Son muchas las puntadas que está tejiendo el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC) en la Serranía de San Lucas. Dentro de la lista aparecen hechos de desaparición, tortura, homicio, constreñimiento, amenazas y desplazamiento que ha dejado a las comunidades, nuevamente, en medio de una disputa por el control territorial y las rentas del oro.
La siembra de la hoja de coca, que por tantos años desencadenó grandes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, pasó a un segundo plano y hoy el oro es el que abre otra ventana dentro del conflicto armado en el Bajo Cauca. El corredor de la Serranía de San Lucas que conecta varias subregiones de Antioquia con los departamentos de Córdoba y Bolívar, es ahora el escenario en disputa.
Según líderes de la zona, esta estrategia del Clan del Golfo consiste en amenazar, hostigar, sobornar y constreñir a líderes de diferentes municipios del departamento para que “colaboren con su causa” y así sumar procesos organizativos, líderes y mineros informales como supuestos simpatizantes para continuar con la explotación del oro.
“Hay una disputa por los recursos económicos y naturales de la Serranía. Lo que hizo el Clan del Golfo fue convencer a unos mineros informales para solicitar ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) unos predios que son propiedad de Mineros S.A. y que esta empresa no ha podido explotar porque están en reserva forestal. Lo que sabemos es que la ANM levantó estos polígonos y ahora estos mineros informales están haciendo exploración y explotación en este territorio”.
Son muchos los hechos que se suman a esta estrategia del Clan del Golfo por ganar reconocimiento y dominio en el territorio, lo que refleja el interés económico que existe por este corredor de la Serranía de San Lucas.
- Durante los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, reportamos el desplazamiento de más de 200 personas hacia el municipio de El Bagre, en medio de una avanzada paramilitar.
- El 21 de febrero fue capturada Teresa Jaramillo, lideresa social del municipio de Valdivia, señalada de ser espía y colaboradora del Clan del Golfo.
- El 24 de febrero, 44 familias llegaron a Medellín desplazadas del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, ante los hechos de violencia que se vive en esta región.
- El 1 de marzo, se reportó la desaparición de siete personas en el Corregimiento de Puerto Claver, en El Bagre, y dos de ellas fueron encontradas sin vida.
- El 3 de marzo, fueron capturados alias ‘Sebastián’ y alias ‘Yita’ cabecillas urbanos del Clan del Golfo en el Bajo Cauca y responsables de varios crímenes contra liderazgos sociales en esta subregión.
- El 4 de marzo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó la desaparición de Jaime Alonso Gallego Gómez, integrante de la Asociación Mesa Minera de Remedios y Segovia, y de su escolta.
Para Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación – IPC, “existe un escenario de conflictividad muy grande en el Bajo Cauca estimulado por los altos precios del oro en el mercado, haciendo que esta economía sea completamente atractiva para todos los grupos armados. Lo que observamos es que no se están tomando las acciones preventivas que solicitamos en su momento, cuando denunciamos que la crisis en Bajo Cauca podría escalar a los niveles de conflictividad que está viviendo la región del Catatumbo”.
Desde el IPC, Zapata hace un llamado a los gobiernos nacional y regional para que pongan los ojos en esta subregión y se atiendan con urgencia la actual crisis de derechos humanos que viven sus pobladores: “También extendemos nuestra solidaridad a la familia de Jaime Gallego y su escolta, y hacemos un llamado exigiendo su liberación inmediata con plena integridad física”.
