En el Bajo Cauca no solo persiste el conflicto armado, sino que perviven las economías que lo alimentan. En 2020 la Defensoría del Pueblo alertó del riesgo que corrían los habitantes de todos los municipios de la región: Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí. En la Alerta Temprana 045 decían que la respuesta del Estado ante la crisis humanitaria había sido “contingente” y “limitada” a la militarización.
El contexto cambió entre 2020 y hoy, dice Onaldo Alberto Córdoba Coronado, Defensor del pueblo regional Bajo Cauca, para quien en esta región hay un grupo hegemónico, como las AGC o Clan del Golfo, lo que conllevó a la disminución de las confrontaciones con grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido como Los Caparros. No obstante, no desaparecieron ni la intimidación ni el confinamiento.
Frente a esto, Jorge Enrique Calero Chacón, Defensor Delegado para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, aseguró que hay cinco escenarios de riesgo en el Bajo Cauca, durante el Primer Foro Subregional sobre Derechos Humanos en esa región.
Primero: presencia y control territorial de grupos armados, como los frentes 4, 18 y 36 de las disidencias de las Farc; el frente Guillermo Ariza del ELN; reductos de Los Caparros; y las AGC.
Segundo: hay un proceso de reorganización y de gradual expansión de Los Caparros, grupo que se creía debilitado en la confrontación con las AGC, hacia los municipios de El Bagre y Nechí.
Tercero: en los últimos años se han expandido las AGC, con “un fuerte control en centros poblados y urbanos de la región”, quienes están regulando la vida cotidiana, la movilidad y suplantando al Estado, al administrar justicia en las comunidades.
Cuarto: hay poblaciones en alto riesgo en este contexto, donde la “población civil puede quedar como escudo en medio de la confrontación”, como San Pablo y Altos del Tigre, en Cáceres; Barro Blanco y El Doce, en Tarazá; Puerto López en El Bagre; Cargueros-Vijagual en Nechí; Bocas de Caná, El Pato y Vegas de Segovia, en Zaragoza.
Quinto: existe un riesgo latente de confrontación entre el ELN y las AGC en Valdivia. Si bien este municipio no hace parte del Bajo Cauca, es la puerta de entrada a este desde el Norte de Antioquia.
Las inquietudes
Ante este panorama, Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, asegura que le generan inquietud los escenarios de riesgo en el Bajo Cauca planteados por la Defensoría, pues en los últimos años son los mismos territorios los que están a merced de la confrontación entre los actores armados.
Además, “los casos de reclutamiento tienen un subregistro enorme”. Si bien la Alerta 045 de 2020 se refiere al riesgo de niños, niñas y adolescentes de ser vinculados a los grupos armados, esta tampoco pudo establecer el número de jóvenes reclutados.
Dicho documento aseguraba que, “en la práctica, para la institucionalidad las víctimas de reclutamiento forzado en el Bajo Cauca son NNA que han sido desvinculados por la Fuerza Pública al momento de sostener combates con el ELN, las AGC o el BVPA, o que se han logrado escapar de estas estructuras”, es decir, 47 jóvenes desvinculados durante las confrontaciones entre 2017 y principios de 2020, según el ICBF.
Por otro lado, el investigador Zapata también asegura que es preocupante que cientos de habitantes del Bajo Cauca hoy “están endeudados con la DIAN”, porque fueron suplantados para legalizar el oro ilegal que controlan grupos armados como las AGC.
De hecho, la Agencia de Prensa IPC denunció este año que es una práctica que persiste en El Bagre, a pesar de que sobre esta situación hay alertas desde 2017. Según la Agencia Nacional Minera, en Bajo Cauca hay más de 47 mil mineros de subsistencia, los que representan el 39% del país. Muchos de ellos son suplantados por una alianza ilegal entre AGC, mineros ilegales, compraventas de oro y funcionarios públicos. Algunos no saben de esta situación y otros reciben cerca de cien mil pesos cada mes para que utilicen sus datos en el Rucom, el registro de comercializadores de oro que creó el gobierno del expresidente Santos, para conocer la procedencia del oro que se explota en el país.
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Lo anterior se relaciona con otra advertencia que hace el investigador Carlos Zapata, para quien existe un pasivo ambiental que la minería le ha dejado al territorio y sobre el que hizo referencias el IPC en el informe Segregación y vaciamiento: una estrategia del capital y los armados para ordenar y explotar el Bajo Cauca, entregado a la Comisión de la Verdad.
Recientemente, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP publicó el informe El ambiente como víctima silenciosa, sobre las afectaciones a la naturaleza entre 2017 y 2022. El documento señala que Antioquia, con 50, fue el departamento con más afectaciones en el país. El Bajo Cauca tuvo el 78% de los casos. El dato más escalofriante señala que alrededor de 500 veredas de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia quedaron semidesérticas ante el avance de la minería ilegal. Las AGC son las responsables del 39% de los casos en el país, seguido por el ELN (12%), las disidencias (12%) y grupos sin identificar (31%).
Un joven de El Bagre dijo en el Primer Foro Subregional sobre Derechos Humanos del Bajo Cauca que “somos pájaros, aves encerradas en jaulas de violencia. Necesitamos que alguien nos libere”, ante la situación de violencia a la que se enfrentan los habitantes de su región. Parte de la esperanza es que el actual gobierno pueda avanzar en lo que denominó la “Paz total”, para que el ELN alcance un acuerdo de paz final y las AGC y disidencias de las Farc se sometan a la justicia.
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