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El Catatumbo: un territorio en disputa (II)

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Foto: EFE

Editorial por: María Soledad Betancur Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

¿Por qué a 47 días de movilización de los campesinos del Catatumbo no se llega a un acuerdo entre movimiento social y Gobierno? ¿Por qué si una ley promulgada desde 1994, crea las zonas de reserva campesina, el Gobierno no acepta la propuesta de constituir la región del Catatumbo en una zona de reserva campesina?

Lo primero que habría que decir es que lo que se disputa en esta subregión del Norte de Santander es el control de su suelo y su subsuelo. Un mapa de tierras ricas en petróleo y biodiversidad que históricamente han sido una base de la producción petrolera en el país y que según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), es la que más estaría aportando hoy al volumen neto de reservas identificado en el país. Los agro negocios son los otros que vienen en una profunda expansión en la última década, especialmente con el cultivo de palma de aceite y por el lado de la minería, 751 títulos mineros otorgados, esto para el caso de todo el departamento del Norte de Santander ubicados en 295.030 ha.

 


El petróleo

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hablando de reservas petroleras,  “el área del país que más volumen aportó al aumento neto de 118 millones de barriles durante el 2012 fue el Catatumbo, que abarca el departamento de Norte de Santander, con 31 millones de barriles (115% más), seguida de los Llanos Orientales, con 24 millones de barriles (avance del 2%), y las cuencas de la Cordillera Oriental y el Valle Medio del Magdalena, que aportaron 23 millones de barriles cada una”[1]. De igual manera, el reporte entregado por la ANH el 23 de enero muestra para la zona del Catatumbo 405.416,169 ha. en explotación, 121.488,326 ha. en producción y 90.080,326 ha. disponibles, que en total suman unas 616.985 ha. Las empresas a las que les fueron adjudicados contratos para estas áreas son ECOPETROL S.A., SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LIMITED, WELL LOGGING LTDA, MOMPOS OIL COMPANY INC,TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED y PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP; las zonas disponibles están bajo control de la ANH[2]. Así entonces, el Catatumbo seguirá siendo una zona estratégica para la producción de petróleo.


La palma africana un cultivo en expansión

Después del petróleo y la minería, la palma se configura como una de las actividades económicas más fuerte de la región, los cultivos se expanden fundamentalmente a lo largo del municipio de Tibú. En el Norte de Santander se afirma que hay sembradas 17.000 ha. de palma, una producción que se espera pase a 50.000 ha. en unos 5 años. En el año 2012 nace la procesadora de palma en Campo Dos en el municipio de Tibú, proyecto que hace parte de la estrategia de expansión del cultivo de la Promotora Hacienda las Flores, que se configura como socio comercial de los pequeños palmicultores del Catatumbo. De esta “empresa promotora” es presidente Carlos Murgas Guerrero que opera el proceso de producción de palma con el modelo propuesto por él mismo, cuando era ministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana, y que se denomina de “Alianzas Productivas”. Este modelo promueve la asociación de los pequeños productores que ponen tierra, trabajo y capital, gestionado este último a través de créditos por la empresa promotora, que presta además servicios de asesoría técnica y que obliga a los pequeños productores a venderles el producto; de esta venta les son descontados automáticamente la amortización de los créditos y los costos de los servicios prestados por la promotora.

Vale la pena anotar que en la estructura de costos de producción del aceite de palma, el mayor costo está en la fase de producción, al igual que los mayores riesgos. Así entonces la promotora queda con el negocio pulpito de la comercialización, mientras los pequeños productores aportan todo el riesgo, su tierra y su trabajo en cultivos de tardío rendimiento que por lo menos en los primeros 4 años no les proveerá ningún ingreso. En un estudio realizado por la misma Fedeplama y USAID, en torno a este modelo de alianzas estratégicas –del que son impulsores-, una de las conclusiones plantea que “El 30% de los núcleos productivos de las Alianzas tienen serios problemas de productividad y tendrán muchas dificultades para pagar las deudas. Se recomienda tomar desde ahora las medidas técnicas y financieras para mitigar el impacto en las Organizaciones de Productores”. (Informe final, estudio de palma africana a nivel nacional)

Un proceso de “acumulación por desposesión”, desposesión de su autonomía económica y del patrimonio y riqueza que sus pocos bienes les podrían proveer. En un estudio sobre este modelo realizado en el caso de María la Baja, donde opera el modelo la misma promotora, se afirma que:

“La posición de la promotora en la alianza productora la convierte en un agente monopólico y predominante en cada momento de la cadena productiva en tanto es el único vendedor de la semilla y de paquete técnico y es el único comprador y procesador. El efecto de esto es que este actor impone las condiciones en el precio del paquete técnico, es decir, agro-insumos, abonos y asistencia técnica, y el pago por el volumen de aceite extraído de la fruta estipulado en el contrato de administración. Esto puede estar llevando a varios cultivadores a quejarse por el bajo beneficio que ven en el pago después del descuento de los costos enunciados, como lo comenta un actor en los siguientes términos:

Hay que estudiar qué no funciona bien, hay agricultores que se sienten perjudicados ya que cuando hacen los cortes mensuales, hay veces que ellos reciben un pago que no alcanza para la subsistencia de ellos. Los fertilizantes que manda la empresa muchas veces son revendidos. Lo que le traen para el cultivo para poder subsistir lo tienen que revender, sin embargo a ellos se los cobran a precios altos (Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María, 2009, entrevista)”. (Gómez López, Andrés Orlando. Palma de aceite y desarrollo local: implicaciones en un territorio complejo. 2010. Página 75)

Con seguridad este tipo de “alianzas productivas”, con ese esquema de expropiación, nunca cabrían en la propuesta de reserva campesina. Esto sin contar los niveles de endeudamiento al que se lleva a los campesinos y el costo en cuanto a soberanía alimentaria, pues se pasa de producían de alimentos a monocultivos para la producción de combustibles. Asociar a los productores como esquema para concentrar riqueza no podrá ser nunca un proyecto atractivo para comunidades campesinas que reclaman tierra, territorio y autonomía económica. En la agenda del Catatumbo este sería uno de los esquemas que se debería revertir para configurar nuevos esquemas de producción y distribución de riqueza en el marco de la Zona de Reserva Campesina.

Por ello seguimos afirmando que la razón central por parte del Gobierno para no aceptar la propuesta de configurar al Catatumbo como Zona de Reserva Campesina, como proyecto para la equidad, la inclusión y la defensa del medio ambiente, es porque riñe con el modelo primario exportador que impulsa el actual gobierno, pues allí el actor clave son los grandes empresarios. Los sujetos sociales, campesinos, organizados y movilizados, en este caso, son expropiados a través de diversas estrategias de sus bienes y del producto de su trabajo y se deberían conformar, según el Gobierno, con unos cuantos empleos temporales y algunas otras necesidades básicas que les haga más soportable la pobreza y la exclusión.

Estos conflictos nos hacen cada vez más ver el fondo del profundo conflicto social por el que atraviesa el país y que requiere cambios profundos para la democracia social, política y económica, políticas en las que los derechos humanos deben ser el mínimo punto de partida para avanzar en la construcción de un proyecto distinto de país.



[2]Fuente: Datos extractados de ANH. filtrado de Listado de áreas Ener. 23 de 2013(ECXEL). Disponible en http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1

 

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.