Hablar de extorsión en algunos sectores de Medellín es como referirse al estado del clima o al resultado del último partido de fútbol: es una práctica normalizada. Lo llamativo de esto es que según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), el 80.2% de la ciudad padece ese flagelo, pero las denuncias reportadas son ínfimas. Entre enero y septiembre de 2019 solo hubo 409 casos reportados, e incluso se habló de una reducción del 13% con relación al 2018.
En el artículo La coerción extorsiva en Medellín. Análisis en perspectiva de su amalgamamiento y la afectación a los derechos humanos, los investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Andrés Arredondo Restrepo, Juan Esteban Ríos y Jairo Bedoya Carvajal, aseguran que hay una subvaloración de esta práctica, “es impensable creer que son más las personas víctimas de homicidio o desplazamiento que de extorsión.”
Para ellos estas cifras evidencian lo poco dimensionada que está este problema en Medellín y la escasa denuncia de la ciudadanía. Por eso creen que el subregistro del fenómeno es la excusa de las autoridades para no luchar contra él.
Esta investigación es la continuación de La coerción extorsiva en Medellín Estudio en las comunas La Candelaria y Guayabal, en el cual se mostró que solo en esas dos zonas de la ciudad los comerciantes pagan más de $28 mil millones de pesos en extorsión al año. Incluso, solo en el centro de Medellín los grupos criminales recaudan el 90% de este dinero a través de las extorsiones a locales comerciales y venteros informales.
En esta nueva investigación del IPC, se indaga por las afectaciones a los derechos humanos, la consolidación de un discurso de seguridad y lo que los investigadores denominan amalgamamiento, en el cual el dinero de estas economías ilegales “fluye hacia otros sectores” legales, se “lava” y “amalgama” sin poderse percibir con facilidad su carácter marginal y proscrito.
¿Pero por qué no se denuncia la coerción extorsiva? Hay tres razones, según la investigación: la primera, por temor a represalias de las bandas criminales; la segunda, por la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado; y la tercera, “porque las bandas criminales ya han instaurado un régimen de poder legitimado por la ciudadanía que presenta una percepción favorable de la extorsión, y la comprende más como la prestación de un servicio de seguridad.”
La tercera razón es la más compleja, pues esa protección violenta se ha normalizado y ganado legitimidad entre los habitantes de los territorios, lo que sería una de las explicaciones del porqué hay tan pocas denuncias por extorsión en Medellín si la mayoría de esta es impactada.
La extorsión, el homicidio y el desplazamiento forzado son tres de los delitos de alto impacto en Medellín. Estos tres se entrelazan. Si el ciudadano no paga a las bandas criminales, estas recurren al asesinato o al desplazamiento forzado. Los investigadores critican, entonces, al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien desplegó una política de seguridad que buscaba “reducir al delincuente, no atacar el delito de manera integral; reducir indicadores, no pensar lo que indican estos; contabilizar los impactos del crimen y no reflexionar sobre lo que ese panorama de criminalidad revela sobre la sociedad y una ciudad.” De ahí que consideren los investigadores que se ha pretendido justificar una gran inversión en seguridad que no estaba acompañada de medidas de protección colectiva. En este punto, se instrumentalizan las bandas como amenaza para implementar medidas de aparente seguridad, “a costa incluso de vulnerar los derechos humanos que el propio Estado dice proteger”.
Más seguridad, menos derechos humanos
El 29 de noviembre de 2018 el exalcalde Federico Gutiérrez le dijo a la Corte Constitucional que son las estructuras criminales las que “violan los derechos humanos” en Medellín, olvidando que es el Estado quien los viola y quien debe garantizarlos. Señala la investigación que el actuar de las bandas criminales sí afecta derechos humanos como la vida y la libre locomoción y que en Medellín hay zonas controladas por esos actores ilegales, con la connivencia del Estado, por acción u omisión.
Aseguran que hay una coerción total de los territorios sometidos a la extorsión, pues las bandas definen qué productos se venden, dónde se venden, por dónde debe transitar la gente y cuánto les deben pagar; instauran normas de convivencia, de celebración de eventos, del volumen de la música, imponen permisos y multas por riñas, robos o asesinatos.
Así las cosas, “la coerción extorsiva reestructura la vida política barrial, donde las acciones sociales son sometidas a modalidades de control social ilegal y se presentan formas intensificadas de vigilancia y exclusión, frente a las cuales los ciudadanos no tienen más remedio que pagar la extorsión para que no les roben, no los amenacen, no recluten a sus hijos, no los desplacen, e incluso para que no los asesinen los mismos que dicen protegerlos.”
El que se haya llegado a este punto en la coerción extorsiva se debe a una evolución en el tiempo de las estructuras herederas del cartel de Medellín y los grupos paramilitares, que continúan aprendiendo y reacomodándose. Estos grupos tuvieron que diversificar sus actividades económicas. Mientras mantuvieron el control territorial para operar, afianzaron el cobro de una cuota periódica “a cambio de la prestación de un supuesto servicio de seguridad”.
Por eso las bandas sí afectan los derechos humanos, pero no son quienes los violan, en cuanto el Estado es responsable de ello. Los derechos afectados, según los investigadores, son la libertad y la seguridad personal, el derecho de residencia y libertad de circulación, a la integridad personal y trato humano, a la vida, la libertad de expresión, reunión y asociación, al trabajo, al recurso efectivo, a la niñez y familia.
Concluyen que los sectores más afectados por la coerción extorsiva son el transporte público, las viviendas, tiendas y negocios de barrio, vendedores ambulantes, distribuidores de alimentos, constructores, líderes barriales, habitantes de calle, trabajadoras sexuales.
La extorsión se transformó, concluye la investigación, desde el boleteo o la extorsión simple de las décadas del 80 y 90, “a una protección violenta bajo la forma de la coerción extorsiva, ejercida en contextos territoriales específicos y bajo el mantenimiento de un control sistemática y extendido en el tiempo sobre la población.”
