La literatura colombiana se quedaría corta con el drama casi mancodiano que viven los y las campesinas del Suroeste. En medio de las verdes montañas de esta subregión, de los palos de café y aguacate, de los nacimiento de quebradas y ríos, la empresa sudafricana AngloGold Ashanti llegó a esta subregión en el año 2002 con el propósito de iniciar el proyecto de minería subterránea de Cobre Quebradona.
Bajo la premisa de desarrollo regional, poco a poco esta empresa fue ganando la confianza de quienes por años han trabajado la tierra. Algunos de ellos, deslumbrados por un discurso que les promete plata y descanso, y ante las necesidades y trabajos que vive el campesinado colombiano, han visto en AngloGold Ashanti un dios salvador que les permitirá salir del campo.
En su búsqueda por expandir sus negocios y estudios de los suelos para iniciar con la explotación del cobre en esta subregión, el 28 de noviembre de 2022, un grupo de personas vestidas de civil ingresaron a los predios de Javier Bermúdez, sitio donde la empresa pretendía montar una plataforma, y se presentaron como funcionarios de Anglogold Ashanti.
La reacción de la comunidad no se hizo esperar y de inmediato llegaron al lugar deteniendo los vehículos que se dirigían hacia los predios de Bermúdez. La instalación de esta plataforma se iba a realizar sin previo aviso y sin consultar a los habitantes. Tras una fuerte discusión entre ambas partes, el hecho dejó como resultado 38 querellados señalados de “perturbación, alteración e interrupción o impedimento del uso y disfrute del predio Pirzio”.
Una porción del predio mencionado fue entregado en contrato de servidumbre minera por Javier Bermúdez a la empresa AngloGold Ashanti, para actividades de exploración. Sin embargo, estas actividades debían ser notificadas a la comunidad pues los impactos no son solamente en los predios de Javier, sino de todas las familias que viven en la vereda Vallecitos.
La querella fue interpuesta por AngloGold Ashanti y Javier Bermúdez, y justamente dentro de esas 38 personas están José Luis Bermúdez y Leonel Bermúdez , hermano y padre de Javier.
“Me asombré, me dio nostalgia, no lo niego. No me dio rabia, me dio como tristeza. Yo dije ‘bendito sea mi Dios, hasta donde llega esto’, decir que un hermano me demanda, me pone en manos de la autoridad por estar defendiendo el territorio. Estamos aterrados de que siendo nosotros los dueños de la región, los dueños de los cultivos, seamos querellados por un hermano mío y por la multinacional AngloGoldAshanti. Da hasta pena que el mundo esté viendo esta situación”, relata José Luis Bermúdez.
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Tres generaciones Bermúdez han vivido en la vereda Vallecitos del municipio de Jericó. José Luis y sus siete hermanos fueron criados en medio del campo y bajo la cultura cafetera que ha sido tan característica en esta subregión. Gracias a los granos cafés que dan estas tierras, cada uno de los hijos Bermúdez formó su familia, construyó su hogar y comenzó una vida en comunidad.
La palabra familia era el mandato principal en la vida de los Bermúdez.
La familia de sangre que lleva el mismo apellido, pero también la familia comunal que se comenzó a gestar en Vallecitos. Campesinos y campesinas que veían en la agricultura su pasado, presente y futuro. Hace 14 años, relata José Luis, su familia era otra cosa: “éramos una familia de ocho hermanos con mi papá y mi mamá. Lo compartíamos todo, vivíamos en armonía. Cuando menos pensábamos, las casas de aquí se llenaban de hermanos, de sobrinos, de hermanas, de cuñados, de todo”.
Pero con la llegada de la multinacional al territorio, llegó también la división de la comunidad y de la familia Bermúdez.
Lo que antes eran saludos amables y de alegría en medio de los jornales del campo, se convirtió en una indiferencia que hoy le hace quebrar la voz a José Luis, quien dice que “ya son los de acá y los de allá”, para referirse a quienes están a favor y a quienes están en contra de las actividades mineras.
“Ellos llegaron diciéndonos que venían a hacer unos estudios del suelo para mejorarnos la caficultura y eso generó interés en toda la comunidad. Con el tiempo descubrimos que era gente extraña, que sacaba muestras del suelo y dijimos ‘aquí está pasando algo raro’. Y ya luego vimos que estaban interesados en comprar tierras y empezaron a brindarle mejor salario a los trabajadores como para ir atrayendo la gente”.
Según José Luis, la multinacional adquiere contratos de arrendamiento de algunos predios de las fincas para hacer sus estudios e inspeccionar el territorio, y con esto tener insumos para llevar a cabo el proyecto Minera de Cobre Quebradona, el cual busca extraer 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y otros minerales, en un tiempo de 38 años: cuatro de construcción, 21 de producción, tres de cierre y 10 de post cierre.
Esta estrategia de división entre los mismos habitantes de Jericó y la ruptura del tejido social han hecho que el territorio sea un escenario de disputa de diferentes intereses económicos. Por un lado, intereses y modelos de desarrollo que se rigen bajo las lógicas capitalistas de acumulación y enriquecimiento a toda costa, y por otro lado una cultura que se ha heredado de varias generaciones y que quienes la defienden buscan la protección de su tradición y de sus ecosistemas.
Como si fuera el mítico Macondo de Gabo o la época de la colonización española, dice José Luis que la multinacional “llegó a conquistar a las personas con espejitos, bolitas de cristal o trompitos, cositas insignificantes”, prometió mejores salarios, mejoramientos de vivienda y cambio de vocación productiva: dejar de ser campesinos para ser mineros. Y lograron llegar al punto de que uno de sus hermanos sea el que lidera la imposición de la querella contra él, su papá y otras 36 personas.
“A mi hermano lo tramaron ofreciéndole unas sumas de dinero por el arriendo del terreno donde van a hacer las plataformas, y ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que cambia la amistad y hasta el vínculo familiar por el signo pesos. Tengo momentos en que me aburro por ver esa lejanía entre mis hermanos y yo, y al ver la problemática tan seria que hay”.
Y es que si bien en la región del Suroeste existen municipios como Amagá, Angelópolis y Fredonia tienen una heredada vocación de minería de carbón, otros como Támesis, Valparaíso o Jericó han dedicado sus tierras a la producción agrícola que, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, en 2023 la región del Suroeste produjo 501.049,32 toneladas de alimentos sembrados en el campo, que representan el 29,37% total a nivel departamental, siendo la subregión con mayor aporte.
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La lucha es por mantener la cultura, el campo y la vida. Quienes defienden su territorio no lo hacen pensando en su casa o en su parcela sembrada. Las motivaciones de los y las defensoras del territorio van más allá de las hectáreas de las que son dueños. Se trata de proteger lo que heredaron de sus ancestros y que hoy buscan dejar a sus nietos. Se trata de mantener con vida los hilos de agua que permiten el crecimiento de plantas y la navegabilidad de peces. Se trata de cuidar un ecosistema que da vida a todo un departamento.
Esta defensa les ha costado señalamientos, amenazas, procesos judiciales interminables que hacen que su liderazgos se les convierta en una pesadilla de nunca acabar.
“Hace 13 o 14 años todos estábamos enfocados era en que ya venía la cosecha de café, en recolectar el café, en qué íbamos a conseguir con esa cosecha, y ahora es muy triste escuchar a la gente que quiere vender sus tierras para la minería y permitir que una empresa venga a cambiarle las costumbres la gente. Eso no lo podemos permitir”.
Los discursos de odio y de polarización se han trasladado del campo a las audiencias judiciales y de las audiencias judiciales a las redes sociales, en donde cada vez es más el debate de posturas y la información sin contexto que pone en riesgo la vida y el oficio de quienes están llevando las banderas por un ambiente sano y sin minería.
Como es el caso de Juan Fernando Puerta, comunicador popular que escribió la columna de opinión Querellado por la verdad: testigo de la lucha de campesinos y líderes ambientales de Jericó por la defensa del territorio contra la injusticia y el abuso de poder, en la cual expresa su compromiso por la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra las injusticias y la desinformación
O el caso de Ana Sofía Loaíza, lideresa ambiental quien siendo menor de edad fue querellada por oponerse a la actividad minera.
Juan, Ana, José Luis o Leonel son algunos de los rostros que hoy salen en redes sociales señalados de guerrilleros o revoltosos. Pero también son los rostros de una lucha diversa, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de académicos, de religiosos, de campesinos que dicen no a la minería en su territorio, que lucen con orgullo los ponchos y sombreros que les acompañan en los jornales de trabajo y que gritan en las calles de Jericó: ¡Agua sí, mina no!
