Artículo de opinión por Carlos Hernán Montoya Suárez

El pasado 9 de mayo del 2013 usted, estimado Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, logró que el Concejo Municipal aprobara la fusión entre la empresa pública UNE, con la cuestionada multinacional Millicom, argumentando que esta alianza permitiría defender lo público como ocurrió en su momento con la empresa de telefonía OLA[1].

Posteriormente en octubre del 2014, el mismo Concejo Municipal, aprobó el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial –POT- recibiendo varias críticas por parte de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, al considerar que no existía claridad en los detalles frente a ¿cómo se van a construir las grandes obras de la ciudad?

Además de lo anterior, en febrero del presente año este cuerpo colegiado aprobó el Acuerdo 300 con el fin de darle más facultades extraordinarias al Alcalde para sacar adelante la estructuración de la Alcaldía y materializar varios proyectos aprobados en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin necesidad de argumentarlos al control político que hace el Concejo de Medellín ni al social por parte de la ciudadanía. Por este motivo, varias organizaciones, críticas al proceso, argumentaron que dicha aprobación tuvo como objetivo de fondo vender la empresa de servicios públicos EPM, entre otros patrimonios públicos. Sin embargo, usted expuso lo contrario usando plataformas virtuales como Youtube[2].

Sería injusto de mi parte si sólo cuestionara su comportamiento como mandatario local, también debería preguntarles a los Concejales que han respaldado todas estas iniciativas, salvo algunas excepciones, si ellos pueden explicarme ¿Qué es defender lo público?. Pero creo, estimado Alcalde, que es mi deber consultarle a usted de manera directa como autoridad de la ciudad y como promotor de las iniciativas mencionadas.

En este sentido, le comparto unas tesis que argumenta mis dudas. El año pasado el Instituto Popular de Capacitación –IPC- y la Mesa por la Defensa de lo Público invitaron a Armando Novoa, actualmente magistrado del Consejo Nacional Electoral, a un conversatorio sobre participación ciudadana y defensa de lo público. En el evento, el conferencista expuso que defender los derechos no es solo proteger la vida, sino también el trabajo, el agua y los servicios públicos domiciliarios, ya que significan logros ciudadanos por mejorar la calidad de vida[3].

Pero esta reflexión queda en el limbo cuando en el actual Plan de Desarrollo de Medellín, en relación con los programas banderas, se exponen los proyectos y sectores en los cuales se pueden realizar Alianzas Público Privadas en campos como: movilidad y transporte, edificios públicos, vivienda, telecomunicaciones, agua y energía[4]. Ya logró un primer proyecto en relación con las telecomunicaciones, con la fusión de UNE con Millicom, pero los últimos dos sectores – agua y energía- son competencia de empresas públicas de Medellín –EPM-. La pregunta es ¿también habrá alianzas público privadas para el caso de EPM?

El Plan de Desarrollo argumenta la importancia de estas alianzas en “la posibilidad de vincular ingresos comerciales a los proyectos; Ia consiguiente disminución de necesidades de aportación de capitales públicos; el gran impacto en términos de demanda que pueden generar los proyectos; Ia posibilidad de integrar satisfacción de necesidades de diversa índole (movilidad con espacio público, por ejemplo); Ia posibilidad de que el Estado potencie sus capacidades de inversión a través de Ia captura de valor per valorización del suelo y de los inmuebles, entre otros aspectos”[5].

Sin embargo la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín y el Instituto Popular de Capacitación -IPC- en su momento alertaron que las alianzas público privadas podrían derivar en la apropiación del patrimonio público de EPM por parte de sectores privados, ya que las utilidades que generan estas empresas estatales pasarían a los grupos particulares a quienes no les interesa financiar programas sociales como el Fondo para la Educación Superior de EPM, el cual ha favorecido a muchos jóvenes de los estratos socioeconómicos más vulnerables de la ciudad a ingresar a una institución de educación superior. Adicionalmente, investigaciones[6] argumentan que la apropiación de las empresas públicas por parte de privados igualmente genera el aumento de los costos de los servicios públicos, excluyendo más a los pobres de la ciudad que en la actualidad representan el 60% de la población.

Este antecedente se lo presento, estimado Alcalde, porque como ciudadano me siento confundido y creo que necesito plastilina, ya que al leer más noticias relacionadas sobre el tema creo de manera inocente que usted como la mayor autoridad de la ciudad me está desinformando. Esto debido a que días posteriores a la aprobación del Acuerdo 300, usted se reúne con Elena Bourganskaia (CFI) y Kristian Rada, representantes de la Corporación Financiera Internacional[7], filial del Banco Mundial y reconocida por buscar la privatización de empresas públicas[8].

Además, al indagar sobre estos personajes me encuentro que Elena va participar en el Foro Mundial del Agua[9], en el cual participan personas que han trabajado en las multinacionales como Suez y Vivendi que tienen el dominio del control del servicio público del agua en Latinoamérica y al tiempo poseen los dos tercios del mercado mundial del agua[10]. Igualmente han estado detrás de la privatización del agua en Cochabamba Bolivia, en la cual le cobraban hasta el agua lluvia a sus habitantes generando la movilización ciudadana con el fin de defender su derecho fundamental al agua[11]; derecho humano reconocido tanto por Nacionales Unidas[12] como por la misma Corte Constitucional de Colombia[13].

 Por este motivo y luego de lo anterior, estimado Alcalde me puede explicar con plastilina ¿Qué entiende por defender lo público? Porque al leer los boletines de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía tengo la intuición de que nos está desinformando sobre los intereses reales de su administración, porque al parecer los argumenta sobre la importancia solamente de aumentar el presupuesto General de Municipio además de reducir el desempleo y los homicidios[14]. Temas que, sin negar que son muy importantes, no argumentan porque debemos vender el patrimonio público de la ciudad.

En este sentido, creo que me identifico con la frase que citó Renán Vega Cantor, uno de los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto, al iniciar la carta[15] dirigida al relator de la comisión Eduardo Pizarro, quien no incluyó sus comentarios en la relatoría final que explicaba los orígenes del conflicto en Colombia, la cual fue entregada a los colombianos e integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz en la Habana Cuba. En la misiva, Renán, critica al relator argumentando que su acción por no incluir sus comentarios es una manera de ocultar parte de la verdad sobre las causas de la violencia en el país.

“A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia”. Miguel de Unamuno, Universidad de Salamanca, 12 de octubre de 1936.