Informes Especiales

[caption id="attachment_617" align="alignright" width="450"]Aprovechándose de las condiciones de pobreza, los integerantes de las bandas criminales vienen reclutando menores de edad con ofrecimientos económicos.[/caption]En Cáceres, un municipio bañado por las aguas del Río Cauca y puerta de entrada al Bajo Cauca antioqueño, sus pobladores aún recuerdan el momento en que llegó la banda criminal conocida como Los Rastrojos. Desde su llegada, por allá a mediados de 2009, inmediatamente se hicieron sentir.

[caption id="attachment_614" align="alignright" width="450"]El comercio, actividades formales e informales se han visto fuertemente golpeadas por la violencia queazota al Bajo Cauca antioqueño.[/caption]“Paralizado: esa es la palabra, este pueblo está paralizado por la violencia”, dice Juan*, dirigente barrial del municipio de Caucasia, epicentro de una cruenta guerra que libran las bandas criminales en el Bajo Cauca antioqueño. Sus palabras son cortas, precisas, reticentes, máxime si se le pregunta por la situación que vive la localidad por cuenta de la violencia.

[caption id="attachment_608" align="alignright" width="450"]Transportadores, estudiantes, docentes y directivos docentes, líderes comunitarios y religiosos, figuran como los grupos poblacionales más expuestos al riesgo.[/caption]Pese al descenso de los homicidios que ha experimentado la ciudad de Medellín en las últimas semanas, los riesgos para las comunidades barriales no disminuyen. Así lo advierte el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo que a través de su Informe de Riesgo No 016-10 señala que cerca de 298.436 personas que viven en 54 barrios de 11 comunas de la ciudad, se encuentran en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones.

[caption id="attachment_569" align="alignright" width="450"]La Audiencia contó con la participación de más de 1.100 víctimas provenientes de todo el país; desafortunadamente ningún representante de la justicia asistió. Foto: Oscar Henao.[/caption]Mediante un derecho de petición colectivo, las víctimas del conflicto armado colombiano le solicitarán a la Fiscalía General de la Nación que explique las razones jurídicas por las cuales cerca de 41 casos relacionados con violaciones a derechos humanos hoy se encuentren en la más completa impunidad.

[caption id="attachment_354" align="alignright"]"Sediciosos", "traficantes de derechos humanos", "aúlicos del terrorismo", fueron algunos de los calificativos utilizados por el presidente Uribe para referirse a los defensores de DD.HH[/caption]En materia de garantías para los defensores de derechos humanos en Colombia, los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no dejan el balance más alentador.

[caption id="attachment_536" align="alignright" width="450"]Con más de 180 homicidios cometidos en lo que va corrido del año, Itagüí se convierte en el municipio más violento del Valle de Aburrá, después de Medellín.[/caption]“¡No, ni riesgos!, eso por allá está muy peligroso y si me ven con usted después me gano un problema con esa gente. No ve que a las personas extrañas así como usted los detienen los ‘muchachos’ y si no sabe explicar qué está haciendo en el barrio, la puede pasar muy mal. Es mejor evitar”, respondió don Aurelio*, tradicional líder comunitario del barrio Calatrava de Itagüí, al pedido del periodista de recorrer las calles del sector.

[caption id="attachment_531" align="alignright"]Luego de 1.790 versiones libres desarrolladas en el marco de Justicia y Paz, sólo se ha producido una condena.[/caption]Tras cinco años de vigencia de la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, Colombia no ha logrado estándares mínimos de justicia frente los múltiples crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dejando la puerta abierta a dolorosos episodios de impunidad. Asimismo, la vedad sobre el fenómeno paramilitar en el país continúa siendo fragmentada y poco sustancial y con el correr de los días aumenta la incertidumbre sobre los procesos de reparación a las víctimas de las Auc.

[caption id="attachment_529" align="alignright" width="450"]La comuna 13, con 139 homicidios, seguido de la comuna 2, con 102, figuran como las zonas más violentas de Medellín.[/caption]La delicada situación de orden público que padece Medellín por cuenta del enfrentamiento de grupos criminales que se registran en la mayoría de sus comunas, tiene sumida a la capital antioqueña en una crisis humanitaria cuya dimensión aún no ha sido asimilada por las autoridades civiles e incluso, por la propia comunidad.

[caption id="attachment_503" align="alignright" width="450"]Si bien varios de los casos conocidos por la Agencia de Prensa IPC ocurren el Urabá, la situación se repite en todo el departamento. Foto: Surimages.[/caption]Los testaferros, los paramilitares o los narcotraficantes no son los únicos que podrían quedarse con miles de hectáreas de tierra fértil arrebatadas violentamente a los campesinos colombianos en los últimos 20 años. Ahora las entidades bancarias, amparadas en el vacío jurídico existente, esperan recuperar las deudas que contrajeron los desplazados en el pasado con lo único que puede cancelar sus obligaciones: sus predios. 

[caption id="attachment_500" align="alignright" width="450"]El 30 de diciembre de 2006, este mismo sector había padecido un incendio de grandes proporciones. Foto tomada de La Opinión.com[/caption]Para Beatriz*, líder barrial de la comuna 13 de Medellín, pensar que la mano criminal estaría detrás del incendio que arrasó con más de 200 viviendas en el sector de Altos de la Virgen y que dejó más de 700 damnificados, no es algo descabellado ni alejado de la realidad.