Manifiesto – Audiencia pública ciudadana, jueves 11 de octubre de 2018
Exigencias de las ciudadanías y las organizaciones sociales frente al Plan de desarrollo de Medellín 2016-2019 y su relación con los Derechos humanos
Preámbulo
La audiencia ciudadana para la rendición de cuentas sobre el Plan de desarrollo “Medellín cuenta con vos”, convocada por ciudadanías y organizaciones sociales con el propósito de generar un diálogo franco con el actual mandatario de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, no es un fin en sí mismo, sino una posibilidad para poner diversos debates desde la promoción, la garantía y el disfrute de los Derechos humanos. Con ello se espera que la evaluación en el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas con que se deberían afrontar las problemáticas, sean examinadas en un escenario participativo e interinstitucional, de cara a la complejidad de los contextos, los diferentes tipos de violencias que se presentan y la inaplazable tarea de afrontarlas, de manera pertinente, para garantizar, así, el goce pleno de los derechos.
Contexto y antecedentes: “Crisis humanitaria y social”
El recrudecimiento de las situaciones de inseguridad expresadas, principalmente, en: aumento de homicidios, feminicidios, desplazamiento forzado intra-urbano, hurtos, extorsión e intensificación de la presencia de estructuras criminales, atenta contra los derechos fundamentales de la población.
Es importante resaltar la supresión de programas o de presupuestos orientados a la atención de las víctimas del conflicto armado y las violencias urbanas; al igual, que la baja financiación para la prevención y protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Con lo cual se demuestra la falta de coherencia del enfoque, supuestamente, “integral” basado en el desarrollo humano que plantea la administración.
Estamos frente a una verdadera crisis social generada por la obstinada insistencia de mostrar una ciudad modelo que, aunque se ha transformado en algunos asuntos y ha ganado en infraestructura y movilidad, va perdiendo en: calidad del aire; salud de sus habitantes, equidad, disminución de la desigualdad económica, desempleo, estigmatización y criminalización de los sectores más marginados. Todo lo cual genera las condiciones de precarización social y económica que son caldo de cultivo de la delincuencia común y la reproducción de estructuras criminales, como las que hoy existen.
En consecuencia, se hacen imperativas algunas exigencias, en relación con el Plan de desarrollo, el Plan integral de seguridad y convivencia, y la normatividad colombiana.
En cuanto a feminicidios y violencias contra las mujeres
. El sometimiento de las bandas criminales para la reducción de homicidios requiere abordar los negocios mafiosos e ilegales de redes de explotación sexual, tráfico de niñas, paga diario, cooptación territorial y extorsiones.
. Para garantizar la rigurosidad de la información es indispensable llegar a consensos sobre categorías e indicadores que permitan abordar, diferencialmente, los homicidios y feminicidios que se vienen reportando en la ciudad.
. No obstante conocerse la alta prevalencia y los desastrosos efectos de la violencia sexual, esta sigue siendo tratada como un delito menor, al que no se le invierten recursos para investigar y castigar a los culpables. Por tanto, se exige una mayor asignación presupuestal para fortalecer los programas de prevención de las violencias contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, especialmente, en temas de educación y sensibilización cultural frente a estas problemáticas.
Seguridad
. Las estrategias de seguridad tradicionales basadas en la “securitización” y operatividad frente a la criminalidad, basadas en el privilegio del uso de alta tecnología (helicóptero, cámaras), el aumento de pie de fuerza y la vigilancia, no han contribuido para lograr las metas de disminución de homicidios, extorsiones y hurtos; pero sí, en el aumento de las vulnerabilidades de la población. A esto se suman recortes significativos en el presupuesto de programas de prevención como: atención a víctimas, políticas de memoria colectiva, construcción de paz, prevención del homicidio, etc. En este sentido, exigimos una redefinición y reorientación del enfoque del llamado “Plan integral de seguridad y convivencia”, toda vez que la inversión ha sido alta, sin corresponderse con la mejora de la seguridad objetiva de las personas y, menos, de la calidad de vida desde el enfoque del desarrollo humano.
. Exigimos que los organismos de seguridad y justicia y la Alcaldía de Medellín realicen intervenciones conjuntas, coherentes y articuladas cumpliendo con el debido respeto a las competencias constitucionales y legales asignadas en el marco del Plan integral de seguridad y convivencia (PISC), con enfoque territorial y de priorización.
Derechos humanos
. Es necesario implementar el “Plan de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad y libertad”; ya que este se concibe como el instrumento, a partir del cual la Política pública de seguridad y convivencia despliega estrategias y genera coordinación interinstitucional para la prevención de violaciones a los derechos fundamentales que pudieran darse a partir de la ocurrencia de hechos victimizantes. Hechos incluidos en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y restitución de tierras), tales como: el desplazamiento forzado intraurbano, el reclutamiento forzado y uso de niños, niñas y adolescentes, la desaparición forzada, los delitos contra la integridad y la libertad sexual, la tortura o tratos inhumanos o degradantes y el despojo; o sea, hechos que son consecuencia del conflicto armado y de la violencia organizada.
. Esta Alcaldía no ha cumplido su compromiso con la Comuna 13 en el “Proyecto: Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal” y otros sitios de la ciudad. Se exige claridad frente al dinero que quedó de la administración pasada que daría continuidad de la búsqueda de personas desaparecidas en la Escombrera; así mismo, clarificar su ejecución e impacto según el objeto de destinación.
. Exigimos la creación del “Sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario” con base en una participación amplia de la sociedad civil, superando las limitaciones de las mesas de Derechos humanos creadas durante las últimas dos administraciones. De acuerdo con el decreto 4100 de 2011, se establece que las alcaldías deben crear este modelo de coordinación y gestión entre las diferentes escalas territoriales (nacional y local). Sin embargo, esta obligación ha sido incumplida por el gobierno anterior y el actual.
. El Plan de Desarrollo de Medellín deber tener un enfoque de derechos humanos para la protección de la labor de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de la ciudad; dado que el plan actual, no ha estructurado programas y proyectos destinados a esta población subestimando el alto grado de riesgo en el que se encuentran de ser victimizados por su labor.
Paz
. Exigimos que el alcalde manifieste su posición frente al pos-acuerdo y la construcción de paz en la ciudad; ya que, hasta el momento, no es clara en qué dependencia recae la responsabilidad sobre el tema y cuál es la asignación presupuestal podría permitir consolidar las acciones al respecto.
. No es posible hablar de paz si no se avanza en los derechos de las víctimas. Los entes territoriales están en la obligación de asignar recursos y contar con dependencias específicas para su atención integral, desde un enfoque garante de derechos que atienda sus necesidades y demandas diferenciales. En una perspectiva de paz es imperativo visibilizar, fortalecer y crear condiciones para avanzar en los procesos de reconocimiento, memoria, reparación, verdad y justicia que se contemplan.
. Frente al proyecto: “Ciudadanía activa para el postconflicto – gestores (as) de paz”, que involucraría actores públicos y privados vinculados en procesos de construcción de paz, se exige claridad. Es importante saber quiénes son los actores privados y cuáles son sus compromisos, dado que no se especifican acciones que den cuenta de la ejecución, ni planeación del proyecto.
. No es posible construir memorias colectivas si se cierra el debate y se privilegia solo la visión estatal sobre lo acontecido en el país o en la ciudad. Exigimos un cambio en el manejo del “Museo Casa de la Memoria”; pues, desde 2016 a la fecha, se ha caracterizado por desconocer las organizaciones sociales y privilegiar el reconocimiento de formas de victimización que invisibiliza los crímenes de Estado.
. Insistimos en la necesidad de escenarios para la participación ciudadana en la construcción de lo que se ha llamado Paz territorial, para ello exigimos se convoque al Consejo Municipal de Paz y se posibilite la secretaría técnica compuesta por tres instancias: la secretaría de seguridad, la subsecretaría de derechos humanos y una persona de la sociedad civil.
Ciudadanías y organizaciones sociales creemos que otra ciudad es posible, por ello instamos al alcalde Federico Gutiérrez, como su máximo gobernante, a escuchar a sus gobernadas/os y generar los procesos de cambio necesarios.