*Columna escrita por María Soledad Betancur, socia e investigadora del IPC
Salvador Allende, después de ser elegido democráticamente, asume el poder ejecutivo en Chile el 3 de noviembre de 1970. Su propuesta basada en la equidad, la inclusión y la democracia, asumió como una de sus estrategias, la recuperación de la riqueza de Chile para los chilenos y lo que esto implicaba, nacionalizar los recursos naturales en manos de transnacionales, como el caso de las empresas del cobre.
Las empresas multinacionales veían en esta estrategia del presidente chileno un freno a su codicia y pulsión a la expansión territorial. A esta se acude de manera permanente para encontrar una “solución espacial” a las crisis del capital y que llevan como contracara la “acumulación por desposesión” (categoría acuñada por Harvey), la apropiación de los bienes comunes y la mercantilización de la naturaleza.
Las multinacionales, fueron actores de primera línea en la gestación del golpe de Estado, y corresponsables de las consecuencias sobre la democracia, la vida, la libertad y el respeto a los derechos humanos, no solo en Chile sino en toda América Latina. Así lo denunció el mismo Salvador Allende ante Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972, 9 meses y 7 días antes del golpe militar.
La ITT, gigantesca corporación cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos, y superior incluso al de algunos países industrializados, inició, desde el momento mismo en que se conoció el triunfo popular en la elección de septiembre de 1970, una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura.
Posteriormente, el mundo se enteró con estupor, en julio último, de distintos aspectos de un nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano, con el propósito de derrocar a mi Gobierno en el plazo de seis meses. Tengo en mi portafolio el documento, fechado en octubre de 1971, que contiene los dieciocho puntos que constituían ese plan. Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que, al ser sobrepasado el Gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura.
Discurso de salvador Allende ante Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972
Paradójicamente apenas 40 años después, en el año 2011, Naciones Unidas adopta los llamados principios rectores reconociendo que la relación entre empresas y derechos humanos entraba en la agenda política global.
«La cuestión de las empresas y los derechos humanos entró definitivamente en la agenda política mundial en la década de 1990, como reflejo de la impresionante expansión mundial del sector privado en aquel momento y del correspondiente aumento de la actividad económica transnacional. Esta situación reforzó la conciencia social del impacto de las empresas sobre los derechos humanos y también atrajo la atención de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas (2011). A/HRC/17/31
Por ello las naciones de América latina deberán seguir, como lo han hecho, entre avances y retrocesos en las dos últimas décadas, construyendo un proyecto aliado que mantenga como hilo conductor la reparación de la democracia en la región con la complejidad que esto implica. Por ello adquiere valor la declaración firmada en Chile por el actual presidente de ese país Gabriel Boric “Por la democracia siempre”, a propósito de los actos de conmemoración de los 50 años del golpe militar y suscrita por los expresidentes de este país Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera.
En dicha declaración se comprometen a:
1. Cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho.
2. Enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias, con el bienestar ciudadano en el horizonte.
3. Hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional.
4. Fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias, que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades.
Por ello es indispensable insistir e incidir para que se concrete el acuerdo jurídicamente vinculante sobre “la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas” que seguirá siendo discutido en octubre de este año 2023, en el 36º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Será, además, necesario para profundizar la reparación de la democracia en América Latina.
