Un descontento general de las autoridades y la ciudadanía fue lo que se escuchó durante la Audiencia Pública al Túnel Aburrá Oriente convocada por la Alcaldía de Rionegro el 29 de mayo de 2014. Los impactos ambientales, el posible aumento en el riego de la valorización y el irrespeto a la autonomía territorial fueron las principales quejas. Lea también Rionegro hará audiencia pública sobre el túnel de Oriente
La principal conclusión de la audiencia, según Martha Lucía Peña, profesional del Instituto Popular de Capacitación IPC, es que “hay un cuestionamiento enorme de que el Túnel Aburrá Oriente NO es una obra prioritaria, que puede ser dañina para el medio ambiente, que se está haciendo a espaldas de la comunidad y que está sacrificando otras prioridades de desarrollo de la región.”
Durante la audiencia, en la que participaron 300 personas, el alcalde de Rionegro, Hernán Ospina Sepúlveda, fijó la posición de la administración, reclamando “un espacio donde seamos escuchados y una mesa de concertación donde nos pongan reglas claras y donde se respete la autonomía territorial.”
De acuerdo con el mandatario, la manera como la Gobernación de Antioquia ha gestionado el Túnel Aburrá Oriente, ha desconocido la autoridad jerárquica que en estos temas tiene los alcaldes como líderes territoriales, pues no se les ha tenido en cuenta al momento de tomar decisiones tan importantes como por ejemplo el riego de valorización.
“Hasta ahora nos han desconocido y es ahí donde exigimos que hay un principio constitucional, desde la ley 152 y otras, donde se debe llamar a los alcaldes que tienen que responder por el escenario político, el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo”, acotó Hernán Ospina.
El mandatario de Rionegro también expresó su inconformidad por la falta de obras complementarias que se habían prometido dentro de la planificación del proyecto. Al respecto manifestó lo siguiente: “Mi pregunta es dónde están esas obras complementarias que se contemplaban antes de construir el túnel. Yo no las veo, ni si quiera la doble calzada de Sancho Paisa a Sajonia.”
Para finalizar, el Alcalde llamó la atención por las consecuencias que podría traer el aumento en el valor de la tierra, y por ende en la tributación, a causa del proyecto. Según él, esto podría ocasionar que ciudadanos con baja capacidad económica tuvieran que desplazarse, lo que sería aprovechado por sectores inmobiliarios.
Sobre este asunto, el diputado de la Asamblea de Antioquia, Jorge Gómez, aseguró que la valorización beneficie a quienes viven en el territorio, porque en el corto plazo sube el impuesto predial y a largo plazo suben el estrato y los servicios públicos.
“La valorización le sirve a los especuladores que compran y venden tierra para ganar utilidad, pero para el ciudadano que tiene las propiedades para vivir o trabajar en ellas, la valorización es un problema”, explicó el diputado.
Jorge Gómez además llamó la atención por el posible incremento en el riego de valorización que hasta ahora está contemplado en 120 mil millones de pesos, pero cuyo cobro podría incrementarse dadas las dificultades que ha tenido el proyecto Túnel Aburrá Oriente, cuyas obras ajustan dos años suspendidas. |
Túnel de Oriente Principales especificaciones |
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| “Hasta ahora han dicho que no van a tener que incrementar el cobro de valorización sino que sigue siendo de 120 mil millones de pesos. Nosotros tenemos nuestras dudas al respecto porque es evidente que los cambios de diseño del tramo a cielo abierto implican construcción de más viaductos, el requerimiento de hacer unas obras de preinyección para evitar el abatimiento de aguas y la misma parálisis del proyecto durante dos años implica que ya va a valer más y, si va a valer más, tendrán que buscar más plata y la única fuente que queda es subir la valorización, que en el estudio de pre-factibilidad tenía un techo de 480 mil millones de pesos. O sea hay que esperar que salga el estudio de factibilidad”, explicó Jorge Gómez, quien sostuvo que el proyecto necesita un nuevo cierre financiero.
El diputado cerró afirmando que “esta obra tiene más costos que beneficios y mientras no haya un estudio ambiental a fondo es mejor no hacerla por el principio constitucional de precaución.” Pero como están las cosas, Jorge Gómez cree que solo una movilización ciudadana puede detener lo que considera “abusos de las autoridades” que se han empeñado en construir este túnel. En esa línea, Martha Peña concluyó que “hay un gente que quiere pronunciarse y hacerlo de manera cívica, pero es necesario que surjan los liderazgos de la región y que puedan proponer espacios donde la comunidad le diga a la opinión pública que rechaza una obra que está casi atravesada en lo que han construido –las comunidades del Oriente- en los últimos años en materia de desarrollo; y que incluso no parece estar consultando a ninguna autoridad territorial.” |
El Túnel Aburrá-Oriente, tendrá una extensión 8,2 kilómetros de longitud y su construcción costará cerca de 870 mil millones de pesos. Como su nombre lo indica, el túnel conectaría al Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás en el Oriente Antioqueño. La obra vial representaría un ahorro del 60% en el tiempo de desplazamiento entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova, en el Oriente Antioqueño. La financiación del túnel se realizará en un 80% con recursos de los peajes, en un 7% con dineros del Departamento de Antioquia y el 13% restante con recursos de valorización. Con la ejecución de esta obra se estima que los predios cercanos al proyecto tendrán un incremento del 33% en su valor.
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Falta mayor estudio sobre el impacto ambiental del túnel
En lo ambiental, la principal polémica radica en el impacto que tendría la mega obra en las reservas de agua del Nare, lo que pondría en riesgo el abastecimiento del líquido para unas 2.000 personas de Rionegro, Guarne, Envigado y Medellín, según organizaciones ambientalistas como la Fundación Penca de Sábila.
Vale recordar que luego de iniciarse la construcción del túnel, el 18 de octubre de 2011, el Ministerio de Medio Ambiente decidió suspender las obras de manera preventiva, en enero de 2012, recogiendo las denuncias de la comunidad del corregimiento Santa Elena de Medellín y buscando revisar presuntas inconsistencias en los estudios ambientales.
