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Los argumentos de la Unidad Nacional de Protección –UNP, en torno a la decisión de retirarle el esquema de protección al asesinado periodista, Luis Carlos Cervantes, han generado controversia entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, que fue señalada por su silencio.
La decisión de desmontarle el esquema al comunicador se tomó el 5 de junio de 2014 durante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), en el cual estuvieron presentes la FLIP y la Federación Colombiana de Periodistas –Fecolper, las cuales no se opusieron a la medida.
De esa manera lo informó la UNP a través de un comunicado de prensa emitido luego del asesinato de Cervantes, el 12 de agosto de 2014 en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca Antioqueño.
El señalado silencio de la FLIP en el CERREM, suscitó reacciones de otras organizaciones como la Asociación de Periodistas de Antioquia, cuyo presidente, José Guarnizo, expresó que la FLIP estuvo entre las organizaciones, estatales y no estatales, que no tuvieron una respuesta para Cervantes.
“Nosotros sabemos que en el seno de la FLIP las denuncias de Luis Cervantes no tenían credibilidad. Pero nosotros en la APA siempre dijimos, nosotros tenemos que creer salvo que se pruebe lo contrario (…) Entonces yo creo que esto nos tiene que poner a reflexionar a todos.”
No obstante, Guarnizo aclaró que si bien la FLIP no tuvo una respuesta para Luis Carlos, “la UNP no puede descargar toda la responsabilidad en la Fundación, porque la FLP no tiene funciones de protegerle la vida a los ciudadanos, eso le corresponde al Estado.”
Agregó Guarnizo, que aunque la FLIP se hubiera opuesto a la decisión que se tomó en el CERREM, esa fundación no tiene voto ni nivel de decisión en este espacio, por eso “el llamado es al Estado porque un periodista tocó todas las instancias denunciando que iban a atentar contra su vida, pero en ninguna obtuvo respuestas.”
En ese mismo sentido, la FLIP le salió al paso a la controversia a través de una nota de prensa en la cual aclaró que las organizaciones de la sociedad civil no tienen voto en el CERREM y que la principal responsabilidad de las decisiones que allí se toman recae sobre la UNP.
“Ni la FLIP ni las otras organizaciones de la sociedad civil tienen voto, solamente son consultadas para agregar información o para manifestar objeciones. Si bien la UNP no tiene voto en el CERREM su voz es la más importante en el estudio de los casos. A su cargo está el análisis y la ponderación del riesgo que son tenidas en cuenta por el resto de entidades como criterio orientativo de sus decisiones.”
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La fundación aclaro que si se mantuvo al margen de la disposición de retirar el esquema de protección a Cervantes, fue porque la FLIP no contaba con elementos de juicio para objetar la decisión del CERREM, que se basó en la ausencia de nuevas amenazas contra el periodista relacionadas con su oficio. |
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| Al respecto, el comunicado de la FLIP aclara que “para casos en los que el estudio de riesgo es ordinario, pero se cuenta con medidas de protección, el CERREM ha determinado la necesidad de presentar hechos nuevos de riesgo. En el caso concreto de Cervantes, a pesar de los antecedentes, no se registraban hechos nuevos que tuvieran relación con el trabajo periodístico. Finalmente, las autoridades con voto en el CERREM deciden retirar el esquema y, debido a que la FLIP no contaba con elementos de juicio para objetar esa decisión, se mantuvo al margen.” | La FLIP informó que “entre 2010 y 2014 la FLIP conoció denuncias por parte de Luis Carlos Cervantes, documentó cinco que tenían el debido soporte de presentación ante Fiscalía, esto de conformidad con nuestros procedimientos internos. Ante cada uno de estos hechos, la FLIP transmitió las denuncias al Ministerio del Interior, en su momento, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y tomó otras acciones como visibilizar la situación del periodista.” |
Al final del comunicado, la FLIP reiteró su rechazo al asesinato del comunicador Luis Carlos Cervantes y solicitó al Estado esclarecer los móviles de este crimen, como lo había hecho público el mismo martes 12 de agosto cuando ocurrió el homicidio del periodista en Tarazá.
¿Estaban las amenazas relacionadas con el ejercicio del periodismo?
El principal argumento de la UNP, para retirar el esquema de protección a Luis Carlos Cervantes, fue que “según la información evidenciada en el estudio de riesgo, no había nexo causal entre las amenazas recibidas por el señor Cervantes, y su labor como periodista, razón por la cual el resultado fue ordinario. Según la información en poder de la UNP sobre este caso, el Señor Cervantes desde hace más de un año, no ejercía el periodismo. Su trabajo en la Emisora Morena FM consistía fundamentalmente en programación musical.”
Sobre esta justificación, el secretario del Círculo de Periodistas de Antioquia –CIPA, afirmó que “esa declaración es una omisión grave al deber del Estado de garantizarle la vida a este periodista porque él venía con amenazas muy antiguas de estos grupos –bandas criminales- que lo habían condenado a muerte. (…) Por razón misma de su ejercicio él estaba amenazado.”
A lo anterior, el presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia –APA, agregó que precisamente “Luis Carlos tuvo que empezarse a marginar de su ejercicio periodístico justamente por la cantidad de amenazas que sufrió.”
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa reveló que “desde agosto de 2013 hasta principios de julio de 2014, la FLIP visitó cuatro veces la región del Bajo Cauca y mantuvo dos encuentros con Cervantes. Durante ese intervalo la FLIP, además de las versiones del periodista, escuchó decenas de testimonios de autoridades administrativas y policiales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que aseguraban que si había un riesgo no parecía estar relacionado con la actividad periodística. La FLIP también conoció de procesos judiciales en su contra por acciones ajenas a su trabajo periodístico y de inconsistencias en la información entregada y continuó insistiéndole a la Fiscalía que investigara los hechos.”
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