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Cinco países que luchan por la protección de la Amazonía

Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Surinam son los cinco países del sur global que presentaron informes sobre los graves problemas que enfrentan sus territorios alrededor de la deuda, crisis climática y extractivismo, un círculo vicioso que afecta a la población y la biodiversidad de la región amazónica.

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Con casi 7,8 millones de km2 de extensión, la región amazónica representa una  de las selvas tropicales más grandes del mundo, abarcando nueve países de América del Sur: Brasil (63,7%), Perú  (9,9%), Colombia (6,7%), Venezuela (6,3%), Bolivia (5,3%) Guyana (3,2%), Surinam (2,5%), Guayana Francesa  (1,3%) y Ecuador (1,1%).

Su riqueza biológica la convierte en el hogar de millones de especies vegetales, de peces, reptiles, aves y mamíferos endémicos y autóctonos; así como la presencia de pueblos y comunidades indígenas que, desde hace miles de años, cuidan y protegen esta casa grande, su madre tierra, que les brinda alimento, refugio y representa la espiritualidad y la conexión con la naturaleza.

Sus cualidades y características la hacen conocida como “el pulmón verde del mundo”, pues esta gran selva tropical es responsable de la producción de casi el 20% de oxígeno del planeta, así como de la absorción de las grandes emisiones de dióxido de carbono, de la regulación del ciclo del agua, de tierras fértiles y una cultura ancestral única en el mundo. 

Sin embargo, su territorio se encuentra en riesgo ante las actividades extractivas de minería, la deforestación, la ganadería y agricultura extensiva que degrada el territorio y el cambio climático que enfrenta el planeta tierra ante la emisión de gases que deterioran la capa de ozono y la vida vegetal y animal. Así como los grandes déficit fiscales provocados por la deuda externa que continúan generando desigualdad y pobreza en las comunidades de la Amazonía. 

Ante este panorama y como una acción por contribuir en la generación de medidas de protección y restauración, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Surinam elaboraron cinco informes con el objetivo de evidenciar la relación entre deuda, crisis climática y extractivismo, un círculo vicioso que deben enfrentar estos países de sudamérica ante la crisis climática y ambiental que enfrenta el planeta. 

Colombia: realidades y perspectivas

El 43% del territorio colombiano hace parte de la región amazónica y está habitado por 62 comunidades indígenas que históricamente han velado por la protección y defensa de este territorio. Sin embargo, un estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RAISG, para los países de la Amazonía, señaló que el 66 % de este territorio está sujeto a algún tipo de presión.

Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación IPC, organización encargada de la elaboración del informe, afirma que estas tres variables del informe “nos hacen un llamado a cuidar la Amazonía, pues se evidencia que este territorio está en riesgo por los efectos del cambio climático, pero también por los intereses del capital que permanentemente están penetrando en esta zona para establecer negocios de distinto orden, como lo son las grandes extensiones usadas para la ganadería o para proyectos extractivos de madera o minerales”.

Las políticas de transición energética deben ir de la mano de las cosmovisiones de las comunidades indígenas de la Amazonía Colombiana

Para el caso de Colombia, por ejemplo, se encontró que en 2024 el rubro del Presupuesto General de la Nación (PGN), destinado al pago del servicio de la deuda es del 18,4%, mientras que la inversión en Ambiente y desarrollo es solo del 0,4%. Unas cifras que, para la investigadora, nos deja ver lo lejos que estamos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan disminuir los efectos del cambio climático. 

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Pero hay más. Betancur señala que el reto de Colombia está en transformar la matriz energética y migrar a generación de energías sostenibles y renovables: “¿qué ocurre en casos como los de Colombia? Parte de los recursos que llegan al PGN son, por ejemplo, de la producción de hidrocarburos como el petróleo y de la explotación de algunos minerales. Entonces ahí viene el otro campo del círculo vicioso: tenemos que explotar y vender petróleo para poder obtener unos recursos importantes que llegan al PGN. Entonces nos enfrentamos a una paradoja ¿de qué vamos a vivir si no seguimos explotando petróleo, gas y carbón? ¿Cómo se va a frenar esa extracción a partir de fuentes de energías alternativas que no dañen el ambiente y que puedan resolver también los recursos y los ingresos que se requieren en el país?”.

Promover medidas que protejan la naturaleza de la mano de las comunidades indígenas que habitan el territorio, reparar los daños causados por el extractivismo a estas comunidades y a la misma naturaleza, impulsar una nueva arquitectura financiera y apoyar una transición energética justa, son algunas de las recomendaciones que deja el informe.

Conoce el informe completo en: https://ipc.org.co/amazonia-en-colombia-realidades-y-perspectivas/ 

Deuda, crisis climática y extractivismo en Ecuador

“Se podría reducir la deuda con mayor inversión pública, se podría reducir la deuda sin sacrificar a las familias trabajadoras y sin destruir la naturaleza”, explica Pablo José Iturralde, investigador  del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, de Ecuador, quienes elaboraron el informe para este país. 

Para el caso de Ecuador, según el informe, los movimientos indígenas de este país han sido fundamental para la defensa territorial y la conservación ambiental, así como para rechazar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “destacando las consecuencias de la deuda externa en la vulneración de los derechos sociales y el medioambiente”. 

“El principal planteamiento de esta investigación es que la deuda externa no se explica solamente por el déficit fiscal, sino que, al contrario, la variable que explica la deuda es el déficit comercial y la fuga de dinero en general. Esto significa, primero, afectar la matriz productiva de cada país para poder luchar en contra del déficit comercial, que se repone después con deuda externa; segundo, que no es necesario disminuir el gasto para poder disminuir la deuda, sino que, al contrario, el gasto público sirve para incrementar la producción, para generar un efecto multiplicador; y en tercer lugar, que tampoco es necesario exprimir a la población para que consuma menos y de esa forma generar los ahorros en reservas internacionales que permitan pagar la deuda”, argumenta Pablo.

Sin embargo, para ejecutar estas propuestas y soluciones, el investigador argumenta que son necesarias las voluntades políticas para generar cambios estructurales, de lo contrario, ninguna acción tendría resultados efectivos y favorables para la Amazonía: “No es algo imposible, se planteó una gran reestructuración de deuda en los años 90, con el proceso de Jubileo 2000, creo que esta vez tiene que pasar lo mismo, generando un movimiento, haciendo que crezca poco a poco y que además de la jubilación, se tomen decisiones estructurales para no acabar con el planeta”.

Conoce el informe completo en: https://cdes.org.ec/web/deuda-crisis-climatica-extractivismo-en-paises-amazonicos/ 

Amazonía boliviana: entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo

El 75% del territorio boliviano está representado en la cuenca amazónica, la cual alberga alrededor de 29 pueblos indígenas. Según el informe realizado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, en la actualidad, Bolivia presenta un grave déficit fiscal que ha incrementado el endeudamiento del país, haciendo que la nación se encuentre en una situación de incumplimiento de pagos, en medio de un modelo económico que no da respuestas a las demandas en relación al crecimiento y desarrollo sostenible, sino que está generando un deterioro constante. 

Para Juan Carlos Alarcón, investigador del informe, lo principal a destacar tiene que ver con los impactos provocados por la deuda, el extractivismo y la crisis climática en la población de la Amazonía boliviana, teniendo en cuenta que el país está ad portas de acceder a créditos en un estado de altos riesgos por su incapacidad de pago. Es por eso que, para el investigador, las soluciones y propuestas deben ir de la mano de los afectados: las comunidades indígenas. 

“Tenemos que pensar en otra lógica de cómo generar recursos, y creo que ahí hay muchísimas iniciativas que se vienen desarrollando desde los pueblos, desde las comunidades. En Bolivia, por ejemplo, hemos insistido en potenciar los frutos amazónicos sin deforestar y esto se puede exportar para obtener otros ingresos, posiblemente mejores que de la soya y tal vez, que la industria fósil; pero requieren apoyos, requieren financiamiento y la deuda no está viniendo para potenciar esto, la deuda está viniendo para ampliar, sobre todo, infraestructura vial”, comenta Juan Carlos. 

El llamado estructural de Bolivia es que la responsabilidad y el cuidado de la Amazonía no debe recaer solo en los países que tienen territorio continental allí y mucho menos cuando estos países enfrentan graves crisis sociales de desigualdad y pobreza. Estas acciones de protección y mitigación, así como el financiamiento climático, deben venir de los grandes deudores climáticos y ecológicos, que son los que, en últimas, han generado el desastre ambiental: “nos han destrozado si quieres nuestro hábitat y estamos exigiendo que nos reparen nuestra hábitat, o que nos den recursos para reparar, eso es tan sencillo que creo que no es tan complicado, pero eso creo que es importante también a nivel internacional”.

Conoce el informe completo en: https://latindadd.org/informes/amazonia-boliviana-entre-la-deuda-la-crisis-climatica-y-el-extractivismo/

​​Perú: ¿Camino a la consolidación del modelo extractivo pese a la crisis climática?

Casi el 62% de este territorio nacional está concentrado en la Amazonía, casi las tres cuartas partes del país, representando el 9,9% de este espacio selvático. Así mismo, reconoce 51 pueblos indígenas, de los 55 reconocidos por el gobierno nacional y 38 áreas naturales protegidas registradas. 

Sin embargo, así como en los casos ya mencionados, este territorio se encuentra en disputa ante las actividades extractivas y las economías informales e ilegales que amenazan las riquezas, la biodiversidad y la vida de los defensores y defensoras del territorio. 

Micaela Guillán Ramírez, investigadora del informe y coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático, MOCICC, en Perú, destaca tres hallazgos importantes que han generado que el círculo vicioso entre extractivismo, deuda y crisis climática, sea cada vez más grande. 

El primero está relacionado con el crecimiento de la deuda externa a causa de la pandemia por el Covid-19 y los efectos del fenómeno del niño que, durante 2023, ha generado grandes pérdidas y necesidades de endeudamiento: “estamos hablando de un 11% presupuesto nacional destinado a la deuda, comparado con lo de que estamos destinando a atención al fenómeno del niño que es 0.22% del presupuesto y 1% para adaptación y mitigación”, explica la investigadora. 

Y ahí viene el segundo hallazgo: parte de ese presupuesto destinado a mitigar las consecuencias del cambio climático y las condiciones de adaptación y mitigación, no está llegando a los territorios que están directamente afectados. Según el informe, en 2023 la pobreza alcanzó el 29%, presentando  un crecimiento de 1,5% con respecto al año 2022. Estos territorios, además, son los espacios en los cuales se están generando las principales actividades extractivas, “estamos empobreciendo a los territorios casi de manera intencional, sin la atención de servicios públicos e incrementando una necesidad de las poblaciones a poder percibir ingresos económicos rápidos, lo que los está obligando casi a aceptar actividades legales o ilegales que es en su mayoría”.

Finalmente, el tercer hallazgo tiene que ver con la necesidad de encontrar reformas legales que mitiguen estos impactos económicos, que, para la investigadora, están vinculadas a las pretensiones internacionales por el cumplimiento de lo pagos, y es por eso que Perú, actualmente, está generando reapertura a proyectos vinculados con el extractivismo, sobre todo de cobre, que están generando nuevamente conflictos sociales. 

“Creemos que la transición energética debe ser justa pero además debe ser popular porque debe ser pensada con la gente.Tenemos que cumplir con la justicias históricas de indiferencia que ha habido con los pueblos, pero también hay que decidir con ellos, la naturaleza que tenemos en el país puede servirnos para poder habilitarnos de energía pero pensada para qué, cómo, con quiénes”, puntualiza Micaela.

Deuda, crisis climática y extractivismo en Surinam

Ubicado en el norte de sudamérica y siendo el país más pequeño de sur América, casi el 90% de Surinam está ubicado la selva amazónica, un ecosistema que no solo proporciona alimentos, agua, madera y medicina sino que también aporta a la estabilidad del clima, a través del almacenamiento de carbono y la producción del 6% del oxígeno del mundo, según el informe, el cual también revela que Surinam absorbe más del dióxido de carbono del que emite.

“Surinam está atrapado en una espiral entre la deuda, el extractivismo y el cambio climático, con los grupos más vulnerables e históricamente discriminados, como las comunidades indígenas (…) Esto tiene un profundo impacto en los derechos humanos y las vidas”, señala el informe. 

Algunas de las recomendaciones de este informe, están ligadas a la adopción de implementación de proyectos de ley sobre los derechos colectivos, leyes anticorrupción, leyes sobre la soberanía de Surinam, la incorporación de un enfoque de derechos humanos a las reestructuración de la deuda y el fortalecimiento de la conciencia, la creación de redes y el trabajo conjunto de la sociedad civil para romper con este círculo vicioso. 

Conoce el informe completo: https://latindadd.org/informes/debt-climate-crisis-and-extractivismin-in-amazonian-countries-suriname/ 

Daniela Sánchez Romero
Periodista de la Universidad de Antioquia. Me interesan los tema de cultura, memoria, paz y derechos humanos.