La muerte una mordaza a la información en Bajo Cauca

“En el año 2009 funcionaban nueve emisoras y hoy sólo existimos nosotros- se refiere a la Morena FM-, pero en nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, sólo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la Alcaldía”. Afirma un periodista en el reporte titulado Ya no hay noticias en el bajo Cauca antioqueño. “La violencia durante años contra medios de comunicación impone ahora un rotundo silencio informativo en la región”. El artículo es de Jonathan Bock, de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, publicado en  la revista Semana el 4 de septiembre de 2013[1].

El pasado 12 de agosto de 2014, en Tarazá se apagó la voz del director de la Morena FM, Luis Carlos Cervantes, quien fue asesinado en esa población del Bajo Cauca antioqueño, luego de que el 24 de julio la Unidad Nacional de Protección –UNP le retirara el esquema de protección que le había sido asignado a raíz de varias amenazas.

De acuerdo con el comunicado de UNP, “según la información evidenciada en el estudio de riesgo, no había nexo causal entre las amenazas recibidas por el señor Cervantes, y su labor como periodista, razón por la cual el resultado fue ordinario. Según la información en poder de la UNP sobre este caso, el Señor Cervantes desde hace más de un año, no ejercía el periodismo. Su trabajo en la Emisora Morena FM consistía fundamentalmente en programación musical.” Sería bueno recordar por qué Luis Carlos Cervantes, como director la emisora la Morena de Taraza se había visto obligado a transformar su labor periodística en “administrar” programación musical en la emisora. “La decisión de programar canciones a cambio de noticias se precipitó a principios de 2013, cuando a pocos metros de la emisora explotó una granada. Aunque no está claro si el ataque estaba dirigido a ellos o a la Policía, que colinda con Morena FM, la explosión fue tomada por los periodistas como una última advertencia. “Antes registrábamos lo que pasaba en la región y en el departamento, leíamos las noticias de los diarios durante el programa, pero ahora ni siquiera eso podemos”[2].  En el reporte se afirma que tampoco el canal Teleantioquia puede tocar temas de orden público y que las transmisiones solo se pueden hacer desde Medellín.

En el Bajo Cauca Antioqueño en la medida en que el control territorial va quedando en manos de los paramilitares “re-presentados” con el nombre de ‘Los Urabeños’, la posibilidad de ser informado y de pensar y disentir del estado de cosas de la subregión se anula. Una de las estrategias ha sido el silenciamiento de los medios de comunicación y por tanto de sus voceros, los periodistas. Así fueron callados por la fuerza y atacados a medidos del 2013 en su intento de cubrir lo que ocurrió en el Bajo Cauca mientras se desenvolvía el paro minero.

No basta pues que la Gobernación de Antioquia en cabeza de Sergio Fajardo se quede en el ámbito de la opinión recordándole a la sociedad que el oficio de periodista es peligroso, o que la Unidad de Protección considere de manera plana la información de riesgo sin contexto político ni territorial, pues esta grave violación al derecho a la vida para callar la información no se puede leer por fuera de lo que para el conflicto en el país representa el corredor Urabá- Catatumbo del que hace parte también el Nudo de Paramillo y dentro de éste el Bajo Cauca Antioqueño, al cual pertenece el municipio de Tarazá. Una región en disputa por su riqueza agropecuaria, minera y por ser un valioso corredor geopolítico que da paso a la “libre movilidad” de los recursos para la guerra, de un lado, y para la concentración de la riqueza y el despojo producto ya sea de la ganadería, la coca o la minería. Un pequeño trozo de memoria en torno a un dato histórico de las tragedias de Tarazá, para recordar la importancia de la memoria y el contexto en que fue asesinado Luis Carlos Cervantes, es su histórico de desplazamiento, 2.213 personas desplazadas en el año 2009, más del triple de las que fueron desplazadas en el periodo 1985-1997, año en que según los datos entregados se consolida también la tendencia a la desaparición de los medios de comunicación.

Fuente: elaboración propia con base en el Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012, Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas (2013, página 72)

Una mínima política de reparación colectiva para el Bajo Cauca será la de devolverle el derecho a pensar y a estar informados a sus ciudadanos, asunto que deberá transcender la opinión de que el oficio de informar es peligroso en Antioquia. Igualmente será necesario reforzar la protección y el derecho a informar a los periodistas que aún se arriesgan en este ejercicio en la subregión.

María Soledad Betancur

Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC