En Remedios la guerra parece no tener remedio. Por eso es que los habitantes del corregimiento Carrizal, en donde viven más de 1.800 personas, entre las que se cuentan 58 firmantes de paz que habitan el ETCR Carrizal, emitieron una alerta temprana en la que dicen que “la vida y la integridad personal de los habitantes de las veredas” “se encuentran en firme amenaza de ser vulnerados”, ante la posibilidad de que aumenten los enfrentamientos entre grupos armados legales e ilegales.
La alerta no solo es un llamado a lo que están viviendo, en medio de un conflicto que reúne a disidencias de las Farc, el ELN, las AGC y el Ejército, sino que también es el anuncio de un Campamento Humanitario, citado por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), para llamar la atención de las instituciones del Estado, las agencias de cooperación internacional y los medios de comunicación.
Este Campamento Humanitario comienza este dos de agosto en la vereda El Carmen del corregimiento Carrizal, en el cual se concentrarán, por lo menos, habitantes de siete veredas de la zona.
Dice un vocero de Cahucopana que “las iniciativas y los mecanismos de autoprotección son el Campamento de refugio humanitario, eso lo hemos venido implementando en décadas, acá hemos hecho más de cuatro o cinco, para que las comunidades permanezcan en el territorio y no se desplacen.” El Campamento lo hacen “para que la gente pueda resistir”, “para que haya solidaridad de las comunidades”, “para que el Estado se comprometa con ser garante real de las comunidades, porque los enfrentamientos se estaban dando y la fuerza pública estaba negando los hechos.”
Para el vocero, en Carrizal viven un abandono histórico del Estado y por eso, una vez más, hacen un llamado a las instituciones, “porque acá está la necesidad de un Estado que invierta. Todo lo que está ocurriendo en el territorio es consecuencia de ese abandono.”
Un conflicto que escala
En septiembre de 2021 los habitantes de tres veredas de Carrizal recibieron amenazas de que grupos paramilitares se establecerían en esta zona, que conecta a los municipios de Remedios y Segovia, una situación similar que vivieron en agosto de 2020, cuando denunciaron la presencia de estos grupos en la vereda río Bagre. Por eso dicen que hoy están en una encrucijada por la llegada de las AGC o Clan del Golfo, que desde diciembre estableció varios retenes en dos puntos que conectan al corregimiento con Segovia y Remedios, conocidos como Buenos Aires y El Aporriado.
Además, entre el cinco y siete de julio pasado hubo enfrentamientos entre disidencias y ELN contra las AGC, lo que obligó el desplazamiento de los habitantes de varias veredas, la limitación a la movilidad, la suspensión del transporte, además de que las AGC habrían asesinado a dos indígenas ecuatorianos.
Dice el líder de Cahucopana que “la presencia de los paramilitares siempre fue latente a las entradas de las veredas, hacían retenes, preguntaban cosas, otras veces no aparecían. Todos sabíamos que hacían presencia. Hasta que el seis de julio se hizo evidente la presencia con muchos hombres armados, con indumentaria militar, ya las intenciones eran otras. Ya estaban muy cercanos a las veredas de acá, lo que generó tres días consecutivos de confrontaciones. Y por comentarios y especulaciones se hablaba de muertos, en la carretera quedaron varios cadáveres de los paramilitares, que se han ido comiendo las aves carroñeras”.
Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de DDHH y Paz del IPC, asegura que es una zona conflictiva por su ubicación estratégica, la cual permite la movilidad de los grupos armados y el aprovechamiento de las economías ilícitas de la coca, la minería y la tala ilegal. Muestra de ello es que Carrizal marca el límite entre Segovia y Remedios, conecta con la Serranía de San Lucas y el sur de Bolívar.
“Con la retirada de las Farc-EP, en cuanto estructura, todos sabíamos que se necesitaba en estos territorios el copamiento estatal, de la institucionalidad civil y de la militar, tanto de Ejército como Policía. Esto no fue así, estos territorios quedaron a merced de los grupos armados, porque era ingenuo pretender que una zona que está produciendo inmensas riquezas de actividades ilegales como coca y minería ilegal, los grupos armados no iban a pelear por el control de estos territorios”, agrega Carlos Zapata.
Una opinión similar tiene Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, para quien “hay una confrontación armada de alto nivel” desde 2018, cuando las AGC intentan disputar el control que ejercen el ELN y las disidencias. Los enfrentamientos entre el cinco y siete de julio pasado “dejaron cerca de 20 personas muertas que nunca, a pensar de las denuncias, fueron a hacer levantamiento de esos cadáveres. El poder territorial es tal, que ni la misma institucionalidad entra al territorio. No tienen ni la voluntad ni la capacidad para llegar a un territorio que es de Antioquia.”
En ese contexto se encuentran los firmantes de paz, que siguen asediados por los grupos armados ilegales que operan en la región y que, además, no pueden desarrollar sus proyectos productivos porque el territorio que habitan es una reserva forestal.
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La última semana de Duque
A lo anterior se suma el “Plan Pistola” de las AGC contra los miembros de la fuerza pública, que, según Carlos Zapata, es una estrategia de ese grupo desde hace una década. Pero esta aumentó luego de la extradición de alias “Otoniel”, cuando las AGC declara paros armados en distintas zonas del país y arremete contra soldados y policías.
Para Carlos Zapata, las AGC mantendrán esa postura mientras termina el Gobierno Duque, para “mostrar fortaleza frente al próximo Gobierno”, teniendo en cuenta que el presidente electo, Gustavo Petro, tendría una estrategia de sometimiento de los grupos armados ilegales. Por eso despiden a Duque “con una posición de ataque y retaliación” y reciben al gobierno Petro “mostrando fortaleza e intimidando a un actor que es el que usualmente menos se inclina por la negociación, como es la fuerza pública.”
