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En la democracia colombiana exterminaron a más de seis mil personas de izquierda

La Corte Interamericana de Derechos Humanos puso fin a décadas de negacionismo del Estado colombiano y lo condenó por su responsabilidad en la muerte, victimización y estigmatización de los miembros de la Unión Patriótica. Una sentencia ejemplar.

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Fue el exterminio de más de seis mil personas entre 1984 y 2006, de 521 casos de desaparición forzada, 3170 ejecuciones extrajudiciales (entre estos siete niñas), 1596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio. Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); puso fin a décadas de negacionismo y condenó al Estado por su responsabilidad en la muerte, victimización y estigmatización de los miembros de la Unión Patriótica.

“La Corte indicó que es posible concluir que existen claros patrones de participación estatal tanto de manera directa como mediante actos de aquiescencia, tolerancia y colaboración en los hechos de violencia sistemática con los integrantes y militantes de la UP,” dice la sentencia.

La Corporación Reiniciar fue peticionaria del caso desde 1993. Luz Stella Aponte, su directora, dice que es una decisión en la que por fin hay justicia con las víctimas, al reconocer que fueron más de seis mil víctimas que Reiniciar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificaron. “Durante todo el alegato el Estado fue muy displicente con las víctimas, las negó, dijo que no teníamos información suficiente, nos puso la carga de probar los hechos”, dice. 

Si bien en la audiencia pública el Estado solo reconoció 219 víctimas, lo cierto es que la Corte les dio la razón a las miles de víctimas. Como el Estado no previno e investigó la violencia, esto operó como una “forma de tolerancia generalizada y estructural” ante los hechos de violencia, y estas “llegaron a ser de un grado tal que implicaron una conducta estatal que propició la impunidad, al punto de constituir una forma de tolerancia sistematizada”.

Para la Corte es un “crimen contra la humanidad”, porque las acciones, omisiones y complicidad del Estado para aniquilar a la UP se configura como un crimen de lesa humanidad.

El senador Iván Cepeda dice que esta sentencia implica que el Estado tenga que hacer un esfuerzo por superar la impunidad de décadas sobre el genocidio, por otra parte, “es una decisión que tiene un hondo significado ético y político. Ni más ni menos, el reconocimiento ante el mundo de que Colombia, que se ha preciado de ser una democracia ejemplar, en su historia reciente tiene un genocidio político. Es decir, es una severa impugnación a la democracia colombiana.”

Impunidad y negacionismo

En 2013 la Fiscalía dijo que existían 265 sentencias de condena por hechos relacionados con el exterminio de la UP, sin embargo, la Corte aseguró que era clara la “ausencia de investigación y persecución penal de los hechos”,  que las investigaciones “no fueron efectivas” y se caracterizaron por “altos índices de impunidad”.

Entre las medidas de reparación, dice la Corte, está iniciar, impulsar y reabrir investigaciones en un plazo no superior a dos años y concluirlas en “un tiempo razonable”. Luz Stella Aponte considera que es importante esta decisión, pues los casos “están durmiendo en los anaqueles” y la verdad está “saliendo a cuentagotas en la JEP”, “la Fiscalía nos ha tenido años y años dando información sobre condenados, pero condenan solo a los que accionaron las armas. Creo que esta medida de investigar es una de las más importantes”. Para ella está claro que la persecución a la UP provino de órdenes que salieron de la Brigada 20 (B-20), desmantelada en 1998, del batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Lozano y del DAS, liquidado oficialmente en 2011.

Además de la investigación, la Corte ordenó la búsqueda de las víctimas desaparecidas, brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas, difundir la sentencia, hacer un acto público de reconocimiento y establecer el 11 de octubre como día de solidaridad por las víctimas de la UP.

Impacto en la democracia

La UP se constituyó como organización el 28 de mayo de 1985, luego de un proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC, y participó en las elecciones para corporaciones públicas un año después. 

“Diversos sectores sociales y actores políticos convergieron a la UP en las diferentes escalas: nacional, regional y local. Por un lado, para hacer parte activa de procesos de transformación política y socioeconómica, lo cual era un incentivo importante consignado en los acuerdos de paz. Por otro, y, sobre todo, existía la posibilidad de sacar de la marginalidad a la izquierda y superar el conflicto armado”, dice el informe Todo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2022, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En las elecciones de 1986 y 1988, la UP emergió como la tercería ante los partidos políticos tradicionales, gracias a sus resultados locales y regionales que cambiaron el balance bipartidista impuesto por los partidos Liberal y Conservador. Agrega el citado informe que la reacción violenta contra la UP, “fue determinante para que pronto perdiera el terreno ganado en los primeros momentos”. Y la violencia acompañó su trayectoria política hasta la suspensión de la personería jurídica en 2002 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual fue regresada en 2013, gracias a una sentencia del Consejo de Estado. 

El senador Cepeda agrega que la sentencia plantea un reto importante para profundizar y ampliar la democracia en Colombia, “para superar la violencia en la política, para acabar el conflicto armado por la vía pacífica, para respetar a la oposición política, sus dirigentes, integrantes. La sentencia pone fin a una discusión de años en la cual se había impuesto el negacionismo del Estado, intentando borrar la memoria de las víctimas y, por el contrario, ha quedado afirmada esa memoria y esa realidad.”

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Juan Camilo Gallego Castro
Periodista de la Universidad de Antioquia. Autor de los libros "Aquitania. Siempre se vuelve al primer amor" (Sílaba Editores, 2016) y "Con el miedo esculpido en la piel" (Hombre Nuevo Editores, 2013). Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera D (España), El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista!, Universo Centro y Hacemos Memoria.