“Las personas salen para defender la vida pero la vida está allá en nuestra vereda”, afirma una de las 143 personas que, desde hace tres semanas, se encuentra desplazada en el coliseo del municipio de Tarazá, tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo (o AGC) y el ELN, en las veredas Tahamí y Doradas Altas, de este municipio, y el aumento de minas antipersona en el territorio.
Según narra uno de los desplazados, son alrededor de 59 familias, conformadas por 143 personas y un aproximado de 15 menores de edad, los cuales aún siguen esperando presencia de la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional y las diferentes instituciones del Estado para poder retornar a sus hogares.
“Ya vamos para un mes en esta situación y aún no hay pronunciamiento de quienes deben pronunciarse. Unas pocas personas han ido a las casas para garantizar que los poquitos animales que quedaron no se mueran de hambre y que los cultivos sigan, para no quedarnos sin nada. Sin embargo, dos de ellas han sido víctimas de las minas: una perdió la vida y la otra está muy herida. El problema más grande es el minado”.
Justamente, el miércoles 15 de octubre, a las 2:00 p.m., la comunidad reportó un accidente con la explosión de una mina antipersonal en la vereda Doradas Bajo, cuando un hombre adulto resultó gravemente herido. El caso fue reportado a la Personería para el traslado del herido; sin embargo, fue la misma comunidad la que tuvo que sacarlo del territorio. A hoy, 21 de octubre, su salud no mejora y requiere un traslado urgente a Medellín para recibir la atención médica que necesita.
Según Angile Paola Sánchez, personera de Tarazá, desde el 23 de septiembre se encuentran refugiadas en el coliseo del municipio y desde su llegada, se activaron todos los planes de contingencia para atender esta crisis humanitaria: «Las comunidades están solicitando, de manera urgente, un concepto favorable por parte de la fuerza pública para retornar; requieren urgentemente una respuesta del Gobierno Nacional».
Este sería el segundo accidente con minas antipersonales registrado por la comunidad desde el desplazamiento. Así lo reportó la Defensoría del Pueblo: en el primero, una persona de la comunidad perdió la vida; en el segundo, otra persona resultó gravemente herida. “Solicitamos la participación activa de los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, así como de Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, en el Comité Territorial de Justicia Transicional”, advirtió la entidad.
La misma entidad afirma que esta situación fue advertida en el Informe de Seguimiento 009-23 de la Alerta Temprana 045 de 2020 para los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en la cual se deja expreso el riesgo que enfrentan las comunidades de estos municipios ante un escenario de disputa y control territorial de los grupos armados.
Un clamor al que se suman los más de 140 desplazados y desplazadas de Tahamí y Doradas Altas, quienes piden un retorno seguro e integral a sus territorios, y la presencia de las diferentes entidades del Estado para garantizar la permanencia en el territorio.
“Debemos resaltar la labor y el acompañamiento de la alcaldía municipal, la Defensoría del Pueblo y la Personera para el Bajo Cauca. Sin embargo, necesitamos que todas entidades pongan voluntad para poder retornar. Nosotros dejamos nuestros animales y nuestros sembrados tirados, ¿qué vamos a encontrar? Nos toca volver a empezar y qué vamos a hacer en una zona en donde todo está lleno de minas. Llevamos acá tres semanas y ya todos estamos tristes, cansados y estresados sin saber qué vamos hacer. Pedimos acciones e intervención urgente del Gobierno Nacional en nuestro territorio”.
Según Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación – IPC, en el territorio convergen estructuras del Frente 36 de las disidencias de las Farc, el ELN y las AGC, quienes se disputan el corredor de movilidad que parte desde el sur de Ituango hasta la Serranía de San Lucas.
«En medio de ese corredor de movilidad se encuentran ubicadas las veredas Doradas Altas y Tahamí. Allí ha existido un control territorial del ELN, reforzado con una presencia muy activa de las disidencias de la FARC del Frente 36. No obstante, desde hace varios meses, las AGC intentan controlar este territorio y por eso se han provocado, básicamente, unas ofensivas armadas muy violentas que han generado tanto el desplazamiento de la población como también confinamiento”, señala Zapata.
Así mismo, desde el Instituto Popular de Capacitación – IPC, se hace un llamado urgente para que las diferentes entidades del Estado realicen una atención integral y un retorno con garantías de dignidad y seguridad para las familias que continúan refugiadas en la cabecera municipal de Tarazá.
“Es necesario que las diferentes entidades del Estado competentes hagan un acompañamiento articulado para un retorno seguro de estas comunidades. Las comunidades no quieren estar más en coliseos. En el momento tenemos cinco desplazamientos masivos activos en toda Antioquia, incluyendo el de Tarazá. Las comunidades en este momento quieren retornar a sus territorios, pero quieren hacerlo con garantías de seguridad y de dignidad, que puedan tener básicamente alimentos, reconstrucción de caminos y de sus casas, y todo lo que ha implicado que ellos hayan dejado sus bienes y territorios a merced de las dinámicas del conflicto armado”.
