El sonido de una trompeta y un redoblante acompañaron el minuto de silencio con el que se dio inicio al acto protocolario. Militares del Ejército Nacional y desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista -CRS-, se encontraron en el mismo auditorio con el propósito de dar el primer paso hacia la búsqueda de la verdad.
“Con todo respeto y aprecio presentamos a las familias y a la comunidad en general, las más sinceras disculpas públicas, motivados por los actos violentos perpetrados por miembros del Ejército Nacional, como garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición”, leyó el Mayor Alfredo Molina.
Molina se refería al hecho ocurrido en la madrugada del 23 de enero de 2000 en el municipio de Montebello, Suroeste antioqueño, cuando hombres armados y vestidos con prendas militares irrumpieron en el predio La Galleta, con el argumento de que era un fortín de subversivos, y marcaron las paredes de la finca con pintas de las AUC.
Aquel predio era propiedad de la Sociedad Agropecuaria Horizontes de los desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista -CRS-. En este espacio, los desmovilizados tenían siembras de mandarina y aguacate, y la finca se había convertido en un lugar de empleo para los campesinos de la zona.
Aquel domingo asesinaron a cuatro integrantes y socios de la Sociedad Agropecuaria Horizontes: dos exmilitantes, un profesor y un líder cívico; sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de Santa Bárbara. Pero los cuerpos de los dos exmilitantes, Uberney Giraldo Castro y José Evelio Gallo, desaparecieron de la morgue de El Carmen de Viboral. Sin embargo, los actos violentos no terminaron allí. Las palabras de hostigamiento hicieron que 13 socios tuvieran que desplazarse de La Galleta para salvaguardar su vida, y otros, quienes permanecieron, fueron desaparecidos.
Cuatro años después, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, condenó a los militares Humberto de Jesús Blandón Vargas y Sandro Fernando Barrero, miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, como autores responsables de los delitos de homicidio y secuestro extorsivo. Luego, el 7 de mayo de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito obligó a restituir el predio La Galleta a los socios desplazados y allí se ordenó al Ejército Nacional pedir perdón por los daños ocasionados.
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“La grandeza de un ejército que se concibió para defender y proteger a todos los ciudadanos de una nación, hoy se ve manchada por una falla de algunos hombres que con su actuar deshonraron a todo un ejército”, continuó leyendo Molina. “Nuestros soldados son legítimos y transparentes, honorables y honrados, diáfanos y pulcros, somos hombres de honor, soldados de verdad y es en ello en lo que trabajamos cada día. Este es un lamentable hecho y hacemos un homenaje de desagravio, atendiendo así a que se originó un señalamiento al total de una institución como lo es el Ejército Nacional”.


Las lágrimas y la nostalgia estaban presentes en los asistentes del evento, quienes recordaron con dolor aquellos meses de angustia que hoy hacen parte de su memoria.
Pastor Jaramillo habló en nombre de la Sociedad Agropecuaria Horizontes y dijo que hicieron presencia en este acto de perdón para “irnos liberando del resentimiento y para cerrar un pasaje doloroso de nuestras vidas”. Sin embargo, enfatizó en que las instituciones del Estado deben ir modificando estos patrones “y apuntar a una instrucción más humana, para que no se repita, y así pongan otro grano de arena en la construcción de paz”.
Mientras recordaba y detallaba cada uno de los momentos de aquel 23 de enero, las palabras de Pastor se cortaban por las lágrimas y el nudo que se formaba en su garganta.
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Aunque los integrantes fueron restituidos, no olvidan el dolor que sintieron cuando debieron abandonar sus predios: el exilio, las lágrimas, la desesperación y la rabia. Así definió Pastor uno a uno a todos los sentimientos que durante estos 21 años han acompañado a esta sociedad.
A pesar de que reconocen que este es el primer paso para la construcción de paz por parte de diferentes actores de este conflicto, Leonel Sánchez, también integrante de Horizontes, dice que este evento no representa mucho para su proceso como víctima, “porque todo está a medias, no hay nada definitivo. Mientras no aparezcan los cadáveres, seguimos igual. Ellos dan cumplimiento a una sentencia judicial. Esperábamos que así fuera, no esperábamos más”.
Leonel es el papá de Jairo Sánchez, un trabajador de La Galleta que sobrevivió a la toma del 23 de enero de 2000 pero que luego fue desaparecido un año después por hombres uniformados que ni Leonel ni los integrantes de Horizontes saben a qué grupo pertenece.
Para él, hubo dos momentos cruciales que hicieron que este hecho no quedara en la impunidad: el primero, el proceso de búsqueda que hizo para dar con el paradero de los cuerpos de Uberney y Jose Evelio, cuerpos que luego fueron desaparecidos de la morgue de El Carmen de Viboral. Y el segundo, el acompañamiento que tuvieron por parte del Instituto Popular de Capacitación – IPC, “porque ellos estuvieron con nosotros y nos recomendaron qué hacer y ahí fue que denunciamos el hecho”.
Nely Osorno, presidenta del IPC y quien asistió al evento, expresó que la expectativa del perdón que se les daría a las víctimas de La Galleta, “dejó una sensación agridulce porque realmente el Ejército no pidió perdón, solo unas disculpas, y una vez más insistió en que estos son hechos de algunos miembros que hacen quedar mal a la institución. Esperamos que, al menos, atiendan el llamado de las víctimas y se avance en la verdad y digan dónde están los desaparecidos”.
A pesar de que todo sigue a medias para Leonel, no pierde las ganas de seguir trabajando por la búsqueda de los más de 80 mil desaparecidos que se registran en Colombia. “Hay que seguir la lucha porque no solamente son nuestros. Es una lucha que nosotros continuamos hasta que haya una verdadera paz en Colombia”, agrega Leonel.
“Hacen falta más actos como este”, concluyó Jaramillo.