En 2019 el Tribunal Superior de Antioquia declaró al río Cauca como sujeto de derechos, una decisión que también fue paradójica, porque sucedió luego de que se construyera Hidroituango y sucediera la contingencia que este proyecto generó aguas abajo en los departamentos de Antioquia y Bolívar.
Tal decisión ordenó la creación de los Guardianes del río Cauca, un grupo conformado por trece habitantes del Bajo Cauca y el Sur de Bolívar en representación de pescadores, comunidades afro e indígenas y de instituciones del Estado que, desde entonces, no han podido avanzar en su labor.
Desde 2019, “los guardianes hemos venido haciendo un trabajo social, dando a conocer el contenido de la sentencia, pero no pudimos avanzar demasiado por la pandemia. Lo que hay es un plan de acción, sin embargo, la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río Cauca no se ha dado, por lo tanto, hemos avanzado muy poco, no porque los guardianes no le han metido el corazón, es porque el Estado no nos ha dado las garantías para que se cumpla la sentencia”, explica Jaiver Antonio Mejía, vocero de los Guardianes del río Cauca.
En ese sentido, construir el plan de acción que dé cuenta de los daños y conflictos ambientales sobre la cuenca es uno de los retos más grandes que tienen los guardianes, explica Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, dado que también deben generar proyectos y procesos socioambientales que permitan la compensación, la mitigación o la recuperación de esos daños, de ahí que “el reto es reconocer la magnitud de esta problemática en toda la cuenca, vincular al mayor número de actores sociales y de grupos ambientales en los territorios y poner a dialogar esas necesidades con las autoridades ambientales, las corporaciones ambientales regionales, que serían 15 las que afectan la cuenca, 12 departamentos y más de 280 municipios.”
Si bien la sentencia protege a todos los habitantes de la cuenca del río Cauca, desde Paletará en el Cauca, hasta Barranca de Loba en Bolívar, los Guardianes solo pertenecen a la zona donde se produjo la contingencia de Hidroituango, como ordena la sentencia, y no a las cuencas alta y media del río, en donde no se conoce mucho la sentencia.
Por esta razón, el IPC organizó un encuentro entre los Guardianes y habitantes de la cuenca alta del río, dado que “el reto es organizar a las comunidades de las sociedades ribereñas para que reconozcan las necesidades de protección del río y poder incidir en autoridades para que esas acciones sean materiales y concretas”, como agrega Zapata.
Agrega Emilse Guerrero, guardiana del río Cauca por las comunidades afro y pescadoras, que su tarea es grande, “la sentencia es desde donde nace y hasta donde llega el río y nosotros solo estamos entre Antioquia y La Mojana. El reto es encontrar todos los actores, unificarlos y hacer alianzas para mitigar los impactos”.
Un río sujeto de derechos
La sentencia asegura que a las generaciones futuras se les deben proteger sus derechos a la dignidad, al agua, la seguridad alimentaria y al medio ambiente sano, por ello “el río Cauca es sujeto de derecho, que implica, al igual que se hizo con el río Atrato, su protección, conservación, mantenimiento y restauración, a cargo del Ente Público Municipal y del Estado”, de ahí que dice que EPM es responsable de la vulneración de esos derechos, pero ordena al Gobierno Nacional delegar un representante entre los Guardianes del río y conformar un equipo asesor en el que está el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Corantioquia, al que se sumó el IPC por petición de los Guardianes.
“Que un río sea declarado sujeto de derechos es una apuesta interesante e imaginativa que plantea muchos retos más allá de lo jurídico. Fundamentalmente creo que apunta a replantear lo que el modelo de desarrollo ha establecido sobre la relación del hombre y la naturaleza”, dice Javier Lautaro Medina, investigador del Cinep.
Sin embargo, los avances en las sentencias que declaran a los ríos Cauca y Atrato como sujetos de derechos no han avanzado significativamente. Para Medina esto no ha sucedido por falta de “voluntad política de los gobiernos”. Que si bien no es el único, “es determinante, en el sentido de respaldar frente a las amenazas a las comunidades”, por eso como Cinep también quieren acompañar a los Guardianes del río, para apoyar el trabajo organizativo con jóvenes y mujeres a lo largo de la cuenca.
Una tarea a la que también se sumó Censat Agua Viva. Para la investigadora Catalina Caro Galvis, este proceso de los Guardianes “ha sido una alternativa que las comunidades han encontrado para escuchar la voz del río. El río habla, y a veces el Estado, las empresas y el capital corporativo no lo escuchan. No es solo un acto jurídico sino una posibilidad de que se escuche la voz del río. Por eso venimos acompañando a varias comunidades que están cerca del río y que tienen relaciones especiales con él”.
Por ahora, los Guardianes del río Cauca son acompañados por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos y se fortalecen, de cara a su tarea de incidir para que se cumpla el objetivo de la sentencia, que aún no se da: proteger, conservar, mantener y restaurar el río Cauca.
