“Desescalar el conflicto no solo está representado en el tan anhelado Cese Bilateral entre las partes en contienda militar. También debe estar representado por la garantía efectiva de los Derechos Humanos, principalmente la vida y la libertad.” A esta conclusión llegó el informe de derechos humanos de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano.
En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2015, esta red de derechos humanos documentó 4 casos de violación al derecho a la vida que implicaron la muerte de 5 personas; 7 casos de amenazas y hostigamientos; 1 caso de bloqueo y confinamiento poblacional; 1 caso de señalamiento y agresión física; 1 caso de reclutamiento forzado; 1 caso de detención arbitraria y 1 caso de desplazamiento forzado de al menos 20 personas. A ello, se suman 3 casos de violación al principio de distinción, lo que representa una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Las víctimas de homicidio fueron Gustavo Bañol Rodríguez y su hijo Edwin Bañol Álvarez, baleados el 9 de mayo en Anserma (Caldas), ambos pertenecían al Cabildo Indígena del Resguardo San Lorenzo; Adrián Camilo Meneses, asesinado por el ELN el 28 de mayo de 2015 en Remedios (Antioquia); Héctor Cortes, candidato al Concejo de Segovia (Antioquia) por el partido Cambio Radical, ultimado el 14 de julio de 2015; Eider Alberto Sucerquia Tamayo, tiroteado el 1 de julio de 2015 en Tierralta (Córdoba), por este asesinato el informe responsabiliza al Ejército: Batallón de Combate Terrestre N° 81 de la Brigada XI.
Estas situaciones ponen en riesgo inminente a los líderes y a las comunidades, advierte el informe al denunciar que, durante el periodo estudiado, “se ha dado el aumento de amenazas y asesinatos a dirigentes y líderes políticos, lo que ha evidenciado la falta de garantías en los territorios para la efectiva participación política.”
Las comunidades afectadas están asentadas en el Urabá y el Bajo Cauca antioqueños, el Norte y el Nordeste de Antioquia, el sur de Bolívar, el sur de Córdoba, Caldas y el Magdalena Medio, donde la coordinación agrominera agrupa 13 procesos organizativos.
El informe revela que en estos territorios tienen presencia los grupos posdesmovilización paramilitar: “Rastrojos”, “Urabeños”, “Águilas Negras”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Héroes del Nordeste” y “Clan Úsuga”; las guerrillas de las FARC y el ELN; la Regional N°6 de la Policía Nacional; la Séptima División del Ejército y la Primera División de la Segunda Brigada en el sur de Bolívar.
Sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública el balance indica que se requiere “cambiar las políticas de Estado de persecución, estigmatización, señalamiento, privación de la libertad”, así como promover el ejercicio del derecho a la oposición política, la legalización de la minería artesanal y alternativas económicas reales para la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Por ello concluye que “es urgente y necesario involucrar a TODOS los miembros de la fuerza pública, para que sea con sus acciones que demuestren realmente la voluntad de desescalar el conflicto.”
Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio
La coordinación está conformada por: Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua); Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana); Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC); Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas); Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor); Asociación Campesina de Ituango (Ascit); Asociación Campesina del Norte de Antioquia (Ascna); Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac); Consejo Mayor Comunitario de Porce IV – Anorí, Zaragoza y Amalfi – (CMC-AZA); Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasaj); Movimiento Ríos Vivos; Asociación Campesina de Dabeiba Occidente de Antioquia (Ascoa).