Diversos grupos sociales y ambientales, líderes y lideresas de la región del Oriente antioqueño, tuvieron cita el pasado 5 de abril, en el municipio de Marinilla, con el propósito de socializar el reciente informe de DDHH de la subregión “Bajo el cielo que perdimos”, una publicación e investigación realizada por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño y el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Este informe, según Óscar Yesid Zapata, integrante del Observatorio, trata de establecer una relación entre las agendas políticas y económicas de los gobernantes locales, regionales y nacionales, y los escenarios de violencia y exclusión social, que han aumentado en los últimos cuatro años en esta subregión. Este análisis da cuenta de los “daños irreversibles que el capital financiero está generando día a día en el oriente antioqueño” aumentando la descampesinización, gentrificación, pérdida de la identidad cultural de la región, violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.
Al respecto, el informe señala que entre los años 2005 y 2020, 8.361 campesinos han abandonado su condición rural y alrededor de 63.062 personas han migrado a los centros urbanos; un fenómeno que implica un cambio en el uso del suelo generando expansiones con fines urbanísticos y una insuficiencia en el sector agrícola debido a los cambios en los modelos de producción que deja sin opciones a los agricultores.
En relación a las cifras de homicidios, hubo un crecimiento del 48,2% en 2023 con respecto a los homicidios de 2020, con un total de 731 casos de homicidios en los 23 municipios durante los últimos cuatro años. Municipios como Abejorral registraron un incremento del 200%, seguido por San Carlos y Alejandría (100%), El Carmen de Viboral (92.3%) y Guarne con un incremento del 88.9%.
“El fortalecimiento y expansión territorial de diferentes grupos armados hacia el Oriente antioqueño ha contribuido a esta situación, aprovechando vacíos en el control territorial. Esta problemática representa una preocupación constante por los temas relacionados a la seguridad en la región”, señala el informe.
El fortalecimiento de estos grupos armados, sumado a la ejecución de grandes proyectos de desarrollo son dos factores que coinciden con el aumento de casos de desaparición forzada en la subregión. Entre 2020 y 2023, se documentaron 211 casos de personas reportadas como desaparecidas: 2021 evidenció un aumento del 328% en comparación con el año anterior.
“Vemos un incremento en estos índices producto justamente del interés de grupos armados por consolidarse en el territorio y todos los municipios tienen presencia de grupos armados, en todos los municipios del Oriente hay un riesgo muy alto por esta situación y no hay una institucionalidad fuerte que ayude realmente a mitigar todo este fenómeno de violencia”, agrega Zapata.
Para Pilar Parra, integrante de la Asociación Campesina de Antioquia y del Movimiento social por la vida y la defensa del territorio MOVETE, la situación de seguridad y vulneración en la subregión es preocupante, y más cuando la institucionalidad invisibiliza el riesgo en el que están líderes y lideresas sociales y ambientales.
“La misma institucionalidad local dice que acá no pasa nada, que los asesinatos ocurren por riñas callejeras o problemas personales, no por ejercer un liderazgo, eso ayuda a invisibilizar una problemática tan profunda y tan grave como la que sucede en nuestra región. Sin embargo, no podemos reducir la violencia a cuántos muertos o desaparecidos: hay otras formas de violencia que también son crueles porque finalmente acaban con la vida, como los daños ambientales o la ruptura del tejido social”.
Además de estos temas, el informe aborda las problemáticas de salud mental, contaminación atmosférica, licenciamientos ambientales que afectan los derechos de las comunidades y la naturaleza, y la estigmatización y persecución a los jóvenes de la subregión. Sin embargo, el tema género y las afectaciones a las mujeres quedó relegado y como tarea, pues las mujeres reconocen que existen prácticas machistas y misóginas que generan inequidad y violencia hacia las mujeres.
Ante este panorama, el informe Bajo el cielo que perdimos hace un llamado ante la urgente necesidad de que se emita una Alerta Temprana desde los organismos del Estado que reconozca la crisis humanitaria en la que se encuentra la región del Oriente antioqueño.
“El llamado es diverso y amplio. Yo creo que es una obligación para que la institucionalidad cumpla su función. Hay un hay una cadena de errores de toda la institucionalidad que si no se hace un alto en el camino, obviamente respetando la democracia y los derechos humanos, el Oriente se va a convertir en una zona de crisis humanitaria”, puntualiza Yesid Zapata.
Un proceso de desarrollo que afecta a las comunidades
“Nos declaramos en contra del desarrollo energético en el Oriente antioqueño”, fue uno de los comentarios que se escuchó en el auditorio.
A partir de la consigna “en su origen toda violencia y violación de DDHH es producto del desarrollo y de la corrupción”, estos defensores y defensoras plantean reflexiones criticas alrededor de la construcción de grandes obras públicas, como la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova, que afectaría más de ocho mil habitantes nativos y víctimas del conflicto armado, o el licenciamiento exponencial de centrales hidroeléctricas que están acabando con los ecosistemas de la región.
“Desde hace varios años hay un fenómeno que parece un patrón muy claro de cómo el Oriente se está quedando sin campesinos; en primer lugar fue por el fenómeno de la violencia de los 80 y los 90, en segundo lugar fue producto justamente de esos cambios que se están realizando en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y las agendas macroeconómicas que siguen excluyendo y empobreciendo a la gente y a los campesinos y campesinas les toca salir de su territorio”, explica Óscar Yesid Zapata, integrante del Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Para el investigador, fenómenos como los que ocurren en Guatapé con el turismo, y en Rionegro con el aeropuerto han generado que en los últimos 15 años, casi 60 mil campesinos hayan tenido que abandonar el campo, según cifras del DANE, generando un “detrimento del derecho a la seguridad alimentaria porque estamos acabando con una de las despensas agrícolas más importantes que tienen Antioquia”.
Según los investigadores, el Oriente antioqueño aporta cerca del 10,4% del PIB departamental, lo que la convierte en una subregión importante económicamente para Antioquia. Este crecimiento se ha respaldado con infraestructura energética que ha facilitado la expansión de vivienda campestre y parcelación en los estratos altos.
“A diario se otorgan nuevos permisos y licencias, pero al no ocasionar daños graves o pasar desapercibidos, aparentemente no se detecta ninguna ilegalidad en ellos. En este sentido, es crucial abordar esta problemática con seriedad y determinación para garantizar un desarrollo urbano sostenible y justo para todos los ciudadanos”, señala el informe.
Estos procesos de desarrollo e industrialización están cambiando las dinámicas territoriales, algunos de ellos justificados en la transición energética, daños que generan fractura social, gentrificación, abandono de las dinámicas culturales y grandes impactos ambientales que contribuyen a la transformación paisajística y natural de la región.
