Observatorio de derechos humanos y paz, Instituto Popular de Capacitación (IPC)
La captura el 5 de julio de Gustavo Villegas, quien venía desempeñando el cargo de Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín presidida por Federico Gutiérrez, ha generado un intenso debate en torno a tres asuntos: primero, la responsabilidad penal que le podría caber al exsecretario por sus presuntos vínculos con la organización La Oficina; segundo, la responsabilidad política del Alcalde por los acercamientos de Villegas con La Oficina; tercero, la pervivencia de estrechas relaciones entre sectores de la institucionalidad pública con estructuras criminales, situación que no sería novedosa, pues rememora múltiples casos de vinculación de funcionarios claves de la institucionalidad con actores ilegales.
Varios medios de comunicación, entre los que se destaca El Colombiano; personalidades políticas, como los senadores Álvaro Uribe Vélez y Paola Holguín del partido Centro Democrático; el exasesor de la Secretaría de Seguridad, Jorge Gaviria; y hasta el propio alcalde Federico Gutiérrez, entre otros; han salido apresuradamente a minimizar el proceso que la Fiscalía lleva en contra del exsecretario de seguridad, bajo el argumento general de que éste solo se encontraba realizando labores tendientes al sometimiento a la justicia de integrantes de la organización criminal La Oficina.
Sin embargo, dicha línea argumentativa es bastante cuestionable, toda vez que las imputaciones de la Fiscalía en contra del señor Villegas son mucho más graves: van desde el señalamiento por entregar información privilegiada a varios cabecillas de La Oficina y transar con ellos el control del delito en las zonas en las que ejercen dominio territorial, pasando por pactos con ellos para la devolución de un vehículo y el no cobro de extorsiones a su empresa familiar Surtialimentos, hasta el establecimiento de una alianza para encumbrarlo como el próximo alcalde de la ciudad de Medellín. Si bien todas estas son acusaciones que deberán ser comprobadas fehacientemente en el proceso penal que se adelanta en su contra, y que a él le asiste el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia; son varios los interrogantes que la institucionalidad pública debe resolverle a la ciudadanía en general, los cuales se plantean a raíz de este acontecimiento.
1. ¿Villegas negociaba con una organización criminal inexistente? Resulta bastante paradójico que el señor Villegas se encontrará tratando con La Oficina, cuando claramente afirmó, en repetidas oportunidades, que esa organización criminal no existía en la ciudad. Tal afirmación fue respaldada por José Gerardo Acevedo, anterior comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y por el Director General de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto, para quienes La Oficina no era más que un mito que rondaba el imaginario de un sector de la sociedad. ¿Cuál era la intención del señor Villegas y la Policía Nacional al negar la existencia de La Oficina? ¿Por qué, si se encontraba negociando con un sector de dicha estructura, desviaba la atención sobre los problemas de seguridad, negando su existencia?
2. ¿Un secretario de seguridad negociando con las organizaciones que debe desmantelar? ¿Tenía facultades legales para ello? Igual de paradójico es que el exsecretario de seguridad fuera el encargado de adelantar tales contacto y tratativas, teniendo en cuenta que una de sus funciones misionales es la de articular y coordinar las estrategias tendientes al desmantelamiento de estructuras criminales. Esas actividades claramente colocaban al exsecretario en una contradicción lógica insalvable: o se dedicaba a la desarticulación de las estructuras criminales o negociaba con ellas. Palmariamente este es un problema de coordinación y adecuación institucional, no imputable –al menos exclusivamente- a Villegas, toda vez que debía ser el propio alcalde quien clarificará las competencias y funciones misionales del mismo, dentro de las cuales no podían estar el establecer contactos tendientes a la negociación con organizaciones criminales en la ciudad, máxime cuando esa competencia escapa a la órbita de actuación de una administración municipal, pues solo La Fiscalía General de la Nación cuenta con la autorización constitucional y legal para tramitar el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones criminales activas. Además: ¿Por qué este tema no se había llevado a los debates sobre la constitución del Consejo Municipal de Paz?
3. ¿Y los derechos de las víctimas en los procesos de sometimiento individual ya adelantados? A pesar de la divulgación de información sobre el proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de la ciudad, es bastante problemático que ya se hubiera dado la entrega de al menos ocho cabecillas y miembros de estructuras criminales, como supuesto gesto de paz. ¿Cómo se garantizaron los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas? ¿Qué instancias supervisaron estos procesos? ¿A cuántas víctimas vincularon en procesos de verdad, justicia y reparación?
Igual de preocupante resulta el hecho de que las negociaciones adelantadas fueran parciales, circunscritas a un sector de La Oficina, mientras que otras facciones de esta estructura criminal no estaban consideradas en los procesos de sometimiento, así como tampoco las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –cuya presencia en la ciudad también ha sido negada–, haciendo inviables las garantías de no repetición para las víctimas.
4. ¿Con quiénes se está negociando? Todo parece indicar que además de solo estarse negociando con una facción de La Oficina, dichas tratativas solo incluyen a mandos medios de las estructuras armadas y a los integrantes de bandas y combos, quienes constituyen los nodos inferiores en las redes criminales. Desde el año pasado, el gobierno estadounidense ha incluido en la denominada Lista Clinton a varios empresarios de la región, tales como José Bayron Piedrahita Ceballos y algunos de sus familiares, así como a Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, varios de sus socios y familiares; todos ellos por sus presuntas relaciones con La Oficina, así como por prestar sus servicios a dicha estructura criminal para el lavado de activos a través de sus empresas, e incluso, señalándolos de ser los “patrones” del narcotráfico en la región y el país. ¿El proceso de negociación vinculaba a los auspiciadores, financiadores y altos mandos de La Oficina? ¿O solo se circunscribían a los mandos medios y bajos? ¿Se pretendía dejar impunes a las élites empresariales y políticas vinculadas y beneficiarias directas del accionar criminal de La Oficina? ¿Cuál es la estrategia para desmontar los bloques de poder político y económico que se han beneficiado de las violencias en la ciudad? ¿Se está edificando un proceso de paz contrainsurgente en la ciudad?
5. ¿Cuál era el modelo de negociación? El Alcalde de la ciudad, la senadora Paola Holguín, y el exasesor Jorge Gaviria -entre otras personalidades-, han salido a defender el proceso de negociación con estructuras criminales, argumentando que lo único que se han propuesto es el sometimiento a la justicia de sus integrantes, garantizando que no haya impunidad, pues en el proyecto de ley que están promoviendo, se contemplan penas alternativas y de prisión. No podemos olvidar que ese modelo ya se probó en la ciudad de Medellín con el proceso de negociación con los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, los cuales, a pesar de que algunos de sus integrante purgaron o purgan condenas de prisión o fueron extraditados, no evitó la impunidad ni cesaron los dominios territoriales de las estructuras criminales, pues lo sucedido fue —como lo ha señalado insistentemente el periodista Juan Diego Restrepo— un proceso de unificación de la criminalidad en uno de sus nodos: La Oficina. Sumado a la posterior presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes llegaron a acuerdos con La Oficina para ejercer controles criminales sobre otros territorios de la región.
Hay que recordar nuevamente que la justicia no es necesariamente igual a penas de prisión, y que la impunidad no se presenta porque no se purguen estas. La impunidad puede generarse, como pareciera ser en este caso, a partir de pactos que conduzcan a ciertos integrantes de estructuras armadas y criminales a la cárcel, con beneficios jurídicos, pero sin garantizar la reconstrucción de la verdad, la memoria histórica y la reparación para las víctimas.
Preocupa es que se termine imponiendo un modelo de negociación que le asegure a ciertos sectores absoluta impunidad, permitiéndoles lavar los activos obtenidos por vías criminales, y dejándolos incólumes frente a su responsabilidad penal. Ello puede suceder en el caso de que el proceso de sometimiento a la justicia solo se concentre en desarmar a las bandas y combos, así como a los denominados coordinadores de zona de las estructuras criminales; o solo desmantelando algunos escenarios que originan rentas ilegales —el empresariado de protección violenta—, pasando por alto a los bloques de poder político y económico que, además de promover, financiar y auspiciar estas formas expresivas de violencia, se han beneficiado de ellas, a costa de graves violaciones a los derechos humanos.
De lo que se ha conocido del proyecto de ley que piensa promover la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, más allá de algunas alusiones, no se logra vislumbrar cuáles van a ser los procedimientos, mecanismos e institucionalidad que van a asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La verdad queda supeditada a lo que se logre reconstruir en el escenario de los procesos penales, y la reparación a las víctimas se circunscribe a reparaciones materiales, dejando a un lado otro tipo de medidas de satisfacción o reparación simbólica, igual de importantes para las víctimas.
Asimismo, la participación de las víctimas solo sería posible en etapas avanzadas de la negociación con miembros de las estructuras criminales —bien sea individual o colectivamente—, y su reconocimiento queda supeditado a la declaración que de ello hagan los victimarios. No es claro cuál será la institucionalidad que se encargará de los procesos de reparación integral, en los casos en los que los victimarios no cuenten con los recursos para ello. ¿La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) jugará algún papel en estos procesos? ¿Se tendrá en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha obligado a incluir en los registros de la Uariv a víctimas de estas estructuras criminales?
Preocupa sobremanera que solo se proponga reconstruir una verdad y una memoria judicial. Medellín y el Valle de Aburrá requieren una reconstrucción de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado y las violencias, mucho más amplias, con un mayor debate público y participación ciudadana, que involucre a amplios y diversos sectores de la sociedad. Todo esto tendiente a develar y desmantelar todas las relaciones que han sostenido sectores de la institucionalidad pública, los gremios económicos y demás actores de poder, con el crimen organizado; de tal forma que se logren superar prácticas ilegales y criminales que no han permitido la construcción del Estado Social de Derecho en lo local, para superar de manera colectiva y transparente los diferentes conflictos socioeconómicos que no permiten el goce efectivo de los derechos humanos de la población.
6. ¿Qué lugar ocupan los casos de violencia política y las víctimas colectivas? A pesar de que varios políticos y medios de comunicación, así como algunos prestantes académicos, han pretendido bajarle el perfil a las estructuras criminales que actúan en la ciudad y la subregión; lo cierto del caso es que organizaciones como La Oficina y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son responsables —actual e históricamente— de múltiples casos de violencia política que han producido, con víctimas individuales y colectivas, lo cual demuestra las insuficiencias del proyecto de sometimiento a la justicia que se ha gestado, toda vez que el mismo parte del falso presupuesto que se está negociando y sometiendo solo a criminales organizados con finalidades meramente económicas, circunscritas a la obtención de rentas a través de la coerción.
En el caso del movimiento social de derechos humanos y paz, este ha sido agredido, amenazado, intimidado y acosado por los actores armados con los que se pretende negociar, lo cual no ha pasado por finalidades económicas, sino políticas, esto es, en busca de truncar la agenda de defensa y promoción de los derechos humanos que las diferentes organizaciones que hacemos parte de dicho movimiento realizamos cotidianamente. Esto ratifica que el modelo de negociación fraguado por la administración municipal, y respaldado por el partido Centro Democrático, pretende borrar cualquier rastro de responsabilidad imputable al bloque de poder dominante en la región, con los procesos de sometimiento a la justicia que quieren imponer, garantizando la impunidad para aquellos sectores políticos, económicos y sociales que se han beneficiado de la violencia ejercida contra actores de la sociedad civil y de partidos políticos alternativos, que han pretendido promover agendas divergentes a las que tradicionalmente se han impuesto.
No se trata de otorgar un estatus político a los actores del crimen organizado en la ciudad, pero sí de reconocer que han sido actores con gran incidencia en la construcción del orden social, político y económico en el cual vivimos: sin ellos, los actores hegemónicos de poder no estarían en el sitial que se encuentran hoy. El reconocimiento político —limitado y matizado—, que se haga del accionar de las estructuras criminales presentes en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, debe conducir a develar todas las conexiones entre la ilegalidad y la institucionalidad pública, a fin de cortar las mismas y edificar condiciones democráticas de no repetición de esas prácticas.
7. ¿En el limbo la seguridad en Medellín? Las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación en contra del exsecretario de seguridad, han puesto en cuestión varios de los pregonados resultados de las políticas de seguridad, toda vez que —de comprobarse la veracidad de tales acusaciones— estos no serían sino la consecuencia de una serie de acuerdos ilegales entre la institucionalidad pública y el crimen organizado en Medellín, tendiente a la reducción artificial de ciertos indicadores, lo cual generaría mutuos beneficios: para la Alcaldía de Gutiérrez, presumir de sus ejecutorias, mostrándolas como exitosas; para las organizaciones criminales, demostrar falsos gestos de paz para obtener beneficios jurídicos en los procesos de sometimiento a la justicia. En suma, poniendo en un grave riesgo la legitimidad de las institucionalidad pública local y la vigencia de los derechos humanos en la ciudad.