Informes Especiales

La reducción de asesinatos en lo que va de 2012 hace que la comunidad recupere paulatinamente la confianza. Sin embargo, ‘vacunas’ y el presunto afincamiento de los ‘Urabeños’ en el municipio, preocupa a analistas y alerta a las autoridades.

• Analistas advierten que fallo de CSJ sienta precedente histórico en el país
• Oportunidad para esclarecer participación de agentes del Estado en el magnicidio

[caption id="attachment_718" align="alignright" width="450"]Jesús María Valle se destacó por sus denuncias sobre connivencia entre paramilitares y miembros del Ejército en graves masacres como El Aro en Ituango.[/caption]La reciente decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de declarar “parcialmente sin validez” el fallo absolutorio contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Osorio Angulo, acusados por la Fiscalía General de la Nación de ser los autores intelectuales del crimen del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, sienta un precedente histórico en el país.

• Este 28 y 29 de junio habitantes de esta zona celebraron “El Despertar del Melcocho”
• Posible explotación minera e hídrica y situación de seguridad, los temas de debate

[caption id="attachment_712" align="alignright" width="450"]Con almuerzo comunitario, jornada lúdica y recreativa, los pobladores de El Melcocho debatieron sobre sus realidades y preocupaciones. Foto: cortesía Corporación Jurídica Libertad.[/caption]A principios de la década de 2000, guerrillas y paramilitares comenzaron a disputarse el control del territorio y en medio de ese fuego cruzado quedaron los campesinos que, sin más opciones, se vieron obligados a abandonar sus parcelas. Pero, luego de cinco años de una cruenta guerra, llegó un momento en que los fusiles se silenciaron y una añorada tranquilidad comenzó a llenar con sus aires la región.

• Más de 50 líderes comunitarios de la cuidad  se encuentran amenazados
• La cifra podría ser mayor pues muchos prefieren no denunciar sus casos

[caption id="attachment_708" align="alignright" width="450"]La situación para los líderes comunitarios de Medellín es realmente compleja: amenazas, destierros y asesinatos se han agudizado en el último año.[/caption]Tanto en Medellín como en algunos municipios del Valle de Aburrá, el trabajo comunitario se convirtió en una actividad altamente riesgosa. Hechos recientes como el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, perpetrado este martes 7 de junio, así parecen demostrarlo. Lo grave, según lo manifestaron líderes consultados por la Agencia de Prensa IPC, es que sus reiteradas denuncias siguen sin ser escuchadas y temen que casos como el de Córdoba vuelvan a repetirse.

• Denuncian excesos y atropellos por parte de esta fuerza de choque
• Policía dice que beneficios por presencia del Esmad son evidentes

[caption id="attachment_705" align="alignright"]Casos conocidos por la Agencia de Prensa IPC revelan que no sólo los estudiantes están siendo afectados por las acciones del Esmad. Trabajadores, empleadas y hasta visitantes han quedado en medio de este situación. Foto Cortesía.[/caption]Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia emprenderán una serie de acciones jurídicas para solicitarle en las próximas semanas a las autoridades respectivas “retirar inmediatamente los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”, que desde el pasado 15 de septiembre de 2010 y por orden expresa del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se encuentran apostados de manera permanente en las inmediaciones de la ciudadela universitaria “a fin de impedir cualquier alteración de orden público que afecte el normal desarrollo de las actividades académicas”.

• Diversos movimientos de víctimas han expresado sus preocupaciones frente a la Ley
• Plantean demandas al articulado y mayor participación  en la reglamentación

[caption id="attachment_698" align="alignright" width="450"]Luego de ser aprobada, la Ley pasará a conciliación entre Senado y Cámara. Se espera que en un mes sea sancionada por el Presidente.[/caption]No han transcurrido 48 horas de haber sido aprobada la Ley de Víctimas por el Congreso de la República y ya comienzan a advertirse serias preocupaciones por parte de las distintas organizaciones que aglutinan a las víctimas del conflicto armado sobre la eficacia y viabilidad que tendrá el articulado.

• Víctimas y ONG insistirán ante las autoridades en cierre de todas las escombreras
• Acusan lentitud en diseño de planes de exhumación, pese a la existencia de recursos

[caption id="attachment_695" align="alignright" width="450"]Se estima que por lo menos 140 personas fueron desaparecidas en la comuna 13 luego de la Operación Orión. Muchas de ellas estarían enterradas en las escombreras. Las víctimas claman por su cierre total.[/caption]Más de 25 calles y por lo menos 250 escalas es la distancia que separa la vivienda de Andrea Mejía, en el barrio Nuevos Conquistadores de la comuna 13 de Medellín, del sitio conocido como las escombreras, donde se presume fue enterrado su hermano Hermey luego de ser sacado de su casa por miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), un 18 de diciembre de 2002.

• Relato de un víctima de despojo que, pese a restitución, no puede regresar a su predio
• Organizaciones de víctimas dicen que casos como este se repiten por todo el Urabá

[caption id="attachment_672" align="alignright" width="450"]Casos como el de José Vicente no es el único en el Urabá antioqueño. ONG que hacen presencia en la región tienen documentado una veintena de casos.[/caption]Pese a que la justicia obró a su favor al restituirle los derechos de propiedad, uso y señorío sobre el predio que le fue despojado violentamente por los paramilitares en los años noventa, José Vicente Manco sigue sin poder retornar a su tierra en el Urabá antioqueño.

•  De acuerdo con analistas, persisten nexos entre la ilegalidad y las Fuerzas Militares
•  Nuevos fenómenos criminales requieren nuevos enfoques en la política criminal

[caption id="attachment_651" align="alignright"]En Medellín, diversas ONG y Personería han manifestado su preocupación por el número de quejas contra miembros de la Policía Metropolitana. Foto:Infobae.com[/caption]Si no se adelantan ingentes esfuerzos de depuración al interior de las Fuerza Pública y si no se adoptan nuevos enfoques en la política criminal, la lucha frontal que acaba de emprender el Gobierno Nacional contra las denominadas bandas criminales (Bacrim) será más larga, tortuosa y dolorosa de lo que se espera.