Allí se podrán escuchar historias de familias que han recurrido al peligroso sistema de préstamos “pagadiarios” con el fin de cancelar sus obligaciones con Empresas Públicas de Medellín (EPM); casos de niños y ancianos quemados o asfixiados debido a la utilización de velas y fogones de leña por no contar con el servicio de energía eléctrica y se conocerán denuncias de facturación excesivas y poco ajustadas a las condiciones sociales de los residentes de estos barrios.
Lo curioso del encuentro es que muchas de estas situaciones serán expuestas de forma lúdica o artística. Por ejemplo, los habitantes de los barrios
“Hemos preparado un montaje llamado ‘historias de la vida real’ y la vamos a protagonizar los propios desconectados del barrio. Tenemos varios personajes como el abogado del pueblo y el abogado de la empresa, que entre otras cosas se llama Luz Miseria Nipan Niagua”, cuenta doña Flor Inés Restrepo, habitante de
Paradójicamente, entre el 24 y 26 de junio le fue suspendido el servicio de energía eléctrica a más de 120 hogares de este populoso sector, ubicado en la parte alta de la zona nororiental, dejando a unas 700 personas en “penumbras”. La razón: imposibilidad de pago por parte de las familias.
Por este mismo motivo, un número similar de viviendas padecerá un corte en este servicio en los próximos días, según denunciaron líderes comunitarios. Y es que a la inmensa mayoría de habitantes de esta zona, catalogado como uno de los mayores asentamientos de desplazados de la ciudad, el dinero literalmente les alcanza “o para comer o para pagar la cuenta de servicios públicos”.
Además, las alternativas para superar la desconexión por la falta de pago planteadas por EPM, como la energía prepago y la re-financiación de las cuentas vencidas, están empeorando la situación.
“Tenemos el caso de una señora que instaló el contador prepago hace como cuatro meses. A ella le dijeron los de Empresas Públicas que quedaba a paz y salvo, pero ahora le llegó una factura por 700 mil pesos. ¿De dónde va a sacar esa señora esa plata?”, se pregunta doña Flor.
Opción: el pagadiario
La angustia que genera este tipo de situaciones está llevando a las familias a recurrir a los llamados “gota-gota”, con los riesgos que ello implica. Tal es el caso de doña Marta Carvajal, quien en mayo ajustó dos cuentas de servicios públicos sin cancelar. Como lo ordena la ley en estos casos, EPM suspendió la prestación del servicio de energía eléctrica y teléfono.
El drama familiar fue aún mayor. Sin dinero para cubrir los gastos médicos de su hijo, doña Marta le solicitó un préstamo por 180 mil pesos a una persona que maneja un “pagadiario” en la zona. Con el dinero, la señora pagó su cuenta de servicios y compró los medicamentos formulados para la quemadura de su hijo.
Pero “la cura resultó peor que la enfermedad”, pues ahora debe cancelar 30 mil pesos semanales durante cerca de dos meses sin demora alguna sino quiere verse sometida a presiones y amenazas armadas y adicionalmente, ya le llegó la nueva factura de los servicios públicos por valor de 22 mil pesos que, como cosa curiosa, no va a poder cancelar este mes.
“Me va tocar trabajar turnos de 17 horas en la fábrica para no quedarle mal al señor y ajustar la plata para los servicios. Cuando pienso en estas cosas me dan unas ganas de devolverme para Bajirá. Yo me vine desplazada de allá hace 10 años, y no sé si hayan condiciones para volver, pero es que esta situación es muy dura”, relata doña Marta.
De ahí que uno de los objetivos del encuentro del domingo 12 de julio será el de concientizar a la comunidad que ni la energía pre-pago ni los llamados “pagadiarios” son alternativas de solución para el drama que hoy padecen.
“Seguiremos insistiendo en que los servicios públicos son un derecho, no una mercancía. Durante la jornada vamos a construir soluciones para plantearle a EPM, pues este es un problema que viene creciendo y frente al cual hay que fortalecer la movilización ciudadana”, señala Francy Álvarez, integrante de
De acuerdo con Francy, se espera que este domingo se entreguen resultados parciales del gran censo que los procesos comunitarios de