Democracia

Medellín, julio 18 de 2013

Con la elección de dos representantes a la mesa departamental de víctimas y cinco delegados al Comité Territorial de Justicia Transicional -tres principales y dos suplentes-,empezó a consolidarse en Medellín la labor de la Mesa de Participación Municipal de Víctimas, conformada mediante votación el pasado miércoles 10 de julio[i].

Como representantes a la mesa departamental fueron electas Carmen Aleida Correa y Yolanda Perea Mosquera. Mientras que Luz Mery Velásquez y Teresita Gaviria resultaron elegidas para el Comité Territorial de Justicia Transicional en calidad de titulares; junto a Hilda Domicó Bailarín quien entra al comité por derecho propio ya que representa a la población indígena. Los suplentes serán Manuel Palacios y Luz Danelia Guarín.

De esta manera, luego de un año de deliberar en un espacio transitorio, las víctimas de la capital antioqueña tienen un espacio sólido de participación y comienzan a delegar sus representantes a los escenarios departamentales y nacionales, como se definió en el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas -Resolución Nº 388 del 10 de Mayo de 2013-.

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos IPC

Primera entrega

Después de más de un mes de movilización  y protesta, que evidencia la profundidad del conflicto en la región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, la pregunta que queda es ¿Por qué en vez de avanzar en la negociación con el movimiento campesino el conflicto se profundiza?, ¿Cuál es el objeto de disputa en el Catatumbo? ¿Por qué si hay una ley promulgada desde 1994, que crea las zonas de reserva campesina, el Gobierno no acepta la propuesta de constituir la región del Catatumbo en una zona de reserva campesina? Si se esta negociando la paz en La Habana, ¿por qué no se encuentra disposición del Gobierno para negociar con el movimiento campesino?

Editorial por: José Girón Sierra

Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Cuando el gobierno decidió negociar con las FARC, sobre la base de una agenda a la cual denominaron “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz”, se daba por sentado que las partes llegaban a la certeza, después de una ofensiva militar profunda e intensa, imaginada y pensada para provocar la derrota de quien fungía como la fuerza armada histórica del régimen, de que dicha derrota no era posible y que lo era menos la posibilidad de la toma del poder por las armas de parte de cualquier fuerza insurgente. La dinámica de las partes, devela hasta ahora que no es dentro del marco de esta certeza desde donde se desenvuelve esta negociación, sino que asistimos a inconsistencias y contradicciones que bien podrían situarse en las expectativas de unos y de otros. Miremos esto.

23 delegados fueron escogidos para representar a 385.000 víctimas en la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín, agrupadas en 92 organizaciones participantes. 

La elección de la Mesa se realizó bajo la veeduría de comunidad internacional, organizaciones de defensoras de derechos humanos del departamento, Alcaldía, Personería y líderes representantes de víctimas en la ciudad. (Ver galería)

Por: Pablo Gentili
Información tomada de Blog El País:

http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2013/06/brasil-mas-democracia-mas-derechos.html

Brasil movilizado (Yasuyoshi Chiba, AFP)

Las recientes movilizaciones que se extendieron por todo Brasil fueron, sin lugar a dudas, inesperadas. Su origen y sus consecuencias escapan a cualquier análisis simplista y precipitado. Nadie, tampoco el gobierno de Dilma Rousseff, imaginaba que se estaba gestando tan alto grado de descontento social y que la manifestaciones callejeras serían el medio identificado por jóvenes y no tan jóvenes para expresarlo. Un descontento que se produce tras una década de conquistas democráticas profundas, caracterizadas por una significativa ampliación de los derechos y las oportunidades sociales, especialmente promovidos entre los sectores más pobres.

Editorial por: José Girón Sierra

Analisa de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

El gobierno ha decidido reabrir la ventanilla  minera a nuevas solicitudes de concesión,  no obstante las advertencias de la Contraloría que a través de un sólido  estudio develó los  grandes riesgos económicos, sociales y ambientales  que se ciernen  sobre el país si el gobierno no replantea su política minera. La academia y las organizaciones ambientalistas  en el mismo sentido han alertado sobre los peligros, en buena parte ya existentes, de una explotación minera irracional y depredadora. Esto ocurre,  en un escenario legal en el cual la única normatividad existente es el permisivo código minero de 2001 o ley 685, ley que es revivida  al ser dejada sin piso legal por la Corte Constitucional la ley 1382 de 2010, en razón de  que el gobierno, por motivos aun no conocidas pero que no dejan de sembrar dudas, no hizo uso de los dos años que le permitían corregir los vacíos constitucionales en la misma.

Fondo de tierras, zonas de reserva campesina y reordenamiento territorial, fueron los principales temas del acuerdo agrario entre el Gobierno colombiano y las FARC, profundizados por alias “Andrés París”, “Ricardo Téllez” y “Victoria Sandino”, durante el segundo foro “Antioquia Dialoga con La Habana” realizado en el Concejo de Medellín y convocado por el concejal, Luis Bernardo Vélez; la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación.

Vía streaming desde Cuba, estos tres delegados de la guerrilla a la mesa de negociación, describieron diferentes puntos del acuerdo Reforma Rural Integral, el cual acordaron con el Gobierno el pasado mes de mayo. Ver aquí el video del foro

También, respondieron varias preguntas del público y de los comentaristas del foro: Alfredo Molano, escritor, sociólogo y periodista colombiano, y Guillermo Rivera Flórez, representante a la Cámara por el partido Liberal.

Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”, miembro del Estado Mayor de las FARC, resaltó los principales aspectos del comunicado conjunto número 18, emitido por las delegaciones del gobierno y la guerrilla, que contiene elementos del informe general de la mesa de negociación.

Las reiteradas vulneraciones de los derechos humanos por parte de grupos armados ilegales en Antioquia, así como la baja cantidad de sentencias de restitución de tierras en el departamento son dos de los principales obstáculos que enfrenta la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en esta región.

Este llamado de atención fue hecho en el Concejo de Medellín por el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez, quien hoy presentó un informe sobre los avances y las dificultades en la implementación de la ley de víctimas–Ley 1448 de 2011- en Antioquia.

Este domingo 23 junio nuevamente las víctimas se movilizarán en el país, en una marcha convocada por la alianza Colombia sin Heridas. La jornada “Las víctimas le caminan a la paz” tendrá lugar en el municipio de Carmen de Bolívar y contará con la participación del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El sitio de encuentro será el aeropuerto El Aterrizaje, en Carmen de Bolívar, donde a partir de las 11 de la mañana se congregarán víctimas de los siete departamentos de la Costa Caribe, así como defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos.

La intención es “respaldar mediante una expresión ciudadana los logros de la Ley 1448 y los avances de la negociación en La Habana”, entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.