El informe destaca los positivos efectos que ha tenido el proceso de paz en la prevención de violaciones a los derechos humanos, indicando que “entre agosto y noviembre, el país registró el nivel más bajo de los últimos 50 años de acciones ofensivas en el marco del conflicto armado, gracias a las medidas de construcción de confianza, los ceses unilaterales de fuego por las FARC-EP y el desescalamiento de las operaciones ofensivas del Gobierno”[i] (Ohchr 2016: p.5) Ver informe Ohchr
Sin embargo, el balance advierte de los riesgos que, para la construcción de paz, generan otros grupos armados, muchos de ellos pos desmovilización paramilitar, que continúan violando los derechos humanos y “afectando de forma desproporcionada a las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas. La Defensoría del Pueblo documentó casos de desplazamiento, control social, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad en varios departamentos.” (Ibídem: p.5)
Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, habló con la Agencia de Prensa IPC sobre el riesgo que generan estos grupos para la construcción de paz en el país, ligando asuntos como la minería ilegal, las dificultades con el proceso de restitución de tierras y las agresiones a líderes y defensores de derechos humanos. Además se abordó el tema del ocultamiento de la verdad y su relación con el extravío de archivos judiciales en instalaciones militares.
El informe respalda el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, pero también hace observaciones ¿En qué sentido se hacen esas recomendaciones?
Este informe parte de un reconocimiento a los avances que se han experimentado en los diálogos de paz en La Habana, pero lógicamente tiene recomendaciones, las cuales están muy orientadas a lo que sería la última parte de los diálogos de paz pero también a la implementación y a la participación. Concretamente hay una recomendación respecto de la necesaria participación de una representación de pueblos indígenas y afro descendientes. Es decir, hay un interés particular de los derechos de las víctimas, y en ese marco han ido miembros de pueblos afro descendientes e indígenas, pero no con el carácter de estos pueblos sino como víctimas. Pero no hay que verlos únicamente como víctimas o como actores pasivos, tienen que ser actores activos. Y eso es importante porque muchos de los aspectos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos van a ser en sus territorios o van a estar dirigidos a ellos.
«La Oficina conoció documentos no públicos como un oficio de julio de 1993 del DAS, en el que se reporta “…esta Unidad no realizó ningún operativo a excepción de las misiones de trabajo de rutina realizadas por los Detectives como son Tortura Sicológica, Secuestro Simple y Extorsión” (sic). El Plan de Inteligencia del DAS de 2003-4 identifica organizaciones de derechos humanos para establecer “…qué tipo de trabajo político sostienen contra el Estado y el Gobierno Nacional, especialmente denuncias a escala interna e internacional en materia de Derechos Humanos, Proceso de Paz y medidas de Seguridad Democrática entre otros”. Un oficio militar reservado de 2008, el año en que el Ministerio de Defensa emitía la Política Integral de Derechos Humanos en respuesta a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, evidencia una orden del comandante del Ejército de incinerar órdenes internas confidenciales que definieron los incentivos institucionales para “bajas” en combate y capturas.» (Ohchr 2016: p. 11)
Hay preocupación por los archivos judiciales en Colombia, el informe advierte que han desapareciendo documentos de instalaciones militares ¿Esto cómo afecta la verdad y la justicia?
Nosotros tenemos diversas denuncias sobre un aspecto fundamental. Nosotros les decimos archivos de derechos humanos porque tienen información que es fundamental, por ejemplo, para el derecho a la verdad y de esto hay una larga experiencia internacional. Es decir, hay mucha información registrada en archivos oficiales y privados, e incluso en archivos de otros países. Esa es información que debe ser protegida y que luego debe ser accesible para que cumpla su función, por ejemplo, en la comisión de la verdad.
Entonces hay una serie de denuncias de que se estarían extraviando o dañando parte de estos archivos y, en el caso de Colombia, hay un deber legal por parte de la Procuraduría que es la encargada de la protección de esos archivos. Y nosotros no tenemos información de que exista una política o se hayan tomado medidas para la protección de esos archivos. Entonces es algo que nos preocupa, porque está muy vinculado con los acuerdos de La Habana para que puedan tener un efecto real en cuanto a la verdad.
En términos generales, tanto las investigaciones judiciales como el derecho a la verdad se basan en el acceso a la información, no hay otra forma de acceder a la verdad, que debe ser el sustento para todo pronunciamiento judicial.
Desde la mesa de negociaciones de La Habana, las FARC han exigido el desmonte del paramilitarismo y recientemente, sectores sociales y políticos han denunciado asesinatos de sus líderes ¿Continúa activo el paramilitarismo en Colombia?
Uno de los factores que se menciona en el informe es la violencia y hay diversos nombres que se ponen, como grupos pos desmovilización o Bacrim (bandas criminales), pero hay grupos armados con características muy diferentes. Tendemos a poner una clasificación global y es muy diverso por regiones. Pero en lo concreto se trata de grupos armados que no tienen una motivación política pero que están definitivamente ejerciendo una presión y una violencia que afecta al Estado de Derecho, que afecta la implementación de los acuerdos, que son fuente de violencia contra defensores de derechos humanos y contra líderes sociales —en el informe se mencionan una serie de características con las cuales esto se da—. Y en realidad es una fuente de inseguridad no solo en el caso de una posible desmovilización de las FARC sino para cualquier actor que se oponga a sus intereses, sea en lo político o en lo económico, por ejemplo, en el tema de minería ilegal o cultivos de uso ilícito.
Yo creo que el Gobierno lo tiene claro, y el presidente ha anunciado una política en este sentido. Pero en este momento se trata de un factor de violencia de los más importantes a tener en cuenta en un posconflicto. Y todavía no se encuentra la manera efectiva no solo de atacar los síntomas sino sobre todo las causas.
A propósito de la minería ilegal, ¿por qué se ha vuelto un asunto tan complejo?
La minería ilegal no es un problema solo de Colombia, está en buena parte de la región. En Colombia sobre todo está muy vinculado a grupos armados, entonces no es de intervención puramente jurídica. Está muy implantado con diversos actores armados, tiene un impacto muy negativo en comunidades, en medio ambiente y, probablemente, va a ser uno de los factores de disputa después de la desmovilización. Definitivamente es un problema que atraviesa sobre todo a las regiones más desprotegidas de Colombia. Entiendo que hay preocupación por parte del Gobierno pero el balance es que no ha logrado combatirla de manera adecuada. Y nuevamente, como en otros casos, hay que pensar estrategias no solo para atacar los síntomas sino ir a las causas; es como en el caso de los cultivos ilícitos, es decir, la erradicación o el uso de químicos podrán matar a la planta pero luego se va a sembrar otra, por ello a la gente hay que darle alternativas que les permitan sobrevivir y no ser expuestos a las presiones de grupos armados para realizar determinadas actividades.
Ya en el caso del departamento de Antioquia ¿Cuál es el panorama en materia de derechos humanos?
El informe es global-nacional, pero hay una serie de situaciones que se dan en otras partes y también en Antioquia. Si vemos el caso, por ejemplo, de ataques a defensores de derechos humanos, encontramos casos que se dan en Antioquia. La preocupación sobre grupos armados, como grupos pos desmovilización y otros, es algo que también se da. Las ejecuciones extrajudiciales, aunque han disminuido, también registran casos en Antioquia. Entonces, el departamento no se aparta de la realidad nacional pero tiene particularidades.
En términos generales hay una percepción totalmente diferente en las grandes ciudades y en el ámbito rural. Donde está la mayor cantidad de víctimas y donde debe apuntarse, en cuanto a prioridad, es en las poblaciones rurales, las más abandonadas. Y eso se da claramente en Antioquia. Hay centros urbanos al nivel de un país desarrollado, y hay zonas rurales totalmente abandonadas donde hay mucha inseguridad, donde se siguen presentando ataques a defensores de derechos humanos, líderes sociales y étnicos. Por eso tiene que haber una política nacional pero con una adaptación a las características regionales, que respondan a las expectativas, y las expectativas que hay en Medellín probablemente son muy diferentes a las de Urabá.
«La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz. (…) En junio, en Ayapel (Córdoba), fue asesinado un miembro de una familia reclamante de tierras en Turbo (Antioquia). En el norte de Urabá un grupo armado post-desmovilización amenazó y hostigó a campesinos despojados de sus tierras. En Magdalena hubo amenazas reiteradas contra un juez de restitución de tierras y en Cesar fueron sustraídas computadoras e información sobre procesos de restitución.» (Ohchr 2016: p.7)
Hablando de Urabá, el informe llama la atención sobre el tema de la restitución y los reclamantes de tierras, esa región es una de las zonas complicadas ¿Qué han encontrado?
Esto es algo sobre lo cual la comunidad internacional tiene puestos los ojos. Es decir, es un problema que ha sucedido en muchos países que han pasado por conflictos, pero Colombia lidera en el sentido de que hay una ley e iniciativas desde el Estado para restituir tierras a quienes han sido despojados arbitrariamente. Sin embargo hay problemas, y parte de ellos es la inseguridad. Es decir, parte de estos grupos a los cuales me refería anteriormente —pos desmovilización—, que fueron en buena medida los que despojaron por la fuerza a personas y grupos de sus tierras, se mantienen ahí ejerciendo violencia y son capaces de dirigir esta violencia no solo contra reclamantes de tierras sino incluso contra las autoridades encargadas de hacer cumplir esto. Entones, algo que tendría que ser fundamentalmente jurídico se vuelve una cuestión en la cual tiene que intervenir la Policía y el Ejército. El reto es muy grande y expresa la complejidad de Colombia. Las leyes como tales no cambian la realidad, el tema es la implementación efectiva y lo que es necesario para hacer eso.
[i] Oficina Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (Ohchr), 2016, 15 de marzo, “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, Consejo de Derechos Humanos, 31° periodo de sesiones.