Como representante de víctimas de Urabá, Forjando Futuros radicó ante Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, la Fiscalía 128 y el juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia, cinco documentos oficiales que buscan aportar pruebas a las investigaciones que se adelantan contra le empresa Chiquita Brands por su financiación a grupos paramilitares.
Dentro de los documentos se encuentra la sentencia de 2007, en la cual Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber realizado más de 100 pagos ilegales a las Autodefensas Unidas de Colombia; la sentencia proferida en 2024, en la que la empresa también fue condenada a pagar 38 millones dólares a las familias de ocho víctimas de las AUC, y la cual se encuentra en apelación; y finalmente, un escrito amicus curiae, firmado entre la Forjando Futuros y abogados norteamericanos en contra de la apelación de la empresa.
“Estos documentos soportan cada una de las acciones que ha adelantado la Fundación Forjando Futuros buscando que este caso no prescriba en Colombia, que no venzan los términos, para que haya justicia y no haya impunidad. ¿Qué estamos pidiendo? Que fallen, que la justicia en Colombia decida. Durante muchos años, la impunidad se ha impuesto en Colombia y eso es lo que no queremos en esta ocasión”, expresó Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros.
Con esta acción, los abogados de la Fundación buscan hacer presión para que este caso no prescriba el próximo 17 de septiembre y los diez empresarios de Chiquita Brands queden en total impunidad.
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“En el caso del Juzgado Sexto Penal, se radicaron estos documentos que prueban que los 10 empresarios vinculados a Chiquita Brands son responsables de la financiación a grupos paramilitares, proceso cuyo término de prescripción vence el próximo 17 de septiembre. En la Fiscalía, se busca que los documentos se integren al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo. Y ante la JEP, específicamente en el Macrocaso 04 sobre la situación territorial de Urabá, se espera que estos insumos contribuyan al esclarecimiento de la verdad sobre el papel de actores económicos en el conflicto armado”, dice el comunicado de prensa emitido por la Fundación.
Estos documentos, además, fueron enviados al presidente Gustavo Petro; a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón; al ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre; a la defensora del pueblo, Iris Marina Ortiz; a la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach; al, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, César Palomino Cortés; al presidente de la Cámara de Representantes, Raúl Jaime Salamanca; al presidente del Senado, Efraín José Cepeda Sarabia; al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero Ochoa; y a la representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
“El estado colombiano, independientemente de cuál gobierno sea, debe encabezar una reclamación ante Chiquita Brands y ante el gobierno norteamericano para que esas víctimas sean reparadas en Colombia. Establecer una indemnización para más de cinco mil víctimas en Urabá no es tarea fácil, pero esto no debe quedar únicamente en manos de unos abogados que están litigando, sino que el gobierno en su facultad de representar a la sociedad colombiana pueda reclamar, así como lo hicieron unos abogados en Estados Unidos para pagar unas indemnizaciones propias”, señala Vega.
En febrero de 2025, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, emitió una sentencia sobre Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y el Bloque Bananero de las AUC, donde se confirma que la empresa estadounidense Chiquita Brands entregó alrededor de 1,7 millones de dólares a los grupos paramilitares de esta subregión, entre 1997 y 2004. Se espera que todos los entes judiciales aporten a la búsqueda de la verdad y la consolidación de justicia para las víctimas de Urabá.
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