La muerte de 76 jóvenes del Oriente antioqueño en 2022 es descrita en algunos casos como “limpieza social” y en otros como el ajuste de cuentas entre grupos dedicados al microtráfico. Detrás de esta situación está una escalada de violencia desde 2018, con el aumento paulatino de la tasa de homicidios en esta región, que es considerada por varios investigadores y líderes como “zona de confort” para los grupos paramilitares.
En los últimos cinco años hubo 759 homicidios, 205 de ellos ocurrieron el año pasado. El 27% equivale a jóvenes. Al revisar los datos de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de esa región señaló que Rionegro, Sonsón, Marinilla y El Carmen de Viboral son los municipios con más muertes violentas. Mientras en los años noventa y principios del dos mil se hablaba de un conflicto más rural y de víctimas en los municipios más alejados de Medellín, hoy es Rionegro el de mayor número de victimizaciones.
Sin embargo, los asesinatos y reclutamientos de jóvenes son grandes preocupaciones en la región. Dice un profesor de Nariño, en límites con el departamento de Caldas, que existe “un pequeño grupo de limpieza en estos municipios, porque en Sonsón va una escalada muy alta de muerte de jóvenes consumidores asesinados, personas con antecedentes en consumo o expendedores. En Nariño van dos muertes este año”.
Gerardo Cardona, miembro de la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente asegura que la “limpieza” ocurre desde 2022. “Solo este año van cuatro asesinatos de jóvenes en San Carlos. Y el año pasado hubo una cruzada muy fuerte con la ‘limpieza’, sobre todo en El Santuario, que mataron más de 14 jóvenes, sobre todo venezolanos. La gente no dijo nada, creen que los extranjeros son malos, hay una xenofobia tremenda. Y eso es bienvenido para mucha gente”, agrega.
Pero este tipo de prácticas no es nueva en la región. Fue muy común cuando existieron los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, incluso fueron jóvenes consumidores de drogas los elegidos por paramilitares y Ejército para ser presentados como falsos positivos.
“El tema no es tanto de ‘limpieza’, es de control del territorio”, dice una fuente de Sonsón. A principios de 2022, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente señaló que en la región no había un municipio sin presencia de un actor armado, mientras que a finales del año pasado, en una alerta temprana, la Mesa indicó que “el crecimiento del dominio territorial de las AGC, el Clan Isaza, El Mesa, la denominada Oficina y otros grupos armados del Valle de Aburrá hacia los municipios del oriente de Antioquia son cada vez más notorios entre la ciudadanía, sin embargo, las respectivas autoridades siguen negando un fenómeno que se propaga sin control desde lo urbano hacia lo rural.”
Sergio Sáenz, miembro de la Mesa, dice que “el discurso de que aquí no pasa nada fue tan fuerte en el gobierno de Santos que aquí no hubo PDET y ver que hubo municipios que perdieron el 30, 40 o 50 por ciento de sus habitantes. El Clan Isaza y AGC siguen siendo muy fuertes en la región, y bandas organizadas de Medellín, como la Oficina, Pachelly, el Mesa, se toman el territorio en la medida que hacen acuerdos, con apoyo de la institucionalidad.”
A la par que son los jóvenes hombres la mayoría de las víctimas mortales en la región, son también estos quienes se unen o son reclutados por estos grupos armados. A pesar de que no existen datos concretos de esta situación, un profesor de Nariño dice que son varios los jóvenes que ahora manejan las plazas de venta de droga o que se unieron a los grupos armados y grupos delincuenciales. “Nariño es un municipio de muchas carencias, acá no hay empresas. Las opciones económicas son mínimas. Solo hay café, un poco de cacao, algo de ganado y caña de azúcar para sacar panela”, explica.
Pero el reclutamiento de los jóvenes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción de Nariño no es nuevo, y el profesor lo sabe, pues si en un tiempo los jóvenes se iban para el Frente 47 de las Farc o para el frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, hoy algunos eligen a las AGC o Clan del Golfo, al Clan Isaza o Clan Oriente. Muestra de ello son Johnatan Osorio Giraldo, alias “Camilo”, y Carlos Alberto Herrera, alias ‘Chatarra’, reconocidos como los cabecillas de las AGC en Nariño y que hasta hace pocos años eran estudiantes del colegio municipal. Por ellos las autoridades hoy ofrecen recompensa de hasta 40 millones de pesos y sus nombres y fotografías circulan en panfletos y redes sociales.
En este contexto de escalada violenta, la Mesa dice que el Oriente es una zona de confort, a pesar de tener una una base militar y dos batallones de la lV Brigada del Ejército. La alerta temprana habla de “cierta permisividad o posible alianza y omisión estatal” que ha facilitado el crecimiento y la expansión de las estructuras ilegales, “cada vez son más fuertes y robustos los ejércitos ilegales que hacen presencia en zonas urbanas y rurales de algunos municipios de la región, extorsionan, asesinan y someten a las comunidades sin que exista una acción concreta para su desmonte, sometimiento u otra forma que acabe de forma contundente con sus acciones violentas.”