Los habitantes del barrio Nuevo Amanecer, construido en el corregimiento Belén Altavista y en donde fueron reubicados los damnificados del incendio ocurrido el 6 de marzo 2003 en el asentamiento Mano de Dios, tendrán que esperar por lo menos un mes más para obtener soluciones a las dificultades que vienen padeciendo desde el mismo momento de su traslado.
Todo porque las entidades encargadas de responder por las fallas de construcción que presentan las viviendas y el barrio en general, decidieron aplazar hasta finales del mes de mayo una audiencia de conciliación prevista para este viernes 24 de abril con cerca de 70 familias del sector.
La audiencia hace parte del trámite contemplado bajo la figura de Acción de Grupo, consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, la cual busca garantizar la defensa de los derechos e intereses colectivos, así como el reconocimiento y el pago de indemnizaciones por los perjuicios causados cuando se vulneren los mismos.
Precisamente a esta figura recurrieron por lo menos 100 familias de Nuevo Amanecer, cansadas de que nadie respondiera por el mal estado en que les fueron entregadas sus viviendas. El recurso fue instaurado el 27 de de septiembre de 2007 en el Juzgado 11 Administrativo de Medellín contra el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial y contra la constructora Miv S.A.
La Acción de Grupo busca que dichas entidades, encargadas de la construcción del proyecto habitacional, repare económicamente a la comunidad por los daños materiales e inmateriales ocasionados por el incumplimiento en su obligación contractual de entregar viviendas dignas para los damnificados de Mano de Dios.
Según Mónica Sánchez, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y quien actúa como apoderada de la comunidad, “las entidades pidieron el aplazamiento de la audiencia de conciliación al argumentar que no tenían ninguna propuesta de reparación. Lo triste es que la Ley dice que este trámite debió realizarse en el mes de febrero de 2008”.
Barrio a medias
De acuerdo con la jurista, los perjuicios comenzaron desde el inicio de la reubicación, en abril de 2005. “Se estableció un contrato que contemplaba la construcción de inmuebles de 44 metros cuadrados para un promedio de seis miembros por familia, pero se les entregó finalmente una casa de 32 metros cuadrados, lo que originó un fuerte hacinamiento”, dijo Sánchez.
Adicional a ello, las 470 viviendas construidas presentan problemas de humedades, inundaciones, grietas profundas en sus paredes, goteras y malos acabados en puertas, ventanas y escaleras, lo que se ha convertido en un peligro por los residentes.
La situación es de tal magnitud que el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres (Simpad) desalojó tres viviendas el año anterior tras considerar que se encontraban en situación de alto riesgo, mientras que otras 10 casas tienen orden de evacuación.
“Pero resulta que una de las familias se iba a reubicar en otra vivienda ubicada en la parte baja del barrio y el Simpad no le entregó la ayuda humanitaria porque se descubrió que está construida sobre una quebrada. Es decir, que una parte del barrio puede correr peligro por el tema de aguas subterráneas”, relató Janeth Martínez, residente del barrio.
Paradójicamente, el barrio no ha sido entregado oficialmente por el Municipio de Medellín a la comunidad, pues la Administración se niega a recibirle la obra a la empresa constructora Miv S.A, por las deficiencias que presenta. “El Municipio le hace el reclamo a la Empresa y ésta le dice a la comunidad que es la Alcaldía la que tiene que responder, que ellos ya cumplieron”, declaró Sánchez.
Lo anterior ha de
rivado en un problema aún mayor debido a que, al no haber entrega oficial, no se pueden adelantar obras de urbanismo como parques recreativos, centros de salud, colegios, salones comunales y vías óptimas de acceso, entre otras. “Les hicieron lo mínimo, casi provisional. Hasta la red de servicios públicos es deficiente pues Empresas Públicas de Medellín se niega a construir hasta tanto el barrio no sea entregado”, agregó la jurista.
Debido a esto, la comunidad instauró ante el Juzgado 17 Administrativo, a finales del año pasado, una Acción Popular contra el Municipio de Medellín que, de fallar favorablemente a los intereses de los residentes de Nuevo Amanecer, obligaría a la Alcaldía a recibir el barrio.
Situación social preocupante
Para los habitantes de Nuevo Amanecer, la petición de aplazamiento solicitada por el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Fonvivienda y la empresa constructora, fue recibida con indignación y preocupación.
“Estábamos muy animados porque pensamos que con esta audiencia de conciliación ya nos iban a dar soluciones, pero vamos a seguir igual”, señaló Janeth Martínez, quien no descartó que la comunidad acuda a las vías de hecho para ser atendidas.
A decir de Janeth, el barrio lo habitan más de 500 familias, que en promedio poseen entre 5 y 6 miembros lo que da una cifra cercana a los 3.000 habitantes, quienes además de soportar las dificultades generadas por las condiciones de sus inmuebles, afrontan una dura realidad social.
Uno de ellos guarda relación con la presencia de una ladrillera cerca al barrio, que con su trabajo está ocasionando serias infecciones respiratorias entre los menores de edad, caso que ya la comunidad expuso ante las autoridades ambientales correspondientes desde mediados del año anterior, sin que hasta el momento se haya emitido concepto alguno.
Pero quizás el que más preocupa a los habitantes de Nuevo Amanecer tiene que ver con el alto índice de desempleo, aspecto en el que ha influido la ubicación del barrio en el corregimiento de Belén Altavista. “Muchos vivían del reciclaje, se desplazaban fácilmente porque Mano de Dios estaba cerca al centro de Medellín. Pero aquí, lejos de todo, no hay muchas formas de subsistir”, mencionó la pobladora, quien agregó que ya se evidencian las consecuencias de los bajos ingresos de la población.
“Aquí en Nuevo Amanecer hay un total de 160 viviendas desconectadas de los servicios públicos por falta de pago, incluidas aquellas que poseen contadores prepago. Eso equivale por lo menos 180 familias, y lo que nos preocupa es que esa cifra tiende a aumentar”, sentenció Judith.
