Inicio Derechos Humanos En materia de seguridad, Medellín requiere políticas más integrales

En materia de seguridad, Medellín requiere políticas más integrales

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El concepto de seguridad humana lo acuñó por primera vez el Pnud, en 1994, tras plantear cambios en el paradigma de la seguridad.
En Medellín, donde la violencia pareciera enquistarse en lo más profundo de la sociedad, se requiere construir nuevas políticas públicas de seguridad de la mano con las comunidades: que sus necesidades sean escuchadas, sus planteamientos acogidos y las acciones redunden no sólo en la prevención de los factores de violencia sino en un mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas.


Así lo manifestaron los asistentes al primer Taller Internacional de Seguridad Humana, que tuvo lugar este martes 19 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. El Evento, organizado por el Observatorio de Seguridad Humana, contó con la presencia de líderes barriales de las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad y académicos internacionales, quienes intercambiaron apreciaciones sobre el tema de la seguridad en la ciudad.

El Taller buscaba indagar entre las comunidades las amenazas que viene generando a la seguridad personal una situación que se ha vuelto cotidiana en los barrios de Medellín: los controles territoriales. De ahí que uno de los momentos del encuentro fuera el relato de hechos que vienen aconteciendo en diversos sectores de la ciudad bajo la mirada impotente de las autoridades.

En ese sentido, los asistentes coincidieron en afirmar que si bien las últimas semanas han mostrado un descenso representativo en los homicidios, ello no implica que los demás factores de violencia hayan disminuido. En comunas como la 2, continúan las llamadas vacunas a comerciantes y transportadores mientras que en la 13 cada vez se hace más difícil para sus habitantes movilizarse tranquilamente por el territorio debido a las llamadas “fronteras invisibles”, pese a la fuerte presencia de Fuerza Pública.  

Igual situación expusieron los líderes de la comuna 8, quienes denunciaron cómo los integrantes de los combos vienen recurriendo a la desaparición forzada como arma de control social y confrontación, Uno de los sectores más vulnerables y golpeados en esta violencia urbana, según los presentes, sigue siendo el educativo. Los relatos dejan entrever cómo los conflictos barriales se están trasladando a las aulas sin que los docentes puedan impedirlo.

Si algo dejó claro el Taller es que entre las comunidades barriales así como la de los corregimientos persiste el miedo: para ellos, denunciar es “colgarse una lápida al cuello” y la desconfianza hacia los miembros de la Fuerza Pública es la constante.

Pero no sólo la violencia física salió a relucir durante el Taller. Para muchos, garantizar la seguridad alimentaria, la inclusión social e incluso generar profundas transformaciones culturales en la sociedad son aspectos tan importantes como  aumentar el pie de fuerza de la Policía a la hora de plantear nuevas estrategias para enfrentar la inseguridad.

“Es que a la hora de hablar de seguridad, tenemos que pensar más allá del aspecto netamente policivo. Ahora, gracias a estas discusiones que viene generando el Observatorio de Seguridad Humana, vemos que es importante vincular esas otras inseguridades, como la alimentaria, la económica, la educativa, a la cuestión de la seguridad. Pero más importante aún: sentimos que, gracias a este trabajo, se está escuchando a las comunidades”, señaló Jorge Quiceno Gil, residente del corregimiento Santa Elena, presente en el Encuentro.

Precisamente uno de los propósitos del Observatorio, instancia integrada por la Personería de Medellín, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el Instituto de Estudios Regional (Iner) de la Universidad de Antioquia, es aportar nuevos elementos de discusión pública sobre el tema de la seguridad, pero desde lo que se ha denominado seguridad humana.

Para ello, sus integrantes han desarrollado una metodología denominada “desde abajo”; es decir: conocer de voz de las comunidades las afectaciones que están padeciendo a su seguridad, entendida ésta en un concepto que va más allá de las amenazas de violencia física sino también a otros ámbitos como el económico, social, educativo, familiar, alimentario, entre otros. “La idea es generar una discusión pública sobre la necesidad de que las políticas públicas sobre seguridad no se sigan construyendo a puerta cerrada y de espaldas a las realidades de las comunidades, sino de la mano con ellas y que respondan a sus expectativas”, expresó Diego Sierra, coordinador del Observatorio.

En esa vía, otro de los momentos del taller fue indagar entre los asistentes cómo aportar a la construcción de nuevas políticas públicas en la materia. “Por el momento somos pocos los que nos estamos pensando este tema de la seguridad humana. Es cierto que hay temor entre las comunidades, en otros hay indiferencia, pero también es cierto que es muy novedoso que se comience a indagar entre la gente qué es lo que siente frente a la seguridad, cuáles son sus temores y sus necesidades”, sostuvo Diego Barrios, líder de la comuna 2.

Para Jenny Pearce, catedrática de la Universidad de Bradford, Inglaterra, una de las invitadas internacionales al Taller y quien escuchó atentamente las vivencias de los asistentes, el camino de discusión planteado por el Observatorio de Seguridad Humana debe ser entendido como un trabajo en el largo plazo cuyo resultado debe apuntar a transformar las lógicas de los gobernantes, quienes en materia de seguridad tienen una visión de corto y mediano plazo generalmente enfocada en el aspecto represivo-policivo.

“En Medellín pareciera que la violencia mutara hacia formas que afectan de una manera muy fuerte a las comunidades y, en ese sentido, la gente quiere acciones inmediatas. Pero al indagarlas, se encuentra que más que policías, que son necesarios, lo que la gente pide es justicia, no sólo en lo penal, sino también en lo social”, añadió Pearce. 

“Lo que está planteando el Observatorio con este trabajo es que las políticas (de seguridad) ya no pueden seguir elaborándose a puerta cerrada. Hay que escuchar a las comunidades e incluir sus planteamientos. Entre más colectiva sea esa elaboración, mejores alcances tendrá. Hay que incluir también a los empresarios, pues de seguro también deben tener aportes interesantes, a los gobernantes, a los defensores de derechos humanos y a la académica. Este es un camino largo, pero ya se comenzaron a dar los primeros pasos”, aseveró la Catedrática.