El domingo 21 de marzo de 2021, la hija mayor de Daniela Giraldo celebró sus quince años. Un vestido color rosa con lentejuelas y una corona plateada fueron la elección para aquella fecha. Bombas blancas y doradas, manteles blancos y cortinas brillantes adornaron el cambuche de plástico verde en el que vivían.
Daniela, excombatiente de las Farc, soñaba con una fiesta en la que todos los compañeros firmantes del Acuerdo bailaran y disfrutaran en su casa. Sin embargo, se conformó con adornar el campamento que había armado “provisionalmente” aquel 16 de julio de 2020, luego de que se desplazara del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en Ituango, hacia Mutatá.
“Fue muy incómodo porque el cambuche era muy estrecho y en pura tierra. Hasta el vals fue a medias porque los parejos no cabían”, recuerda Daniela. Su hija estuvo feliz, pues, a pesar de las condiciones en las que se encontraban, pudo celebrar su cumpleaños número quince.
Tres semanas después, el Gobierno Nacional hizo entrega de unas casas “muy curiositas”, como dice Daniela, a las 127 familias que se desplazaron de Santa Lucía hacia las fincas Becuarandó y el Porvenir en Mutatá.
“Soluciones habitacionales transitorias”, así llamó la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) a las 63 casas de tambo entregadas el 13 de abril de 2021. Aquel día, Andrés Stapper, director de la ARN, dijo que, con la consolidación del ETCR de Mutatá, el Gobierno había adquirido unos compromisos, como la realización de un censo para las viviendas definitivas y la finalización de la vía de acceso al espacio de reincorporación, “son parte de los compromisos que ratifican la voluntad del Gobierno del presidente Iván Duque con el proceso de reincorporación”.
En solo cinco meses, las paredes y los palos del tambo de las casas entregadas en Mutatá, ya están siendo consumidos por la lluvia; no hay buen servicio de alcantarillado y la motobomba de agua provisional que les instalaron, no alcanza a abastecer a todo el caserío para cumplir con las necesidades básicas.
“Nos hicieron unas casitas prefabricadas que son buenas en el sentido de que no nos mojamos, pero son muy pequeñas —pues en el caso de Daniela son cinco personas las que conforman el núcleo familiar—. Además, el techo está muy raso y cuando llueve el agua se entra por la parte de adelante de la casa, por ejemplo a la casa mía ya se le está pudriendo el corredor”, dice Daniela.
Según Pastor Alape, delegado del partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), ya están al tanto de la situación pero aún el Gobierno no les ha dicho cuándo iniciaría la construcción de las viviendas definitivas.
“Estamos a la espera de que el Gobierno se centre de manera efectiva en clave del cumplimiento de la política pública y no en el tema del debate electoral. Todo este debate que han armado para justificar la incapacidad del Gobierno, ha demostrado que lo que quiere es imágenes que no representan el efectivo cumplimiento de la política pública para la paz en Colombia”, indica Alape.
Las casas que rechazaron en Llano Grande
Para Harrison Garcés fue como si les pusieran freno al sueño de tener vivienda propia y digna. 144 reincorporados soñaban con una casa en adobe, cemento y concreto, una casa para descansar y crear su hogar. Sin embargo, la presentación de la que sería la vivienda modelo que les construirían en el antiguo ETCR Jacobo Arango, de la vereda Llano Grande, en Dabeiba, resultó siendo “un cuento”.
“Llegaron y nos dijeron que nos iban a dar casa y nosotros muy contentos. Nos hablaron de un material que se llama fibrocemento y nosotros no supimos qué era eso, hasta nos presentaron en unas pantallas unas casas que duraban 200 años y nos echaron un montón de carreta. Cuando vienen con la casa modelo para mirar, nos dimos de cuenta que era el mismo superboard (fibrocemento), y ahí fue cuando dijimos ‘un momento, nosotros a eso no le salimos’”, narra el excombatiente, quien también es presidente del antiguo ETCR.
La reacción de Harrison corresponde al miedo y la incertidumbre. Actualmente, las casas que habitan los excombatientes, y que fueron construidas en 2017, son de drywall, una placa de roca de yeso, un material que no es recomendado para espacios exteriores y por eso hoy están consumidas por la humedad.
Los excombatientes le dijeron que no al fibrocemento porque quieren una construcción “como la conocemos, en el adobe que conocemos”.
A pesar de que el fibrocemento es resistente al agua y a la humedad, arquitectos como Maria Clara Castrillón afirman que no es una construcción sostenible (no es amigable con el medio ambiente), que su durabilidad es de 20 años, aproximadamente, y que, al ser placas tan delgadas, necesitan de un refuerzo para aislar ruido y temperaturas, “requiere gestiones de transporte, mantenimiento y mano de obra medianamente calificada, que con otros materiales se podría evitar o mermar”.
Así mismo, agrega la arquitecta, es importante “educar a los excombatientes en que los únicos materiales viables de construcción no son el ladrillo y el cemento. Sobre todo cuando se necesita implementar métodos que llamamos “no convencionales” para hacer las viviendas más rápido, con menores recursos y que ellos mismos puedan ayudar en la construcción”.
Esta es la razón por la cual los excombatientes de Llano Grande le dijeron que no a las casas de 68 metros cuadrados de fibrocemento que les iban a entregar. En el acta de la reunión del 6 de septiembre, en la que se tomó esta decisión, dejan claro que solo aceptarán viviendas con mampostería estructural, aceptan el subsidio de vivienda ofrecido por el Ministerio de Vivienda y exigen un programa de vivienda incluyente para los firmantes de la paz.
Ante la negativa de los excombatientes, el director de la ARN dijo que estas viviendas habían sido concertadas en cuanto a la tipologías, materiales y espacialidad, y que al rechazarlo, se retrasaría la entrega planeada de siete meses a dos o tres años.
“Desde el Gobierno nacional se reitera el compromiso de adelantar acciones siempre de manera concertada. Este tipo de decisiones minan los avances que hemos tenido y hemos logrado en el marco de la reincorporación, no solo desde la esfera productiva, sino también es el compromiso asumido por el presidente con la entrega de la tierra y la entrega de las viviendas”, señaló el funcionario.
Para Alape, los funcionarios tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, y más aún, de los firmantes de paz: “no se trata de regalos, no se trata de que dé dádivas, se trata de obligaciones del Estado. En el Acuerdo de Paz se establece claramente que el Gobierno debe desarrollar actividades, planes y programas para garantizar el derecho a la vivienda. No es que seamos desagradecidos, como siempre ha sido el discurso de los opresores, que consideran que los reclamos del ciudadano son ilegítimos”.
Harrison y Daniela son el reflejo de los reincorporados que, pese a los incumplimientos del Gobierno, hoy le siguen apostando a la paz desde sus proyectos productivos y sus espacios.
En Dabeiba y en Mutatá vive la resignación, “todo el mundo sabe cómo estamos viviendo pero con el Gobierno es muy complicado, por más que uno pelee y pelee ahí no le van a solucionar”, señala Daniela, quien agradece tener un techo a pesar de que poco a poco su casa se va deshaciendo.
