El pasado 23 de julio se rompió un jarillón de la empresa Mineros Aluvial S.A.S. BIC. Ese jarillón, al que los pescadores señalan como uno de las causas de la disminución de la pesca, se rompió en 2018, en 2020, en 2021 y hace poco más de un mes. Ese jarillón lo construyó la minera sin permiso de la autoridad ambiental, por eso la ANLA abrió un proceso sancionatorio contra la empresa, que no avanza. Según la interpretación que hacen de la Ley 1333 de 2009, tienen hasta veinte años para emitir un acto administrativo.
—Esto era un humedal, este era Sampumoso— dice un pescador, mientras recorremos en una lancha un caño que bordea una de las áreas de explotación de la empresa. Mientras navegamos vemos el jarillón que construyó Mineros Aluvial, una empresa del grupo Mineros S.A., con presencia en países como Chile, Argentina y Nicaragua, y controlada principalmente por: el Grupo Scotiabank Colpatria (capital colombo-canadiense) y Corficolombiana S.A. (de la familia Sarmiento Angulo). Gracias a un título de Registro de Propiedad Privada (RPP) son dueños de 36 mil hectáreas en los municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza y Caucasia, en Antioquia, y llevan casi cincuenta años explotando oro en la cuenca del río Nechí.
Todo alrededor es agua, el río está crecido desde hace meses y es normal que en las alcantarillas de El Bagre y de Nechí mane agua oscura del río e inunde todo a su paso. Aquí, al lado de lo que era Sampumoso, antes uno de los mejores humedales, hoy unidad de explotación minera de la empresa, cercado por un jarillón perimetral, ya no hay pescado. El agua que queda es un desperdicio de la actividad minera. En cambio, hay dragas que trabajan sin pausa 24 horas. Los pescadores las llaman ‘dragones’, porque hacen un ruido tenebroso como de ciencia ficción.
—¿Cómo era esto antes? — les pregunto a los pescadores de la vereda La Esperanza, de Nechí, que prefieren omitir su nombre por seguridad.
—Todo esto era zona de inundación, antes era ciénaga, había cativales, había pozos de reproducción de los peces, era el mejor criadero que había por acá, porque había partes con bastante pescado como la doncella.
Entonces advierte que la falta de pescado la sintieron cuando la empresa Mineros S.A. acabó con el humedal, “ahí sentimos el golpe”, dice uno de ellos. Otro agrega que la mina es una bomba de tiempo, porque el jarillón diseñado por la empresa, una especie de dique, un muro de tierra que rodea toda la mina para evitar que los sedimentos de la explotación vayan al río Nechí y a los humedales, ya se ha roto antes y nada les garantiza que no les “maten los peces otra vez”.
Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de DDHH y Paz del IPC, dice que desde hace más de cinco años están esperando que haya un pronunciamiento de la autoridad ambienta con relación a la construcción irregular del jarillón y sus rompimientos sucesivos, pero esto no avanza.
Frente a esto, la ANLA le respondió el pasado 31 de agosto a la Agencia de Prensa IPC que el proceso sancionatorio, que inició el 31 de agosto de 2018, “se encuentra en estado de formulación de cargos” y en un “análisis técnico jurídico para proceder, si así se determina, con la apertura del periodo probatorio”. Según la autoridad ambiental la empresa Mineros es investigada por tres hechos: el primero, por haber construido el jarillón “sin haber solicitado y obtenido la modificación del plan de manejo ambiental, previamente por parte de la Autoridad Ambiental”; el segundo, por “no haber informado de la contingencia sucedida el 13 de mayo del 2018 en zona industrial de la operación del proyecto Explotación Aurífera en la Cuenca del Río Nechí dentro de las primeras 24 horas al inicio del evento”, lo que ocasionó un ecocidio que fue denunciado por el IPC; y el tercero, por “no haber implementado las medidas ambientales necesarias para prevenir el aporte de sólidos suspendidos a los cuerpos de agua desde la zona de operación aluvial del proyecto […] generado por la contingencia ocurrida el 13 de mayo de 2018”.
La Anla dice en su respuesta a la Agencia de Prensa IPC que se basan en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, que establece las etapas del proceso sancionatorio, y que, dada “la complejidad y características de las infracciones ambientales, las mismas requieren de un término amplio de investigación”. En dicha interpretación se basan para argumentar que tienen hasta veinte años para tomar una decisión, a pesar que por la posible infracción ya se rompió el jarillón en, por lo menos, cuatro ocasiones.
Las afectaciones ocasionadas por Mineros S.A.
La primera draga en el río Nechí apareció en 1888 con la Oroville Dredging Company de California. A partir de 1974 la actividad minera quedó en manos de la empresa colombiana Mineros de Antioquia, hoy Grupo Mineros S.A. Hasta 2012 la empresa utilizó mercurio en sus minas, un impacto que aún no se ha medido ni mucho menos compensado.
Un estudio de la empresa Eco Lógika Life Corporación, elaborado para el IPC, eligió diez puntos de la cuenca del río Nechí, entre los que están el mismo río y parte de la red de drenaje para analizar, entre otros, la calidad del agua. Según los índices del ICA Ideam, en estos puntos la calidad del agua es “regular”.
“En general, los resultados muestran que los sitios más cercanos a ese jarillón que tiene Mineros están en peores condiciones”, dice Eliana Contreras, bióloga de Eco Lógika. Para ella el resultado más contundente es la turbiedad del agua en los sitios cercanos a la explotación minera, “es evidente que la turbiedad afecta directamente la supervivencia de los organismos y esa alta turbiedad está asociada a una actividad específica: la extracción minera.” A esto, agrega, identificaron que en los puntos donde se hicieron las muestras hay una baja calidad ecosistémica.
Los resultados del estudio, indica, son una fotografía de la dinámica del río, no se trata de un histórico, sino un momento específico con unas condiciones particulares: el río crecido y las aguas turbias. “Eso, a la luz de lo que conocemos nosotros desde la ecología y la biología y lo que dicen los pescadores, es un indicador malo, no hay la misma cantidad de peces, no hay la misma diversidad de peces, la talla no es la misma, son más flacos y tienen menos peso”, explica.
Además, un estudio reciente de la Universidad de Córdoba identificó altas concentraciones de metales pesados como mercurio, cadmio, arsénico y plomo en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí, en el Bajo Cauca. En estos dos tomaron 96 muestras de agua y recogieron peces aparentemente sanos en ambos ríos.
“Estos metales pesados se derivan de la minería, pero también de actividades agrícolas, industriales, del mal uso del suelo, de las aguas residuales domésticas de los municipios que no tienen cómo tratarlas y de la deforestación, por mencionar algunas de las fuentes”, dijo el profesor José Luis Marrugo en un artículo publicado por El Espectador. A los investigadores los alertó los altos niveles de mercurio y metilmercurio en hígado y músculo de los peces, cinco veces más de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mientras navegamos los caños que circundan el que años atrás fue el humedal Sampumoso, los pescadores les describen a algunos investigadores del IPC los cambios que ha tenido este lugar. El IPC ha acompañado a las comunidades afectadas por la empresa y denunciado algunas de las irregularidades ocasionadas por esta, como la construcción del jarillón sin el permiso de las autoridades ambientales y el rompimiento sucesivo en los últimos años. Mientras avanzamos lentamente por las autopistas de agua por las cuales se mueve la gente en esta región, notamos que elevaron los jarillones por lo menos tres y cuatro metros más para evitar lo que tantas veces ha pasado.
Sin embargo, el jarillón volvió a romperse en julio. Según la empresa Mineros S.A.S. BIC, esto fue ocasionado por “las labores de extracción ilícita de terceros ilegales que invaden nuestro título minero”, mientras que la ANLA, según la respuesta que le dio a la Agencia de Prensa IPC, utiliza el informe de la empresa: “La Sociedad reporta el origen de la contingencia por terceros ejecutando actividades de minería en el PIT y no reportan afectaciones a los recursos naturales.”
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Menos pescado y menos pescadores
El IPC aplicó una encuesta a 193 familias pescadoras afectadas por la minería extractiva en la cuenca del río Nechí. El 80% de ellos tienen entre 30 y 69 años. La mayoría está envejeciendo y no hay un relevo generacional. Para encontrar un hijo pescador hay que reunir, por lo menos, diez familias. Según el estudio elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, entre las afectaciones ocasionadas están la pérdida de una práctica cultural y productiva, la afectación al territorio y el paisaje y la disminución de los ingresos de los pescadores.
El problema no es solo que tienen menos pescado para vender, sino que tienen menos pescado para comer, porque esta también es su fuente de alimentación. En este punto, el 74% de las familias come dos veces al día y solo el 25% come tres veces al día.
—Queremos que Mineros haga algo, porque ya la pesca no es nuestro sustento— dice un pescador.
—De 2014 para acá esto se puso más complicado —, dice otro.
—Esta empresa no exige hoja de vida— concluye otro pescador, mientras mira un humedal sobre el que flotamos.
Al fondo dejamos lo que era el humedal Sampumoso. Corantioquia respondió en un derecho de petición que “a la fecha no se han realizado estudios multitemporales que lleven a concluir sobre la desaparición de cuerpos de agua cenagosos en la cuenca del río Nechí”. Lo llamativo es que el humedal ya no existe, lo que ven los pescadores, lo que he visto en los recorridos en los últimos años, es que fue encerrado, tiene “dragones” gigantes y máquinas amarillas que no apagan nunca.
El Sampumoso, ese que llamaban humedal, ya no tiene ni cativos, esa especie de árbol endémica en peligro de extinción; le queda un pequeño espejo de agua, porque lo demás, lo que vemos, son montañas de arena llamadas “cargueros” que servirían para un mundial de vóley playa.
