Pese a que este 13 de diciembre el Ministerio Público del municipio instaló la Mesa de Participación de Víctimas, existe el riesgo de que no logre materializarse: pugnas entre líderes de organizaciones de víctimas, falta de credibilidad del Estado y ausencia de incentivos para hacer parte de ella son algunos de los problemas que según el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, tienen frenada su puesta en marcha.
Durante la Semana de los Derechos Humanos fue instalada en Medellín la primera Mesa de Participación de Víctimas del país, uno de los requisitos que impone la Ley 1448 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, para comenzar el proceso de justicia, paz y reconciliación en Colombia.
El objetivo de la mesa, que contará con la secretaría técnica de la Personería, es abrirles espacios de acción a las víctimas para que hagan parte de las distintas etapas que tendrá la aplicación de la ley. La Personería, como hoja de ruta para su estructuración, entregó una propuesta con acuerdos mínimos a organizaciones de víctimas y a defensores de los derechos de las víctimas, que deberá ser discutida en los próximos días.
Sin embargo, el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, afirmó que, pese a los encuentros y reuniones que ha tenido con las víctimas, existen dificultades para que ellas se integren en este proceso que se convierte en el programa piloto del país.
En la Ley 1448 de 2011 se afirma que solo serán reconocidas las organizaciones y defensores de víctimas registrados ante las personerías. ¿Qué tan receptivas están dichas agremiaciones frente a este requisito?
Los contradictores dicen que el Gobierno no puede obligar a que las víctimas y sus organizaciones necesariamente tengan que tomar esa ruta, porque está atentando contra el derecho a las libre decisión de las asociaciones y, además, porque lo que quiere el Gobierno es cooptar a las organizaciones y meterlas dentro de esa égida, que implica una especie de tutoría del mismo Estado a través del Ministerio Público.
Organizaciones y defensores de víctimas hay un montón. Son muy numerosas y encuentra uno, por ejemplo, que múltiples personas hablan en nombre de los desplazados, pero hay quienes tienen personería jurídica que cargan en una mochila. Uno de los puntos del acuerdo mínimo es que las organizaciones que participen dentro de la mesa deben tener trabajo social. Esa es nuestra propuesta: ustedes como mesa no pueden aceptar personas que digan ser representantes de víctimas y nunca hayan trabajado con ellas.
Como la ley establece este requisito, la institucionalidad lo tiene que cumplir hasta tanto la Corte no diga que esto es ilegal o no declare inconstitucional la ley.
¿Qué sentido tiene instalar la mesa antes de empezar con la implementación de la Ley?
Queremos impulsarla. Hemos estado en múltiples reuniones y hay una serie de situaciones dentro de las víctimas bastante complicadas, que pueden de pronto frustrar el proceso. La Personería tiene interés en cumplir su función: hacemos todo por impulsar la mesa; si ésta no puede funcionar por asuntos imputables a las mismas organizaciones ya diremos en su momento que hicimos todo lo posible, cumplimos nuestra función, sencillamente las organizaciones vetaron la mesa, no quisieron participar, desconocen el canal institucional.
Debo decirlo claramente: hay organizaciones que reconocen lo que se dijo en esta ley y quieren acogerse a ella, pero también hay organizaciones que la desconocen. Y existe otro problema más grave: como con las víctimas se tiene una deuda social tan profunda, los representantes de estas organizaciones consideran que las mesas pueden constituir un engaño más del Estado.
Además, a quienes estén en la mesa no se les reconoce ningún incentivo económico y son personas pobres o en extrema pobreza que no tienen ni para un pasaje, ni para un almuerzo ni para una copia. Hace falta pensar en un emolumento básico que les permita a las personas pagar un pasaje, una fotocopia.
Da la impresión de que esta mesa de participación nació muerta. ¿Es así?
He visto un descreimiento de las víctimas. Pienso que a ellos les hace mucha falta decir que la ley les establezca un incentivo económico para poder funcionar en la mesa. Esto, más la falta de confianza y la pugna entre los mismos líderes, son tres factores que están atentando de manera muy fuerte contra las mesas. No tenemos noticias de que en el país se haya implementado la primera.
Precisamente, ésta es la primera en el país. ¿Considera usted que nació muerta?
Hasta ahora la mesa no tiene vida. Es un embrión, pero todavía no ha nacido. Hemos logrado traer las víctimas, hacer reuniones con ellas y que participen, les entregamos el documento para que comiencen a discutirlo. Desde ese punto de vista se ha movido y ha habido una dinámica que no garantiza que la mesa va a funcionar. Está en una coyuntura de ser o no ser.
Yo los estoy convocando: que tengan confianza en el proceso, que se metan y lo hagan porque las víctimas que dicen representar lo necesitan. Si no hay líderes o si no hay personas, la Personería tendrá que cumplir la otra función y es ir, sector por sector, para conformar redes de jóvenes, de mujeres cabezas de familia, de personas de la tercera edad o discapacitadas. Iremos directamente a la base si los líderes no funcionan. Ojala que funcionen y que realmente, además de la instalación, logremos darle vida a la mesa.
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Según Jairo Herrán Vargas, el costo de poner en marcha esta mesa de participación es cercano a los 1.125 millones de pesos que podrían rebajar si las entidades involucradas ponen recursos o capital humano de su parte. Dicho presupuesto será presentado en un proyecto de acuerdo al Concejo de Medellín una vez inicie sesiones en 2012.
La Agencia de Prensa IPC intentó comunicarse infructuosamente con la representante para el Valle de Aburrá de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia. Desde este medio estaremos atentos a sus opiniones frente la construcción de esta mesa de participación.
