Cuatro personas murieron en una masacre en enero en el municipio de Santo Domingo. Integrantes de un grupo armado atacaron con explosivos a la estación de Policía en Remedios. Estos hechos son la continuación de un año en el que aumentaron los hechos violentos en el Nordeste de Antioquia, pues en 2021 hubo 60 eventos violentos, sobre todo enfrentamientos entre grupos paramilitares, fuerza pública y guerrillas que dejaron, por lo menos, 25 personas muertas.
A esto se suma 217 homicidios en toda la subregión, conformada por diez municipios. 2021 fue el más violento de los últimos cuatro años (847 homicidios), asegura la Fundación Sumapaz en una solicitud de activación de alerta temprana ante el riesgo inminente de violación de Derechos Humanos en el Nordeste. En el documento advierten que se pueden incrementar los asesinatos selectivos, las masacres, amenazas, extorsiones y reclutamiento, así como los hostigamientos al ETCR de Carrizal, en Remedios.
En el Nordeste hacen presencia las Brigadas IV y XIV del Ejército, las AGC, la Oficina del Valle de Aburrá, el ELN y las disidencias de los frentes 4 y 36 de las antiguas Farc, quienes se disputan el territorio y control de la explotación de oro, la extorsión, el tráfico de sustancias ilícitas y la siembra de cultivos ilícitos.
Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz y del Proceso Social de Garantías, asegura que solicitaron la activación de la alerta a pesar de que la Defensoría emitió la alerta 052 en 2018, dado que hay un escenario de violencia preocupante en la región que debe llamar la atención de la institucionalidad.
“El plan de las AGC es reconfigurar las zonas de poder que antes tuvieron los bloques y frentes de las antiguas AUC. Si comparamos el mapa de las AUC y el de las AGC en la actualidad, vemos que intentan retomar la presencia en zonas que antes dominaban”, dice Zapata, pero a esto se le suma la presencia del ELN y la entrada de las disidencias que también intentan controlar el territorio.
En la Alerta Temprana 052 de 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió que existía un escenario de riesgo, sobre todo para los municipios Segovia y Remedios, ante la salida de la guerrilla de las Farc del territorio. Ese espacio dejado fue rápidamente aprovechado por el ELN y las AGC. “El proceso expansivo de los grupos armados ilegales ha tenido claros impactos sobre la población civil, en la medida en que se ha exacerbado las intimidaciones, los señalamientos y la estigmatización, particularmente contra quienes ejercen roles de liderazgo y defensa de Derechos Humanos en las comunidades”, indica el documento, de ahí que la intimidación constante afecte a las organizaciones y defensores de derechos humanos en el territorio.
Población en riesgo
“Hemos tenido años con cifras más altas, pero el año pasado sí estuvo muy fuerte la situación porque se recrudeció la confrontación urbana entre los grupos paramilitares de las AGC y los Libertadores de Nordeste. Y más, que lo denunciamos hace años, cuando el alcalde de Segovia dijo que algunos miembros de la policía tenían nexos con las AGC. El año pasado la situación fue muy fuerte. Uno ve un gran porcentaje entre los jóvenes, las principales víctimas en las cabeceras”, dice el líder de una organización social, que prefiere no revelar su nombre ante los riesgos que esto implica en la región.
Agrega, además, que la situación en Segovia y Remedios, los dos municipios con mayores índices de violencia, debe leerse de manera distinta en lo urbano y lo rural: “en lo rural fue muy álgido el conflicto porque a finales de 2020 y comienzos de 2021 llegaron las disidencias de las Farc al territorio y agudizó la situación. En lo urbano, hay algo muy complejo, porque también están las bandas del Valle de Aburrá.”
Mientras 2016 y 2017 fueron los años con las cifras más bajas de violencia en las últimas décadas en el Nordeste, a partir de 2018 los índices volvieron a aumentar. Según datos de la Policía y citados por la Fundación Sumapaz en su informe, en 2018 hubo 164 homicidios en la región y estos fueron aumentando en 2019 (207 casos), 2020 (173) y 2021 (217).
A su vez, 488 personas fueron desplazadas el año pasado. El más afectado fue Segovia, en donde hubo 33 desplazamientos que impactaron a 128 personas. En cuanto a personas desaparecidas, Medicina Legal reportó 14 casos el año pasado, nueve de ellas aún no aparecen.
Óscar Yesid Zapata indica que el incumplimiento del Acuerdo de Paz ha incidido en el recrudecimiento de la violencia, hasta el punto de que los excombatientes de las Farc que viven en el ETCR de Carrizal están en riesgo, tal como lo registró en 2021 la Agencia de Prensa IPC.
“La vida y la integridad personal de los habitantes de las veredas que conforman el Corregimiento, y sobre todo la de los líderes y excombatientes de las FARC-EP, se encuentran en firme amenaza de ser vulnerados”, dice una alerta temprana del 13 de septiembre de los habitantes del corregimiento Carrizal en Remedios, en donde viven 72 exguerrilleros. La Agencia de Prensa IPC intentó dialogar sobre la situación del Nordeste con la directora de la territorial Antioquia de la Defensoría del Pueblo, pero no fue posible.
Además de lo denunciado, el 18 de febrero la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) aseguró que el conflicto armado se reactivó en 12 zonas del país y que ese conflicto dejó 329 muertes violentas el año pasado (24 civiles y 89 miembros de la fuerza pública). Entre las zonas más afectadas está el Nordeste antioqueño, al que se le suman otras regiones como Bajo Cauca, Occidente y Urabá antioqueños, Montes de María (Bolívar), Sur del Chocó, Medio y Bajo Atrato (Chocó), Bajo Putumayo, Catatumbo (Norte de Santander) y el Caguán (Caquetá).
Según la UIA en la actualidad hay tres grandes grupos armados ilegales en el país: el ELN, con presencia en 294 municipios del país, las disidencias de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, conformadas por 28 frentes o columnas móviles, y el Clan del Golfo o AGC, con presencia en el 20% del país.
Así como aumentaron las acciones bélicas también crecieron las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, “durante 2021 el Clan del Golfo presentó 157 posibles infracciones, frente a 149 de las disidencias de la guerrilla y 123 del ELN. La mayoría de las posibles infracciones al DIH se dieron por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, principalmente por el uso de armas prohibidas como artefactos explosivos que impiden dirigirse a un objetivo específico.”
