el ministerio público reconoció una reducción del 24,3% en los homicidios, al pasar de 1.649 en 2011 a 1.249 en 2012[i]; el informe hizo evidente que la capital antioqueña enfrenta otros problemas como las desapariciones forzadas, el desplazamiento intraurbano, las amenazas y las extorsiones, por mencionar algunos.

Además, pese a la reducción de muertes violentas, al ministerio público le preocupa que la tasa de homicidios de la ciudad siga siendo una de las más altas del país. Según el informe, en Medellín se registran 52,2 muertes violentas por cada cien mil habitantes (p.c.m.h.) mientras que en Bogotá se reportan 16 p.c.m.h. La estadística es liderada por Cali con 82 homicidios p.c.m.h.

Una protesta pacífica y el bloqueo a la vía principal de los barrios La Honda y La Cruz, fueron necesarios para que la Secretaría de Educación de Medellín atendiera el llamado de esa comunidad del oriente de la ciudad. Los padres de familia exigían cupos escolares para 300 niños que habían empezado el año por fuera del sistema educativo.

El origen del problema fue la decisión del Ministerio de Educación de reducir la cobertura educativa en Medellín, dada la capacidad de los colegios oficiales para atender a la población. Por esta razón, “se tomó la decisión de contratar para la vigencia 2013 exclusivamente la continuidad de los estudiantes ya matriculados en las instituciones educativas de cobertura contratada”.[i]

Sin embargo, y luego de casi dos meses de reclamar una solución, los padres de familia que aún tenían a sus hijos sin estudiar no obtenían respuesta satisfactoria de la Secretaría de Educación. Entonces, cansados de esperar, decidieron realizar una manifestación el pasado viernes 22 de febrero.

Por su labor de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia y especialmente en Antioquia, el Concejo de Medellín exaltó la labor de la Asociación Tierra y Vida y de la Fundación Forjando Futuros otorgándoles la Orden al Mérito Juan del Corral[i].

El reconocimiento se suma al Premio Nacional de Paz que recibieron ambas organizaciones el 26 de noviembre de 2012 en Bogotá. La lucha ha sido implacable pero cada día surgen más aliados y hay un mayor el respaldo a los derechos de las víctimas.

Un bus escolar es la principal garantía para que más de cien niños y jóvenes puedan ir a sus colegios, sin temor a las fronteras invisibles, en los barrios El Limonar 1 y 2 del corregimiento San Antonio de Prado en Medellín. Aunque este transporte ha permitido controlar la deserción, es lamentable que los estudiantes deban usar un bus para recorrer apenas cuatro cuadras.

De esa forma lo planteó un docente[i] del sector, quien destacó el compromiso de la Secretaría de Educación de Medellín que ha garantizado el transporte durante dos años, pero criticó la falta de una solución real para el problema de las fronteras ilegales, el cual afecta el normal acceso a la educación.

Editorial por: Mary Luz Marín Posada, investigadora y docente del equipo de educación del IPC

Las causas de la deserción escolar, hoy, son  alarmantes y  muchos las quieren ocultar. Según la Personería de Medellín, el porcentaje de deserción actualmente es cercano al 4,4 %, en contraste con la información revelada el pasado 13 de febrero por la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López, la cual manifestó que la cifra corresponde a un 3,8%. En este mismo sentido se indago ante algunos planteles por dicha situación y en uno de ellos respondieron sus directivas que “sólo entre el 14 y el 31 de enero de este año 256 estudiantes cancelaron matrícula”. Es preciso anotar que la problemática de la deserción escolar carece de unas cifras claras y contundentes que develen la situación real de dicho fenómeno.

Editorial por: José Girón Sierra, socio del Instituto Popular de Capacitación

Observatorio de Derechos Humanos y Desarrollo, apoyado por Miserior

El homicidio, como la expresión extrema de la violación del derecho a la vida, se ha instalado hace ya un buen rato como referente analítico entre defensores de derechos humanos y entre investigadores de las distintas expresiones de la violencia. Como indicador privilegiado,  giran todos los juicios de valor acerca del avance que la sociedad ha logrado en el respeto por los derechos humanos y la construcción democrática. Nadie estaría dispuesto a poner en duda la importancia de reducir los homicidios, pues lo que está en juego al fin de cuentas es el derecho a la vida. Lo que no es exacto, por lo menos en Colombia, es que sólo a partir de dichas tasas se deduzca que  estamos más o menos seguros.