Como era de esperarse, la justicia colombiano tomó la decisión de dar por terminado el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Salvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue nuevas medidas de protección que sí se hagan efectivas y no sean ignoradas por el Gobierno Nacional como ha ocurrido hasta ahora, la sanción impuesta por la Procuraduría seguirá siendo efectiva y los sectores de la elite bogotana, beneficiaria desde hace un buen rato del jugoso presupuesto distrital y herida en lo más profundo por quien develó sus prácticas corruptas, habrán logrado su objetivo, no sólo de impedir que gobernara si no de imponer una sanción por un hecho que, guardadas las proporciones, debería tener en iguales situaciones a no pocos funcionarios del Estado.
Pero no es objeto de este análisis el trasfondo ideo-político que subyace en las decisiones de la Procuraduría bastante implicado a lo largo de este proceso, en la cual al Alcalde le ha tocado defenderse como gato patas arriba. Queremos ocuparnos del papel en general de los medios, y lo digo en general, pues fueron muy pocos los que practicaron la subjetividad, incluso aquellos columnistas que han posado de independientes, como Daniel Coronel y Salmón Kalmanovitz, en sus columnas se han sumado al coro de las grandes empresas de los medios ocupadas con saña en rastrear todo lo malo que ocurre en Bogotá para fundamentar que Gustavo Petro es lo peor que le ha ocurrido a la ciudad capital. Esta versión, violenta la realidad y le hace el juego a esta elite corrupta que se prepara desde hace rato para recuperar la tajada del jugoso presupuesto antes aludido.
A Coronel en su última columna por ejemplo, le preocupa más el lugar al cual han llegado las contradicciones entre Gustavo Gómez de Caracol y Holman Morris director del canal Capital y no las razones por las cuales el Canal Capital se vio en la necesidad de salir bajo unas condiciones completamente adversas, a intentar mostrar otras facetas de la realidad. Acá la exigencia era ante todo de orden ético y de la más elemental justicia. Ningún medio excepto canal capital cubrió por ejemplo, el informe de gestión del Alcalde, eludiendo una gran oportunidad para quienes dicen ocuparse de la objetividad de contar de primera mano de las realizaciones o de los vacíos de una administración y sobre todo, para confrontar democráticamente desde los hechos una gestión en nada perfecta pero que, aún bajo el cerco que se le tendió, logró poner en marcha su plan de gobierno por el cual votaron los bogotanos. En ello, fue más que evidente la mala fe.
Ha sido dominante en los medios la vulgarización de la convocatoria a la movilización social hecha por el Alcalde para defenderse de la arbitrariedad. Desde sembrar dudas por quién financia esto, se ha llegado hasta ridiculizar la propuesta llamada socialismo del siglo XXI como lo hace Salomón Kalmanovitz en su artículo “En defensa de lo público”; a partir de considerar que ha sido este modelo de gobierno el que se ha impulsado por la izquierda en Bogotá y por lo tanto el responsable de sus desdichas. Nada más lejano a la verdad. Kalmanovitz omite que el socialismo del siglo XXI tiene sus corrientes en donde procesos como los de Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, que le están mostrando al continente, aún bajo el dominio del modelo neoliberal en el mundo, que es posible lograr altos indicadores de inclusión y enriquecer la democracia a partir de fortalecer lo público. ¿Qué es para Kalmanovitz lo público? ¿Será mantener la lógica privatizadora neoliberal? ¿Volver al Estado, en cabeza del distrito, el manejo de las basuras no es acaso fortalecer lo público? Bien valdría la pena que en uso de la declaración de independencia de los columnistas de que ha hecho mención y que nos merecen el mayor respeto, se ocuparan críticamente del informe de gestión que recientemente presentó el Alcalde Petro y de esta manera sí informar y no desinformar.
Resulta finalmente ofensivo proponer, como se hace a diario desde los medios y desde estos sectores de la elite bogotana, que en aras del respeto que se debe a la legalidad se acepte sin más la decisión de una Procuraduría que ellos mismos consideran desproporcionada e injusta. Es esa misma legalidad: que tiene a los responsables de Interbolsa pagando casa por cárcel, que evade responsabilizar los crimines de lesa humanidad cometidos por quienes han ocupado altas dignidades del Estado, que permite que lleguen al Congreso candidatos que de manera directa o indirecta han estado ligados al paramilitarismo. Es esa misma legalidad de la cual ha hecho uso, utilizando todo tipo de artimañas jurídicas, el ex ministro Fernando Londoño, quien funge hoy como Senador electo y a quien se le ha permitido no devolver los 145 millones de acciones de Invercolsa adquiridas fraudulentamente.
¿De dónde acá el derecho a la defensa se ha convertido en un abuso, aún habida cuenta de lo que ronda en el aparato de justicia? El alcalde Petro lo que ha hecho es defenderse con los instrumentos que le ofrece la legalidad y es por ello un ejemplo de civilidad, lo cual marca diferencia de la manera como proceden no pocos de los que hoy forman de hecho ese bloque opositor.
Hechos como la masacre de la Unión patriótica, lo ocurrido con Gustavo Petro, entre otros, y la opinión bastante generalizada de que a las FARC no les queda si no la entrega de las armas y la cárcel, indican lo lejos que nos encontramos de una Colombia reconciliada.
José Girón Sierra
Marzo 17 de 2014
Observatorio de DDHH-IPC
