Al debate no asistieron los secretarios citados de agricultura y de asuntos institucionales, paz y no violencia de Antioquia, lo cual fue criticado por la mayoría de diputados. De acuerdo con los delegados de la Gobernación, en estos dos años y medio lograron que 120 municipios de Antioquia crearan sus Consejos Municipales de Paz, crearon el reglamento interno del Consejo Departamental de Paz, presentaron once proyectos al sistema general de regalías OCAD-PAZ por más de doscientos mil millones de pesos, hicieron varios concursos dentro del programa de Noviolencia.
“La implementación del Acuerdo en Antioquia avanza a paso de tortuga”, aseguró el diputado Andrés Mesa, quien citó al debate. “En Antioquia no hemos recibido ni el 2% de los recursos de la paz”, agregó. De acuerdo con su balance, el diputado se mostró crítico del PNIS, en el cual hay 11.566 familias, y “solo el 16% registra avances en proyectos productivos. Es decir, el 84% no tiene proyectos productivos”. Indicó, además, que, si bien la Gobernación pudo avanzar en la instalación de 120 Consejos Municipales de Paz, estos no están operando, por lo que pidió que busquen mecanismos para que estos funcionen, “invertirle a la paz es invertir en la reconciliación”. Y criticó que hasta ahora no se haya expedido la política pública departamental de paz y noviolencia.
Críticas al programa de sustitución
Campesinos, organizaciones de víctimas y defensores de Derechos Humanos fueron críticos con el PNIS. En 2019, el gobierno del presidente Duque le quitó 36 mil millones de pesos con los que vincularían a más de dos mil familias más, además suspendió la inscripción de más familias a un programa en el que, según la ONU, los campesinos estaban cumpliendo en el 98%.
“El PNIS fue un fracaso porque este gobierno quiso”, aseguró José David Hernández, vocero de la Asociación del Campesinos del Norte y Nordeste y delegado de la Coccam (Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca) para Antioquia. Según Hernández, “el campesino de Antioquia no tiene un solo proyecto de sustitución”, “las pequeñas obras no se enfocan en el desarrollo del territorio, se enfocan en cemento. La transformación tiene que llegar con lo productivo y las vías terciarias”.
A esta crítica se sumó Alcira Blanquicet Navarro, vocera de la Asociación de Campesinos de Urabá. Además de que en su región no fueron priorizados para la sustitución de cultivos ilícitos, dijo que la sustitución no podía avanzar si no tenían legalizadas o formalizadas sus tierras.
Por eso Luz Nely Osorno, presidenta del IPC, dijo que las familias no quieren seguir participando del PNIS ante los incumplimientos del Gobierno y el programa Antioquia libre de coca, del anterior gobernador Luis Pérez, quien priorizó la erradicación forzada. “Hacemos un llamado a que no se puede seguir estigmatizando el Bajo Cauca, diciendo que solo quieren sembrar coca como han dicho”, “no es factible avanzar en programas productivos sin la formalización de la tierra”.
Otras reacciones
Manuel González (delegado partido Comunes): el Estado no fue capaz de garantizarle a los firmantes la seguridad y la estadía en el espacio territorial de Santa Lucía en Ituango. Ya nos han asesinado a 337 firmantes de paz. Pedimos que se reanude con esta Gobernación el Consejo Departamental de Reincorporación que se creó con el anterior gobernador.
Gerardo Vega (director de Forjando Futuros): el Acuerdo de Paz dice que van a entregar tres millones de hectáreas y solo van 8.143 hectáreas en seis años. Se espera formalizar siete millones de hectáreas de tierra y solo van 913.548 hectáreas, el 12%.
Diego Herrera (defensor de derechos humanos): hay tres retos: primero, hay un escenario de oportunidad y voluntad política con el nuevo gobierno de implementar el Acuerdo de Paz; segundo, la Política pública de paz y no violencia es uno de los elementos esenciales para lo que viene ocurriendo luego del Acuerdo; y lo tercero, debe haber garantías de protección para líderes, defensores, víctimas y firmantes de paz.
Jaime Carrión (defensor de derechos humanos): Aníbal Gaviria no es enemigo del Acuerdo de Paz, tampoco es un amigo, porque realmente él no ha implementado el Acuerdo con un enfoque de paz en el territorio. Este gobierno no le ha dado la importancia suficiente al Acuerdo. Tienen una falencia en construcción de paz, es una administración que no conversa con plataformas de Derechos Humanos. El balance de la administración departamental es muy pobre.
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