En mayo de 2023, el Instituto Popular de Capacitación – IPC y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) firmaron un convenio asociativo con el objetivo de fortalecer la participación en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la identificación de sitios de interés forense y elaboración del diagnóstico de algunos cementerios en estas subregiones de Antioquia. Durante los 7 meses de ejecución del proyecto, se lograron documentar más de 67 casos de las 3 subregiones y 60 familias buscadoras, entre 1983 y 2011.
“Para el IPC este es un acto muy importante sobre todo por las cualidades humanitarias de este encuentro. Son seres que tienen la esperanza de poder hacer el duelo, de encontrar los cuerpos de sus seres queridos, y este esfuerzo conjunto nos permite hoy avanzar en ese propósito”, explica Carlos Zapata, presidente de esta institución.
Al encuentro asistieron más de 20 familias buscadoras de las tres subregiones en las cuales se desarrolló el convenio. Una de ellas es Aurora Bermudez*, una mujer de El Bagre que tiene a su esposo desaparecido hace más de 30 años y llegó al espacio con la ilusión de continuar su proceso de búsqueda de la mano de otras familias que aún están a la espera de saber qué pasó con su familiar desaparecido.
A pesar de que han pasado tres décadas, solo hasta hace un año comenzó el proceso de búsqueda, pues siempre encontró trabas y reprocesos en entidades del Estado como la Fiscalía, Policía o Medicina Legal.
“Mi esposo desapareció en los años 80, en el municipio de Tarazá. Él no era de la zona pero la necesidad de un trabajo lo llevó allá. A él lo mataron y me dijeron que sus restos los habían enterrado a orillas de un río, pero sabemos que es difícil encontrarlo. Yo llegué a este proceso el año pasado gracias al convenio previo entre el IPC y la Embajada de Francia”, narró Aurora.
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Para ella, este tipo de espacios y convenios permiten que las víctimas puedan ser escuchadas, compartir con otras madres y familiares que están viviendo un duelo similar y conocer otras experiencias de búsqueda que les permita trabajar de manera conjunta y unida: “mi mayor logro ha sido vincularme a este proceso de búsqueda. Yo solo espero tener el cuerpo de mi esposo, darle cristiana sepultura y que mis hijos puedan ir a visitar los restos de su papá”.
Según Gloria Araque, oordinadora territorial de la UBPD en Medellín, Antioquia tiene la cuarta parte de las personas desaparecidas en Colombia, lo que implica un reto y la unión de todas las entidades y organizaciones en el proceso de búsqueda.
“En ese territorio tenemos un universo de personas desaparecidas de aproximadamente 4.280 personas y tenemos un subregistro muy grande de solicitudes de búsqueda porque ni siquiera tenemos 400 registros, entonces el aporte es muy valioso porque permite reducir esa brecha. Además queremos llegar a más gente e invitar a más personas para que se acerquen a la Unidad o a estas instituciones a presentar solicitudes de búsqueda porque es la puerta de entrada”.
El convenio también tuvo como propósito el diagnóstico de los cementerios municipales de Peque y El Bagre, en cinco dimensiones: gubernativa, jurídica, espacial, poblacional y funcional, con el propósito de determinar la ubicación de cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR). De allí se realizaron seis cartografías sobre los cementerios veredales y corregimentales, administrados por las comunidades o Juntas de Acción Comunal .
Respecto a esto, Zapata explicó que “logramos identificar sitios de interés forense, llamando la atención los cementerios veredales y corregimentales porque básicamente no los tienen las iglesias, no los tienen las alcaldías, sino las Juntas de Acción Comunal y ahí entonces encontramos que deberíamos explorarlos porque reposan cuerpos que muchas veces no aparecen en los registros y podrían ser un indicio de personas desaparecidas”.
Así mismo, se identificaron 12 sitios de interés forense a campo abierto referidos por las comunidades, en donde se presumen inhumaciones de cuerpos desaparecidos en el marco del conflicto armado. De estos, cuatro se ubican en Occidente, nueve en Bajo Cauca y uno en el Norte. Con esta información se pretende dar cuenta del estado del camposanto y la cantidad de CNI y CINR que reposan en el lugar para una posible y posterior recuperación.
Este tipo de convenios entre la Unidad de Búsqueda y organizaciones sociales como el IPC fortalecen el trabajo de la búsqueda y contribuyen a la identificación de sitios de interés forense y aportan información valiosa para la búsqueda.
