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En Bajo Cauca temen que se desate una crisis humanitaria como en el Catatumbo

La avanzada paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC, que inició el 28 de diciembre de 2024 en las veredas que conectan al Sur de Bolívar, Segovia y El Bagre, ha dejado a más de 450 personas desplazadas y confinadas en las montañas de la Serranía de Lucas y el municipio de El Bagre, en Antioquia.

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Desde el 28 de diciembre de 2024, organizaciones sociales reportaron la avanzada de las AGC hacia las veredas El Socorro y Bocas de Chicamoqué, del municipio de El Bagre, ubicadas en límites con Segovia y Sur de Bolívar, en donde amenazaron y retuvieron a la población rural. Al día siguiente, el 29 de diciembre, se presentó un enfrentamiento entre las AGC y las disidencias de las Farc que generó el desplazamiento de las comunidades hacia la vereda Mina Nueva, en Segovia, y hacia el resguardo indígena Los Almendros, en El Bagre.

La alerta emitida por la Mesa Humanitaria de Paz de Antioquia, el Proceso Social de Garantías y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, afirma que el ejército no ha garantizado la protección ni el bienestar de las comunidades afectadas: “el ejército solo intervino el pasado 4 de enero de 2025; sin embargo, lo hicieron vulnerando la autonomía y neutralidad del territorio de la comunidad indígena. La autoridad étnica ha denunciado que el ejército realizó cuatro desembarcos de tropas dentro del territorio, generando un aumento en el nivel de riesgo de la población que allí habita”. 

Posteriormente, el 14 y 15 de enero de 2025, continuó la avanzada paramilitar y se presentaron enfrentamientos con el ELN en la vereda Minguillo del Sur de Bolívar, los cuales dejaron varios muertos de estos grupos armados y decenas de familias que debieron desplazarse hacia el municipio de El Bagre, en donde el 17 de enero, la administración municipal informó de la llegada masiva de familias desplazadas de las veredas Los Tomates y Altos de las Brisas, pertenecientes a los municipios de Montecristo y Santa Rosa, en el Sur de Bolívar. 

Gran parte de estos territorios ubicados en la Serranía de San Lucas solo tienen vías de acceso que las comunica con los corregimientos de Puerto López, en El Bagre, y con zonas veredales de Segovia, dos municipios de Antioquia en donde las comunidades hoy temen que se desate una crisis humanitaria similar a la que está ocurriendo en el municipio de Catatumbo, en donde se reportan 40.400 personas desplazadas, según el boletín del Puesto de Mando Unificado (PMU).

La presencia del Frente 33 de las disidencias de las Farc en esta zona de Antioquia y Bolívar, misma columna que hoy opera en el Catatumbo, y la ruptura de los acuerdos entre estas disidencias y el ELN, sumado a la avanzada paramilitar en la zona, han sido las alertas que hoy ponen a las comunidades entre la espada y la pared, en un escenario en donde las autoridades nacionales y locales no han brindado garantías de protección a quienes continúan en el territorio.

Presencia de actores armados ilegales en Antioquia. Fuente: Observatorio de DDHH y Paz del IPC
Presencia de actores armados ilegales en Antioquia. Fuente: Observatorio de DDHH y Paz del IPC

Para Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación – IPC, la convergencia de estos tres grupos armados en esta zona responde a los intereses económicos estratégicos que allí existen: producción de coca, minería aurífera y extracción ilícita de madera, rentas ilegales que son bastante atractivas y lucrativas para estos grupos armados. 

“Además de esto, esta zona en particular, pese a no tener vías de acceso o de comunicación, es como una glorieta que conecta lo que llamamos el Valle de Guamocó, que ha sido una zona de producción de oro en el Sur de Bolívar; al interior de la Serranía de San Lucas, que conecta con Puerto Claver, en El Bagre, y su salida hacia Nechí y demás rutas del narcotráfico; al centro de Antioquia con la región del Nordeste; y finalmente, la ruta de narcotráfico que ha ampliado el Frente 33 de las disidencias de las Farc que conduce hacia el Catatumbo y la frontera con Venezuela, para su proyección hacia Haití y Norte América, principalmente Miami”, afirma Zapata. 

Fuentes cercanas a la Agencia de Prensa del IPC informan que en la avanzada paramilitar, las AGC está dejando minas antipersonas, que hasta el momento han afectado al ganado, y están utilizando cilindros que rellenan con metralla y otros insumos de alto poder para atacar al ELN y a las disidencias. Sin embargo, muchos de esos cilindros no han alcanzado a explotar y continúan expuestos en carreteras de la vereda El Socorro, poniendo en riesgo la vida de los pobladores que aún se movilizan por la zona.

“Hemos hablado con la ONU, ACNUR y MAPP/OEA, para que hagan eco de esta vulneración a los derechos humanos. Sabemos de la situación que está viviendo la población del Catatumbo, y que en el Bajo Cauca limitamos con el Sur de Bolívar y Santander, o sea, que el Frente 33 de las disidencias también limita con nosotros, y la voz y los comentarios que corren es que la guerra se puede ampliar. Ese es el miedo que tenemos”, afirma un campesino que se encuentra en el refugio humanitario de Los Almendros.

Hoy, más de 270 personas están en este refugio humanitario en medio de la zozobra e incertidumbre. A pesar de que han recibido ayuda en alimentación y artículos de aseo personal por parte de la Cruz Roja, los países noruegos, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías locales, las comunidades desplazadas y confinadas hacen un llamado a las fuerzas públicas y al gobierno nacional para que ponga los ojos en el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, ante la avanzada paramilitar y la disputa por el control territorial.

Desde el IPC, se hace un llamado urgente a encender las alarmas en esta población que hoy está pasando de agache en las agendas nacionales. Acciones de prevención logística para atender una posible crisis humanitaria en este corredor estratégico permitirían mitigar posibles hechos violentos que atentan contra la vida y la integridad de las poblaciones. 

“El llamado es a aprender las estrategias preventivas. Es urgente convocar un Comité de Justicia Transicional y encender el Plan de Atención Territorial para este tipo de emergencias como el desplazamiento masivo. También es necesario que la Fuerza Pública tenga un control efectivo porque los grupos armados ilegales se están moviendo con toda tranquilidad y se están encontrando entre ellos, provocando confrontaciones armadas en donde la población queda en medio y tienen que verse confinadas o desplazadas -expone Zapata-. Y finalmente, un llamado a todos los actores armados, legales e ilegales que están en el territorio, a que respeten el Derecho Internacional Humanitario, sobre todo los trece mínimos humanitarios que hemos venido promoviendo desde la Mesa Humanitaria de Antioquia”.

Daniela Sánchez Romero
Periodista de la Universidad de Antioquia. Me interesan los tema de cultura, memoria, paz y derechos humanos.