Como un hecho histórico, calificaron las organizaciones de mujeres, feministas y LGBTIQ+ la apertura del macrocaso 11 sobre Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa, por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del conflicto armado colombiano.
Sin embargo, los retos que trae en materia de investigación y sanción son ahora los interrogantes que deja el inicio de este proceso: la evidencia durante la etapa probatoria, la recopilación de datos que alimenten el universo de víctimas, los procesos de investigación y el alcance al que se podría llegar en términos de limitación de tiempo, son algunos de obstáculos que tendrían la JEP y las víctimas.
Para Laura Moreno, abogada y coordinadora de la línea de paz y justicia transicional con mujeres de la Colectiva Justicia Mujer, el principal reto para las víctimas, victimarios y el ente judicial es conocer y reconocer que existió violencia basada en género, sexual y reproductiva contra las mujeres y la población diversa en el marco del conflicto.
“En esa labor de aporte a la verdad esperaríamos todos y todas un reconocimiento. Además, si en el marco de las diligencias judiciales este reconocimiento tendría la calidad de confesión. Entonces podríamos decir que ellos están en estos momentos confesando la ocurrencia de esos hechos como parte de la política criminal que tenían para tener el control social de los territorios y control de los cuerpos”, señala Moreno.
Este macrocaso de la JEP se dividió en tres subcasos: el primero, relacionado con las violencias basadas en género contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP; el segundo, violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública; y tercero, violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las FARC-EP.
Para la apertura de este, la JEP registró un universo inicial de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto en relación con este tipo de violencias entre 1957 y 2016. Allí se evidenció que el 33% de los casos fueron cometidos por grupos paramilitares, el 5,82% por integrantes de las FARC-EP, un 3,14% por agentes del Estado y un 30% de los registros señala que no identificaron un grupo armado.
Ante estas cifras, en las que están involucrados actores de grupos paramilitares y otros no identificados, Moreno explica que la JEP se debe enfocar en aquellas víctimas que no han podido acceder al sistema de justicia, en este caso al tribunal de Justicia y Paz que aún continúa en procesos sancionatorios.
“La víctima ha vivido un solo conflicto y será el Estado a través de sus órdenes de justicia el que verifique quién fue el victimario. Si por ejemplo dentro de las investigaciones, por temporalidades, por territorios, por presencia, se puede deducir que fue víctima de las autodefensas que ejercían en esa época, pues los casos tendrán que remitirse a las jurisdicciones de Justicia y Paz que aún está activa”, explica la abogada.
Así mismo, recalca que hay un elemento diferencial en este proceso y es que si dentro de las investigaciones realizadas por la JEP se encuentra que algunas de estas victimizaciones se pudieron cometer por grupos paramilitares en apoyo de la Fuerza Pública, la JEP sí podría juzgarlos y sancionarlos según lo señalado en el subcaso segundo.
La revictimización: uno de los retos más delicados que tiene la jurisdicción
“Es clave que la JEP no reproduzcan discursos discriminatorios que culpen a la víctimas o que justifique la violencia que sufrieron”, aclara Valentina Parra, abogada en el área de justicia transicional de Colombia Diversa. Para ella es primordial que la jurisdicción ponga siempre en el centro a las víctimas, teniendo presente las barreras específicas que enfrentan las personas LGBTIQ+ para acceder a la justicia relacionadas con la negación del impacto que tuvo el conflicto en esta población, elemento que perpetúa la violencia.
Además de la negación de este tipo de violencias contra población LGBTIQ+, otro factor alarmante ante posibles hechos de victimización tiene que ver con que algunas de las víctimas son a la vez comparecientes que sufrieron algún tipo de violencia basada en género o violencia sexual intrafilas y que correspondía, según lo señalan, a esquemas, órdenes o reglas establecidas dentro del grupo armado.
Lina María Olaya, abogada del Instituto Popular de Capacitación – IPC e integrante del proyecto de participación y representación de víctimas ante la JEP en el caso 8, explica que hechos como abortos inducidos, violaciones y la planificación forzada hacen parte de estos actos de violencia sexual normalizados, que respondían a unas dinámicas machistas y patriarcarles dentro de la jerarquía de las FARC-EP.
“Este macrocaso pone en discusión nacional los hechos cometidos que tienen como base la cultura patriarcal que hay en nuestro país y que en la guerra los grupos armados reproducen y hacen uso de las armas para que esas violencias se exacerben y sean más fuertes”, dice Olaya.
Reconocer y nombrar el caso es el primer caso para mitigar las acciones de victimización a las que están expuestas quienes sufrieron estos hechos. Esto parte por identificar y generar conciencia de que estos actos que intrafilas eran normalizados, pasen a ser reconocidos como acciones violentas, tanto por las víctimas como por los victimarios.
Reconocer y unir fuerzas para avanzar contrareloj
El macrocaso 11 comenzó su proceso en un escenario que tiene más interditumbres que certezas. Sin embargo, quienes dieron el debate para exigir la apertura del mismo, recalcan que es un hecho histórico, no solo en Colombia sino en el mundo en contextos de procesos de pacificación. Es por eso, que las tres abogadas coinciden en que en este momento la JEP debe alimentar ese universo de víctimas de la mano de organizaciones sociales, LGBTIQ+ y de derechos humanos que trabajen por la diversidad y los derechos de las mujeres.
“La apertura de este macrocaso significa que la JEP reconoce que la discriminación estuvo en el corazón del conflicto armado, y que las mujeres y personas LGBTIQ+ fueron especialmente afectadas. Es muy relevante para que como sociedad comprendamos lo que pasó en el conflicto armado colombiano, pues abre paso a la conversación sobre cómo la discriminación contra las personas LGBTIQ+ fue útil para todos los actores armados y en esa medida, fue una de sus formas de hacer la guerra”, comenta Valentina Parra, abogada de Colombia Diversa.
A pesar de que inicia en desventaja frente a otros macrocasos que ya llevan cuatro o cinco años de investigación, Lina Olaya, abogada del IPC afirma que es importante que la magistratura encargada de este proceso se nutra de las investigaciones y hallazgos que ya se tienen en otros macrocasos y que puedan alimentar el 11.
“Es importante abordar este nuevo macrocaso por hechos específicos, pero también es supremamente importante articularse con los otros macrocasos como el 3, el 7 y el 8 porque estos hechos no son aislados y se articulan precisamente por las relaciones en los territorios, por las dinámicas y los patrones de esos otros casos, que también incluían situaciones de violencia sexual”, agrega Olaya.
Así mismo, Laura Moreno de la Colectiva Justicia Mujer, indica que asuntos como la metodología y las formas de abordar este tema serán un reto, pero que es importante reconocer que las y los magistrados que estarán a cargo de este proceso, vienen de otros macrocasos en donde han tenido la posibilidad de iniciar identificación de actores, reconocimiento territorial y acercamiento con víctimas y victimarios. Ahí ya se tiene un camino abonado.
“Entonces confiamos que de forma muy sensata la jurisdicción también va a llevar lo hecho, lo recogido, inclusive reconociendo sus fallas y sus falencias. Esperamos que esto pueda servir como insumo para que las investigaciones no tomen tanto tiempo, que tengan definido o trazado un camino más dirigido hacia quienes van a llamar en versiones voluntarias, hacia qué estructuras van a ubicar”, puntualiza Moreno.
Finalmente, este macrocaso sienta las bases para comenzar a hablar de violencias basadas en género y violencias diferenciadas ocurridas en el conflicto armado colombiano. Es el primer paso para que como sociedad comencemos a debatir sobre las maneras en las que el patriarcado y las violencias machistas han estado presentes y han estructurado las dinámicas de la guerra.
