Democracia

Foto: Nuevo Arcoiris

Editorial por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Los hechos de la última semana protagonizados por las campañas  del Centro Democrático y la Unidad Nacional reeleccionista, plagado de mutuas acusaciones, colocan al actual  proceso electoral como uno de  los más descompuestos y pantanosos de la época reciente.

La mal llamada democracia colombiana, como la más antigua del continente, es paradigmática en la larga historia de un discurso disociado entre lo que se dice y lo que al final se hace, entre la formalidad de los programas políticos que siempre se ocupan de los mismos problemas y entre las realidades sociales en un permanente estado de agravamiento. El resultado final es elocuente: una profunda desconfianza por los políticos y por la política y una democracia representativa en el fondo ilegítima, dadas las altas tasas de abstencionismo.

En la Casa Museo de la Memoria, se constituyó el pasado 8 de marzo el Comité de Impulso para la Construcción de una Red Municipal de Participación para la ciudad de Medellín, cuyo propósito será trazar la ruta para constituir una red municipal que permita pensar de manera conjunta las necesidades y problemáticas de la ciudadanía en torno a la participación.

En el evento participaron 52 personas entre representantes de los comités de impulso de redes locales de 9 comunas, organizaciones sociales, funcionarios de la Secretaría de Participación Ciudadana y el equipo de investigadores en participación del Instituto Popular de Capacitación –IPC.

Los retos que tendrá este comité, indicó Rodrigo Osorno, miembro del Instituto Popular de Capacitación -IPC, son los siguientes:

1. Articular la agenda ciudadana a nivel de ciudad para discutir lo público.
2. Identificar las formas organizativas en los territorios y como éstas tramitan sus relaciones con la ciudad.
3. Fortalecer la ciudadanía con el fin de lograr procesos de gobernabilidad democrática en la ciudad.

Foto: Cumbre Agraria

A 15 días de iniciado el paro agrario en Colombia, las negociaciones de los campesinos con el Gobierno Nacional avanzan en dos mesas: una con el Movimiento Dignidad Agropecuaria y otra con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Aunque han logrado acuerdos importantes las dignidades parecen llegar a un cuello de botella. En cambio, la cumbre se abre camino hacia una Mesa Única de Diálogo y Concertación.

Agilizar los procesos de restitución en Colombia es el principal objetivo del proyecto de reforma a la ley de tierras que cursa trámite en el Congreso de la República. Las principales modificaciones están en el campo de la restitución administrativa, la restitución colectiva y el otorgamiento de facultades al Presidente de la República.

La necesidad de reformar la ley de tierras se debe a la preocupación que existe en varios sectores del país por los incipientes avances en restitución. Según un estudio de la Fundación Forjando Futuros[i], de 54.063 solicitudes de reclamación presentadas hasta ahora, el 70% se encuentran represadas en la Unidad de Restitución de Tierras, el 28.3% está en trámite y solo el 1,7% han sido falladas por los jueces.

Artículo de opinión por José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Como se ha expresado en varias oportunidades, el actual proceso electoral cursa en una coyuntura particularmente importante pues, en algún grado, en dicho proceso se está jugando la continuidad de una negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que tiene como propósito remover uno de los factores más relevantes del conflicto armado que vive la sociedad colombiana. Sin embargo se precisa admitir que la sociedad a estas alturas parece no ser consciente de esta importancia y hasta los mismos candidatos, a falta de propuestas de fondo, se han dedicado a  sacarse más los trapitos al sol que a mover a los votantes con respecto a su visión de sociedad y país.

A partir de este lunes 28 de abril de 2014, tendrá lugar en Colombia un nuevo paro nacional agrario, convocado por varios de los sectores que lideraron las movilizaciones de 2013[i]. A ellos se unieron otras colectividades étnicas y populares. La protesta se origina ante el presunto incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados el año pasado.

La decisión de salir nuevamente fue anunciada desde el pasado mes de marzo en desarrollo de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular. Se espera que la movilización se desarrolle en 22 departamentos del país y cuente con la participación unos 100.000 campesinos.

Frente a las peticiones de 2013[ii], el nuevo pliego del agro aparece robustecido con ocho ejes centrales: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial 2. La economía propia contra el modelo de despojo 3. Minería, energía y ruralidad 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia 6. Derechos sociales 7. Relación campo-ciudad 8. Paz, justicia social y solución política.

Editorial por: José Girón Sierra

Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Ocuparse de los efectos, más no de las causas de los problemas, entraña la manera como procede la real política o la pragmática de la política. No es algo que atañe exclusivamente  a nuestros gobernantes, tan dados a maquillar la realidad. Es  la forma como se obvia lo de fondo, lo causal y lo estructural para mostrarle a la sociedad acciones marginales buscando tranquilizarla. Al final de los mandatos, que siempre parecen cortos para lo que se proponen, se publicitan balances que parecen más bien listas de mercado, pero que poco han arañado las causas de los problemas. No es casual que los programas de gobierno en épocas electorales se ocupen siempre de lo mismo.

Recientemente el país ha vivido momentos elocuentes al respecto, en cabeza de quien aspira a reelegirse. Los  109 puntos que en su primer mandato se comprometió a llevar a cabo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condensados en sus cinco locomotoras: Agro, infraestructura, minería e innovación, le quedaron bien grandes. Lo insulso de la actual campaña, más ocupada de las peleas entre Santos, Vargas Lleras y Uribe, no ha permitido un balance cuidadoso de esta presidencia, que presentó como uno de sus eslogan: el buen gobierno.

Editorial por Carlos Hernán Montoya Suárez

Agencia de Prensa del IPC

El pasado domingo 6 de abril, se llevaron a cabo las elecciones atípicas de revocatoria de mandato del Alcalde del Municipio de Bello, Antioquia. El gran ganador de la contienda fue el abstencionismo, permitiendo que el actual alcalde, Carlos Muñoz, se mantenga en el cargo hasta el 2015.

Se necesitaban casi 40 mil votos para alcanzar el umbral, pero sólo votaron 12.459 personas, de las cuales 11.255 lo hicieron por el “SI”.

Esta iniciativa de revocatoria de mandato hace parte de las 44 que se han presentado desde la Constitución de 1991 en Colombia. Sin embargo, lo ocurrido en Bello deja puntos para la reflexión en torno al control político a los funcionarios públicos y al papel del Estado para garantizar la votación ciudadana.

Foto tomada de: galeríapolítica.com http://bit.ly/KBkyUv

Más que justa la restitución que hace el Consejo de Estado de los derechos políticos del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, después de haberle impedido que los ejerciera, por ejemplo en las elecciones parlamentarias que acaban de pasar. En ese periodo se causó un daño irreparable, que hoy se logra revertir con el fallo del Consejo de Estado. 

Debieron pasar más de dos años para que se hiciera justicia con Alonso Salazar. El 29 de febrero de 2012 la Procuraduría afirmó que "el grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico El Colombiano del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral…” Por ello lo destituye (aunque ya no estaba en ejercicio) y lo inhabilita por 12 años. El dolo para la procuraduría consistía en que se denunciaba la posibilidad de que al gobierno llegaran actores políticos para cooptar el Estado local. En octubre de 2011, Salazar afirmaba lo siguiente: "La hipótesis mía es que ellos tienen tomados todos los aparatos sociales, tienen el 80 por ciento de las acciones comunales y han creado un conjunto de corporaciones para captar todo el presupuesto público"[1].

Hoy jueves 27 de Marzo, el alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, informó a los medios de comunicación que “la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO… sí se construirá.” Explicó que actualmente a través de una Alianza Público Privada se está presentando una propuesta al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para su elaboración.