Artículo de opinión por Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)
Vistos sus más y sus menos, en estos 4 años de la promulgación e implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – ley 1448 de 2011, queda un sabor agridulce que amerita realizar un balance de su implementación.
Decíamos en diciembre de 2011, en un artículo publicado por el IPC en el boletín N° 13 del Observatorio de DDHH, que luego de 200 años de vida republicana por fin en Colombia se producía una legislación para el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas, y que en ésta igualmente se reconocía la existencia del conflicto armado, hecho que se hacía más evidente y esperanzador luego de los resultados de poca verdad, poca reparación y mucha impunidad de la Ley de Justicia y Paz —ley 975 de 2005, hecha a la medida de los victimarios que estuvieron alrededor del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, en medio de una negación rotunda de la existencia del conflicto armado por parte del gobierno de turno encabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
De manera que el inicio de la ley 1448 generó gran expectativa en muchos sectores de la sociedad colombiana que respaldaron y acompañaron su implementación, asumiendo el peligro de que mucha expectativa puede tener también el riesgo de la desilusión, y este factor podría desencadenar posteriormente mayores problemas u oposiciones al proceso de reparación planteado.
El temor expresado se ha venido haciendo realidad. Han sido más los anuncios publicitados del gobierno y los tímidos desarrollos, que las realizaciones concretas en relación con las metas establecidas. Hoy, de 6.5 millones de víctimas, solo han sido indemnizadas alrededor de 500.000, y de la aspiración de restituir 2 millones de hectáreas, solo se han dado alrededor de 85.000 hectáreas restituidas. Por ello puede decirse que la reparación sigue siendo una tarea pendiente.
Si bien es dable reconocer los desarrollos en la arquitectura institucional para implementar la ley, el avance en mecanismos de participación de las víctimas, el esfuerzo fiscal del Gobierno para la reparación, el compromiso de diversos sectores de la sociedad para llevarla a feliz termino, el registro de víctimas y los distintos hechos de victimización, que aportaron a entender la magnitud de la tragedia de millones de colombianos, los avances aún son insuficientes y falta mayor voluntad política para darle celeridad a la reparación de víctimas.
Este temor no es gratuito. En materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas, las medidas implementadas han sido fundamentalmente indemnizaciones y asistencia humanitaria de manera individual, pero esto dista mucho de convertir realmente a las víctimas en verdaderos ciudadanos y ciudadanas, ya que fomenta prácticas clientelares y corruptas, disputas internas de liderazgos en menoscabo de la organización colectiva y no asegura procesos de movilización significativa frente a los retos en materia de paz que vive el país. Incluso, cada vez más sectores del establecimiento se han puesto en la tarea de estigmatizar, señalar y “cartelizar” a las víctimas como “falsas víctimas” y también a las organizaciones de la sociedad civil, haciendo coro del lado de los victimarios que se oponen a los procesos de reparación. No es gratuito que en los últimos 7 años hayan sido asesinados 69 reclamantes de tierras en Colombia.
De otro lado, hoy es evidente un temor que se anunciaba al inicio de la Ley, el bajo compromiso de los gobiernos territoriales y de las demás instituciones que se articulan al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas para asumir esta política. Se ve una Unidad Nacional de Víctimas muy sola y desarticulada en el proceso, y los demás, pasando de agache. Y la Unidad de Restitución de Tierras, defendiendo lo indefendible, el poco avance en los procesos de restitución de tierras y haciendo oídos sordos a los reclamos de campesinos que por mas de 20 años han sido sometidos al despojo, al abandono y al desplazamiento forzado fruto de la contrarreforma agraria orquestada por la macro criminalidad que logró unir esfuerzos e interés de políticos, empresarios, narcotraficantes y grupos armados ilegales. Pero como si fuera poco, hoy los debates en materia agraria y alrededor de la restitución de tierras no los encabeza el Ministro de Agricultura ni el INCODER, sino el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, como si no hubiéramos conocido el papel de varios notarios en auspiciar y legalizar el despojo de tierras en el país, y como si no hubiéramos conocido además el caso de un Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, con serios cuestionamientos a su ética política y con líos jurídicos por negocios con tierras usurpadas en el Urabá. El panorama en materia institucional es bastante desolador y genera poca confianza.
No puede pasar desapercibido para la sociedad colombiana, que hoy se orquesten por los sectores más reactivos y opositores a la reparación de las víctimas y al proceso de paz, iniciativas como las denominadas “víctimas de la ley de víctimas”. Mientras haya impunidad y no se esclarezcan los verdaderos intereses frente al despojo de tierras y la violencia política detrás de distintos hechos victimizantes, el discurso de las víctimas y la verdad sobre éstas tendrá el riesgo de ser tomado y abanderado precisamente por los mayores victimarios que hoy fungen como si estuvieran victimizados por la Ley. Les podemos terminar debiendo.
Estamos a tiempo de corregir el camino, faltando poco más de 6 años, para conseguir que al menos las metas propuestas lleguen a buen puerto, lo que amerita una revisión crítica de lo logrado y de lo que es una ilusión que puede desvanecerse. Esto implica avanzar en procesos colectivos de reparación, articular y comprometer las instituciones del sistema y los gobiernos territoriales, asegurar la sostenibilidad fiscal para el desarrollo de la política, avanzar en esclarecer la verdad y judicialización de los victimarios, dar garantías de protección a las víctimas y resultados ágiles y efectivos de la jurisdicción de tierras. Por ello, el llamado es mayor voluntad política y celeridad en la implementación de la ley.
Hoy que todo el mundo habla de paz, no olvidemos que la reparación integral a las víctimas es fundamental para esa construcción.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)