Los factores de riesgo asociados a la violencia en el Suroeste antioqueño, que en la última década se centraron en la expansión del mercado ilegal de drogas, han cambiado considerablemente para 2025 y ahora se enfocan en la dominación de territorios con potencial minero energético.
Este panorama de riesgo se ha modificado drásticamente debido al fortalecimiento de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo. Si bien, este grupo ha expandido su portafolio de rentas ilegales en la última década, pasando del narcotráfico a la ampliación del mercado interno de drogas, su objetivo principal ya no es únicamente el microtráfico y la extorsión, sino el cinturón de oro del suroeste antioqueño.
Según Carlos Zapata, presidente del IPC, este informe es clave para entender, comprender y atender la situación de vulnerabilidad que existe en los y las defensoras de derechos humanos en Antioquia.
“Las AGC han movilizado una estructura paramilitar del Occidente antioqueño llamada Bloque Edwin Román Vásquez, un frente paramilitar que ha sometido a unas condiciones de violencia muy difícil la actividad minera en esta subregión. Este es un frente con mucha experiencia en el tema de minería y es el que se está movilizando hacia el Suroeste, logrando un pacto con la estructura La Miel (Caldas) para controlar las plazas de vicios y extorsión en la cuenca del Sinifaná y el Suroeste cercano”.
Ahora el principal objetivo de las AGC (Clan del Golfo) es lograr su expansión por los 23 municipios del Suroeste, dominando todos los territorios mineros y llegando a acuerdos con estas bandas locales para administrar las rentas del microtráfico.
Lea el informe completo: Informe sobre Derechos Humanos en el Suroeste antioqueño 2025
Y esta expansión se da debido a que el Suroeste antioqueño, una subregión con una fuerte vocación agrícola y ecoturística, tiene cerca del 80 % de su territorio en procesos de solicitud y titulación minera por parte de empresas transnacionales, para la exploración y futura explotación de minerales metálicos y carbón. Esto incluye zonas reservadas con potencial para minerales de interés estratégico como oro, platino y cobre.
Nelson Restrepo, director de Conciudadanía, advierte que es la primera vez en la historia de nuestro país que los grupos armados ilegales obtienen gran parte de su financiación de cuenta de la actividad minera y no de la comercialización de la coca, como ha sido la constante y es el caso de lo que sucede en el departamento de Antioquia.
“Las estimaciones que tenemos es que en los dos años que llevan las AGC (Clan del Golfo) en la mina de Buriticá, han extraído alrededor de seis toneladas de oro y vertido nueve toneladas de mercurio al embalse de Hidroituango. Y entonces ahora este grupo armado busca consolidar un corredor entre Buriticá y Marmato, usando la cuenca media del río Cauca, en donde existen grandes reservas de minerales estratégicos para la transición y tierras raras en esto suelos”.
Este interés se traduce en una avanzada violenta hacia zonas claves como Cartama (Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia) y San Juan (Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín), ricas en yacimientos auríferos aluviales y con polígonos proyectados para la minería de oro y cobre a gran escala.
El proyecto de minería de cobre Quebradona, entre Jericó y Támesis, es un punto de alta tensión. Es precisamente en las veredas de influencia de este proyecto donde se ha registrado más movimiento de integrantes de la columna Edwin Román Vásquez. Los enfrentamientos directos entre el Ejército Nacional y presuntos miembros de las AGC se han documentado en estos territorios, incluyendo Palocabildo y cerca del resguardo La Mirla en Támesis. De hecho, parte de las veredas donde se ha reportado la presencia de actores armados ilegales patrullando se encuentran en zona de influencia del proyecto minero Quebradona de Anglo Gold Ashanti.
“Allí donde hay una perforación de una empresa minera es la seña que le da al grupo armado para que vaya buscando. Las empresas son las que tienen la tecnología para saber en qué puntos hay potencial minero. Donde hay actividad minera automáticamente se convierte en un foco de atención para los actores ilegales, así sucede en Támesis, Valparaíso, Caramanta y en el tramo del río Cauca que va entre Bolombolo y La Pintada, en donde mes a mes destruyen grandes dragones que están trabajando en el río”, afirmó Nelson Restrepo.
Impacto Humanitario y Repunte del Homicidio
La escalada de esta disputa territorial centrada en el extractivismo ha tenido consecuencias directas sobre la población civil. Las cifras de homicidio registradas por la Policía Nacional, con corte al 30 de agosto de 2025, reportan 253 casos y ya han superado el total de homicidios registrados durante todo el 2024 (245 casos).
La provincia de San Juan es la que más aporta al alza, con los casos más dramáticos en Andes y Betulia, donde los homicidios se han triplicado en comparación con 2024.
“¿Qué pasa en Venecia y Titiribí? Se acaba la disputa entre La Miel y las AGC (Clan del Golfo), ya están unidos, y por eso se evidencia una disminución significativa en las cifras de homicidios. Todas estas cifras que presentamos en este informe nos dan cuenta que en este momento hay una situación humanitaria bastante compleja para las organizaciones sociales, sobre todo, las que defienden el territorio”, recalcó Zapata.
Quienes interfieren en este interés extractivista de las AGC (Clan del Golfo) ponen en riesgo su vida, seguridad, libertad e integridad. La violencia también se manifiesta en el control social, con restricciones a la movilidad y la imposición de medidas de convivencia en corregimientos controlados por las AGC (Clan del Golfo)
Impacto de estas conflictividades en las mujeres
Una de las principales alarmas que se encienden con este informe es el subregistro que existe en la región del Suroeste con respecto a las violencias basadas en género y las agresiones contra lideresas y defensoras de derechos humanos y el territorio.
Para Cristina Ríos, directora de la Corporación Vamos Mujer, los cuerpos de las mujeres siguen siendo botín de guerra: “cuando los chicos deben algo a estos grupos armados, ofrecen los cuerpos de las mujeres para saldar esas deudas. Llamamos la atención frente al control, instrumentalización y explotación sexual y doméstica de los cuerpos de las mujeres en medio de estas conflictividades que se vive en el Suroeste”.
Esta instrumentalización es especialmente grave en el caso de la prostitución forzada y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), prácticas recurrentes que tienen picos en épocas de cosecha. Se ha reportado que deudas contraídas con grupos ilegales han resultado en la entrega de niñas menores de 14 años para ser violadas, destacando el alto grado de indefensión de las víctimas más jóvenes en estos municipios.
Pese a la intensidad de estas violencias, el Suroeste antioqueño presenta uno de los mayores niveles de subregistro de denuncias de Violencias Basadas en Género (VBG). Este ocultamiento es atribuido a las amenazas, el dominio de los grupos armados y el temor al reproche social.
No obstante, las cifras de la Policía Nacional reflejan un alarmante incremento: el número de denuncias por delitos sexuales se disparó significativamente para 2024 y hasta septiembre de 2025, registrando 419 casos. En más del 85 % de estos casos, las víctimas son mujeres, y la población más afectada es la de niñas y menores de 14 años en delitos como el acceso carnal abusivo y actos sexuales.
Finalmente, las mujeres que ejercen liderazgos sociales y defienden el territorio, como las líderes indígenas del Resguardo Karmata Rúa, enfrentan un riesgo diferencial de violencia, estigmatización y amenazas por transgredir los mandatos patriarcales al habitar el espacio público y reivindicar derechos.
